En junio se inauguró un gobierno de coalición entre la Liga antiinmigrante y el populista Movimiento 5 Estrellas. En marzo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos deploró el racismo y la xenofobia que caracterizaron la campaña electoral.
A mediados de noviembre, sólo 22.435 inmigrantes y solicitantes de asilo llegaron a Italia por mar según el ACNUR, en gran parte debido a las medidas para prevenir las llegadas ya establecidas por el gobierno saliente. En contraste, durante todo el año 2017, llegaron 119.369 personas.
Casi inmediatamente después de asumir el poder, el nuevo gobierno comenzó a bloquear el desembarco de personas rescatadas en puertos italianos. En noviembre, un fiscal siciliano quiso cerrar una investigación, abierta en agosto, sobre el viceprimer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, por detención ilegal y secuestro, entre otros cargos, por negarse a permitir que 177 solicitantes de asilo desembarcaran de un barco de la Guardia Costera italiana, algunos durante hasta 5 días.
En junio, Italia comenzó a relegar sistemáticamente la coordinación de los rescates en el Mediterráneo a la Guardia Costera de Libia, a pesar de las preocupaciones sobre su capacidad y el destino de las personas que eran devueltas a Libia. En agosto, el Parlamento aprobó el suministro de 12 barcos y programas de capacitación para tripulaciones libias.
En noviembre, el Parlamento aprobó un decreto gubernamental para limitar los visados humanitarios y restringir el acceso a centros de recepción especializados. A una cuarta parte de los solicitantes de asilo en 2017 se les otorgó permiso para permanecer por razones humanitarias, y hasta el 28 por ciento de las decisiones tomadas en enero-febrero de 2018 fueron favorables y concedieron visas humanitarias. En octubre, los fiscales acusaron al alcalde de Riace, en el sur de Italia, de irregularidades en lo que se consideraba un proyecto de integración modelo para solicitantes de asilo y refugiados.
El año estuvo marcado por los episodios de violencia racista. En febrero, un mes antes de las elecciones nacionales, un ex candidato de la Liga en elecciones locales disparó e hirió a seis inmigrantes en Macerata, en el centro de Italia. Un grupo antirracismo registró un fuerte aumento en los ataques que sufría en los dos meses posteriores a que el nuevo gobierno llegara al poder, en comparación con el mismo período de 2017.
En julio, las autoridades desalojaron a varios cientos de romaníes de un asentamiento en Roma, a pesar de una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para retrasar el traslado. El ministro Salvini convocó en junio un censo de todos los romaníes en Italia para deportar a aquellos sin ciudadanía italiana. No hubo avances visibles en una investigación de la Comisión Europea, en curso desde 2012, sobre la discriminación de los romaníes en el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos.
En diciembre de 2017, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a Italia a garantizar que la definición del delito de tortura en la legislación nacional, introducida el año pasado, cumpla el derecho internacional.
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