Durante 2016, el gobierno del presidente Alpha Condé, que ganó un segundo mandato como presidente en unas elecciones con irregularidades a finales de 2015, logró algunos avances en la consolidación del estado de derecho y la atención a las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. Asimismo, un diálogo nacional entre los partidos gobernante y de la oposición redujo las tensiones étnicas y comunales, y condujo a una hoja de ruta para las elecciones locales, aplazadas durante mucho tiempo, que se celebrarán a principios de 2017.

Sin embargo, las continuas deficiencias dentro de la policía y el poder judicial, junto a diversos factores de riesgo, en especial el elevado desempleo, el crimen organizado y la inseguridad regional, resaltaron la fragilidad de estos logros.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad disminuyeron, y las autoridades demostraron una mayor disposición a investigar y sancionar a los implicados en violaciones, especialmente las que habían sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación locales.

Aunque el gobierno permitió que tuvieran lugar varias manifestaciones de la oposición, lo que incrementa el respeto por el derecho a la libertad de reunión, se avanzó poco en mejorar el acceso a derechos económicos clave, incluyendo la atención médica y la educación primaria. El índice de violencia contra las niñas y las mujeres siguió siendo elevado.

El poder judicial avanzó en la investigación sobre la masacre de manifestantes desarmados que murieron en 2009 en un estadio a manos de las fuerzas de seguridad, pero no investigó, en gran medida, otros episodios anteriores de violencia que fueron incitados por el Estado. El Ministerio de Justicia emprendió una importante reorganización del sistema judicial para mejorar la administración de justicia, pero siguen siendo motivos de preocupación el hacinamiento de las prisiones, la falta de profesionalismo por parte del personal judicial y la ausencia de independencia judicial.

Los actores internacionales, especialmente la Unión Europea, Naciones Unidas, Francia y Estados Unidos, se centraron en garantizar el diálogo político entre el partido gobernante y la oposición, aunque raramente impulsaron el progreso de la rendición de cuentas. Los donantes apoyaron programas para fortalecer el Estado de derecho, abordar el desempleo y mejorar la disciplina dentro del sector de la seguridad.

Abusos de las fuerzas de seguridad

La disciplina y el control civil sobre las fuerzas de seguridad parecieron mejorar, a medida que los encargados de responder a los disturbios civiles (la policía y la gendarmería) lo hicieron con mayor proporcionalidad. Sin embargo, en varios casos, los miembros de las fuerzas de seguridad maltrataron y, a veces, torturaron a los detenidos cuando respondían a las protestas y actos delictivos. También hubo numerosas denuncias de conducta poco profesional, incluidos el robo y la extorsión.

En marzo, un video de teléfono móvil que fue ampliamente difundido y en el que se mostraba a un presunto delincuente siendo torturado por miembros de una unidad de élite contra el crimen en Conakry fue criticado por el público y el gobierno. En mayo, varios agentes de la policía y la gendarmería fueron interrogados por jueces de investigación por presunta violencia física ocurridas en abril contra grupos manifestantes. En junio, un coronel del ejército fue destituido de su cargo después de que él y varios subordinados golpearan severamente y dispararan contra unos residentes a los que acusaron de haber detenido su convoy. En agosto, un capitán de la policía fue detenido y, al momento de redacción de este informe, estaba siendo investigado por uso excesivo de la fuerza letal, después de matar a un transeúnte inocente y herir a varios manifestantes durante una protesta.

En un marcado contraste frente a la falta de respuesta del gobierno después de incidentes similares ocurridos en años anteriores, estos casos de 2016 desencadenaron sanciones administrativas, investigaciones y compromisos para hacer justicia. Sin embargo, al momento de redactar este informe, ninguno de los presuntos perpetradores de esos casos había tenido que rendir cuentas.

Justicia por la masacre del estadio de 2009

Han pasado más de siete años y Guinea todavía no ha impartido justicia por los graves crímenes cometidos en septiembre de 2009, cuando las fuerzas de seguridad masacraron a unos 150 simpatizantes de la oposición y violaron a más de 100 mujeres. Los crímenes fueron cometidos durante el gobierno militar del entonces capitán Moussa Dadis Camara.

El panel de jueces designado en 2010 para investigar la masacre ha logrado importantes avances a pesar de los obstáculos políticos, financieros y logísticos. Han entrevistado a más de 400 víctimas y acusado a unos 15 sospechosos, entre ellos varios miembros de alto nivel de las fuerzas de seguridad y el ex líder de la Junta, Camara.

A pesar de que la investigación parecía gozar de un mayor apoyo político y financiero del gobierno, el hecho de no suspender a sospechosos de alto nivel de sus cargos públicos, la designación en marzo del general acusado Mathurin Bangoura al cargo de gobernador de Conakry y el fracaso para cerrar la investigación son motivos de preocupación.

Al momento de redactar este informe, seguían pendientes varios aspectos de la investigación, entre ellos el interrogatorio de testigos clave y la localización de fosas comunes que se cree que podrían contener los cadáveres de unas 100 víctimas que permanecían desaparecidas.

Responsabilidad por delitos relacionados con las elecciones

Durante 2016 hubo pocos avances en la investigación o detención de miembros de las fuerzas de seguridad o turbas presuntamente involucradas en numerosos episodios de violencia política y electoral, ocurridos antes y después de la toma de posesión del presidente Condé en 2010.

Entre ellos figuran la presunta matanza por parte de las fuerzas de seguridad de unos 130 manifestantes desarmados en 2007, unos 60 simpatizantes de la oposición que protestaban por el retraso en la celebración de las elecciones parlamentarias en 2013-2014 y por lo menos 10 personas en el período previo a las elecciones presidenciales de 2015.

Tampoco hubo ningún tipo de rendición de cuentas por otros abusos relacionados con las elecciones de 2015, como la paliza a muerte de dos hombres y la violación de una mujer por turbas vinculadas a la oposición, o el amplio saqueo y destrucción de bienes en los mercados por turbas asociadas al partido gobernante, a veces presuntamente en complicidad con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, en octubre, el gobierno acordó pagar reparaciones a las víctimas de la violencia política de 2013, incluidos los heridos, las familias de los fallecidos y las víctimas de saqueos y robos.

Mecanismo de búsqueda de la verdad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos

En agosto, la Comisión Provisional de Reconciliación Nacional (CPRN) presentó su informe final al presidente Conde. La CPRN fue establecida por decreto presidencial en 2011 para explorar las raíces de décadas de violencia política y comunitaria y presentar una hoja de ruta para abordar la situación. El informe hizo 22 recomendaciones, entre ellas la creación de una comisión independiente de búsqueda de la verdad, la rendición de cuentas de los máximos responsables e indemnizaciones para las víctimas de la violencia política y comunitaria.

El Instituto Nacional Independiente de Derechos Humanos (INIDH), establecido en 2015 y creado por orden de la Constitución de Guinea de 2010, no logró, en gran medida, cumplir con su mandato y mostró falta de credibilidad debido a que unos comisionados renunciaron en medio de preocupaciones por la poca o nula transparencia fiscal.

El sistema judicial y las condiciones de detención

En 2016 arrancó una importante reorganización del sistema judicial encaminada a fortalecer su independencia, imparcialidad y eficiencia. Los cambios forman parte de un proyecto de reforma plurianual del sector de la justicia y fueron ordenados por una ley de 2015 que reorganizó el poder judicial. Sin embargo, existía la preocupación de que la escasa asignación presupuestaria para el poder judicial (alrededor del 0,5 por ciento del presupuesto nacional) frenarían la ejecución del plan, que exige la construcción y la dotación de personal de varios nuevos juzgados.

Las prisiones y los centros de detención de Guinea operan muy por debajo de los estándares internacionales, con un grave hacinamiento debido al uso sistemático de la detención provisional, la deficiente administración de casos y el fracaso de los tribunales para reunirse regularmente. El hacinamiento y las condiciones en el centro de detención más grande de Guinea, en la capital Conakry, diseñado para 300 detenidos, empeoraron en 2016, ya que albergó regularmente a más de 1500. La construcción de una nueva prisión para hacer frente al hacinamiento se estancó. Se calcula que el 60 por ciento de los presos en Guinea están recluidos en detención preventiva prolongada. La conducta no profesional en el sector judicial, incluido el absentismo y la corrupción, contribuyen a los persistentes abusos relacionados con la detención.

El Consejo Superior de la Magistratura (CSM), creado en 2015, continuó cumpliendo su mandato de investigar y disciplinar a los jueces. Durante 2016, unos 20 casos fueron investigados por el CSM y varios jueces fueron sancionados por corrupción y conducta no profesional.

Los derechos de la mujer y los niños

En septiembre, el gobierno guineano y organizaciones locales lanzaron una campaña para combatir la mutilación genital femenina (MGF). Se estima que un 97 por ciento de las mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la MGF, a pesar de las leyes que prohíben y penalizan la práctica. En un caso excepcional, en enero de 2016, tres mujeres fueron juzgadas y condenadas en un tribunal de Kankan por practicar la MGF.

En mayo, UNICEF, ACNUR y el UNFPA reportaron que desde 2015 más de 50 niños habían sido violados, la mayoría de los cuales tenían menos de 5 años.

Un marco legislativo e institucional para la protección de los derechos humanos

En abril, Guinea se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados. En julio, la Asamblea Nacional de Guinea aprobó un nuevo código penal que abolió la pena de muerte y, por primera vez, criminalizó la tortura.

Sin embargo, el nuevo texto no codificó varios abusos bajo el rubro de tortura, como las descargas eléctricas, las posiciones de estrés, los simulacros de ejecución y la simulación de asfixia, definiéndolos en su lugar únicamente como trato “inhumano y cruel”. El nuevo código también conserva las leyes que penalizan e implican sentencias de hasta cinco años de prisión por difamación e “insultos” dirigidos a figuras públicas, así como leyes que criminalizan los “actos antinaturales”, con penas de 6 meses a 3 años de prisión.

Actores internacionales clave

La Unión Europea (UE), el mayor donante de Guinea, siguió financiando programas para fortalecer la reforma judicial y luchar contra la impunidad, incluso mediante el apoyo a las víctimas de la masacre de septiembre de 2009. La oficina en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó regularmente los abusos, supervisó las condiciones de detención y apoyó a las comisiones de derechos humanos y de reconciliación provisional, pero rara vez denunció públicamente los problemas de derechos humanos. La Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU financió programas de apoyo a la reforma del sector de la seguridad, la reconciliación y el empleo.

La Representante Especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Zainab Bangura, cuya oficina continuó apoyando la rendición de cuentas por violaciones y crímenes cometidos durante la masacre del estadio de 2009, visitó Guinea dos veces: en abril, junto con la secretaria de Estado adjunta para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de EE.UU., Sarah Sewall; y en agosto para alentar el progreso en la investigación.

La Corte Penal Internacional (CPI), que en octubre de 2009 confirmó que la situación en Guinea estaba bajo examen preliminar, siguió animando a las autoridades nacionales a avanzar en la investigación.