El informe de 50 páginas, “‘Yo también quisiera disfrutar del verano’: Falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay”, documenta las brechas en el cumplimiento por parte de Uruguay de los requisitos de apoyo conforme a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados respecto de cada persona con discapacidad. Muchas personas no reúnen los requisitos para el Programa de Asistentes Personales del sistema de cuidados debido a su edad, su nivel de ingresos o el grado de “severidad” de la discapacidad que presentan. Las personas con determinados tipos de discapacidad, como discapacidades intelectuales y sensoriales, y aquellas con requerimientos de apoyo significativos, en la práctica quedan excluidas del programa debido a que no se capacita a quienes se desempeñan como asistentes personales para que puedan prestarles apoyo. Human Rights Watch concluyó que Uruguay no involucró en grado suficiente a organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, la administración y el monitoreo de la asistencia personal conforme al sistema de cuidados, y esto ha dado como resultado que no se reconozca a las personas usuarias como derechohabientes y a que se presten servicios limitados e inadecuados.

El informe de 44 páginas, Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México, concluyó que las leyes sobre aborto no garantizan el acceso a este servicio de salud esencial en el estado, incluso en los casos permitidos por la legislación actual. Los obstáculos para el acceso incluyen proveedores de atención de la salud que niegan o postergan servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de las sobrevivientes de violencia sexual, maltratan a las mujeres e imponen requisitos arbitrarios que contradicen las leyes y reglamentaciones vigentes.

El informe de 65 páginas, “‘Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence” (“‘Como poniendo parches’: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”), revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano. Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia.