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Estados Unidos

Eventos de 2022

Manifestantes en apoyo del derecho al aborto frente al Centro de Convenciones de Austin, Texas, el 14 de mayo de 2022.

© 2022 Jay Janner/Austin American-Statesman via AP

Estados Unidos progresó en la puesta en práctica de políticas más respetuosas con los derechos. Promulgó una ley, la Ley de Reducción de la Inflación, que promueve el derecho a la salud y toma medidas para abordar la crisis climática. Sin embargo, es necesario que las autoridades adopten iniciativas más audaces para desmantelar el racismo sistémico arraigado en muchas instituciones y estructuras estadounidenses; hacer frente a los retos que plantean el cambio climático, las amenazas a la democracia dentro y fuera del país, y las crisis sanitarias como la pandemia de Covid-19; así como garantizar el respeto por los derechos. Las estructuras de poder endémicas y desiguales –basadas en gran medida en el racismo, la supremacía blanca y la desigualdad económica— son obstáculos para un cambio significativo.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden prometió reformar las duras y abusivas políticas fronterizas, pero muchas de estas enmiendas se han retrasado. Además de la condición de inmigrante, la raza y la etnia son los principales factores que determinan quién es blanco de las políticas de inmigración más duras, como la expulsión, la detención, la deportación y las políticas extremas contra el asilo. A pesar de algunos casos de reformas del sistema jurídico penal, muchas autoridades siguen haciendo afirmaciones alarmistas y a menudo infundadas sobre el aumento de la delincuencia para favorecer políticas que se basan principalmente en la aplicación de la ley y el castigo en lugar de abordar las necesidades subyacentes, como mejorar el acceso a la vivienda, la salud, los servicios voluntarios de salud mental y las oportunidades educativas.

Las personas que sufren abusos tienen cada vez más dificultades para encontrar reparación en el sistema judicial estadounidense, incluso ante el Tribunal Supremo, que ha dictado cada vez más sentencias que socavan la protección de los derechos, como la de 2022, que anuló la protección constitucional del acceso al aborto.

Justicia racial

La ayuda financiera directa y las medidas de alivio en respuesta a la pandemia de Covid-19 ayudaron a atenuar temporalmente las condiciones económicas, pero persistieron las disparidades raciales en el acceso a una atención sanitaria adecuada, agua, educación, empleo y vivienda.

A pesar de un apoyo sin precedentes en el Congreso y de un movimiento significativo en las iniciativas de reparación a nivel estatal y local, el gobierno federal no creó una comisión para estudiar el legado de la esclavitud y desarrollar propuestas de reparación.

Ante la inacción por parte del Congreso, los defensores de la justicia racial instaron al gobierno de Biden a crear dicha comisión mediante una orden ejecutiva antes del Día de la Emancipación (o Juneteenth, que se celebra el 19 de junio). En agosto de 2022, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) concluyó que Estados Unidos no había aplicado las normas jurídicas internacionales contra el racismo. Entre otras recomendaciones, el CERD de la ONU instó a EE.UU., por primera vez, a crear una comisión para estudiar y elaborar propuestas de reparación. 

En mayo, un juez del condado de Tulsa, Oklahoma, denegó en parte una moción de desestimación presentada por la ciudad de Tulsa y otros demandados en el marco de una demanda interpuesta en nombre de supervivientes y descendientes de la masacre racial de Tulsa de 1921 por daños y perjuicios continuados derivados de la misma. La denegación es la primera vez que un caso de reparación por la masacre supera la fase de petición de desestimación y permitirá que los tres últimos supervivientes conocidos de la masacre, todos ellos centenarios, vean cómo su caso es escuchado en los tribunales.

Tras la violenta insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, las redes de supremacistas blancos y extremistas de extrema derecha han expandido y ampliado su presencia en Internet. Las comunidades marginadas temen por su seguridad en medio de un aumento continuado de los delitos de odio denunciados en el primer semestre de 2022, incluidos tiroteos motivados por la ideología de la supremacía blanca.

Pobreza y desigualdad

La desigualdad económica aumentó en 2021, agravada principalmente por los descensos antes de impuestos y transferencias de los ingresos de las personas con salarios bajos y de la clase trabajadora. Pero el gasto social relacionado con la pandemia contribuyó a que la tasa nacional de pobreza disminuyera ese año. Los pagos de estímulo, la ampliación del programa de crédito fiscal infantil y un seguro de desempleo más generoso mantuvieron a millones de adultos fuera de la pobreza y redujeron casi a la mitad la pobreza infantil, que cayó a un mínimo histórico. 

Pero esta reducción histórica de la pobreza está recayendo. Muchos de los programas que supusieron un alivio eran temporales y ya han finalizado, y el gobierno de EE.UU. ha fracasado a la hora de promulgar reformas estructurales más permanentes. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno no renovara el crédito fiscal por hijos, que expiraba en diciembre de 2021, arrastró a 3,7 millones de niños y niñas a la pobreza.

A principios de 2022, la concentración de riqueza en Estados Unidos estaba cerca de su nivel más alto en más de 40 años, ya que el 1 % de los hogares más ricos poseía aproximadamente un tercio de toda la riqueza privada. 

Las tasas de pobreza de los hogares negros, latinos y nativos americanos siguen siendo más del doble que las de los hogares blancos no latinos, lo que pone de relieve la persistencia de disparidades basadas en la raza y la etnia en materia de ingresos, riqueza, deuda y empleo

La inflación de los precios quebrantó el acceso a productos y servicios básicos esenciales para los derechos, como la alimentación, la vivienda y la atención sanitaria.  

Sistema legal penal

A pesar de las reducciones graduales en las tasas de encarcelamiento desde 2009, Estados Unidos sigue teniendo la tasa más alta del mundo, con casi 2 millones de personas recluidas en cárceles y prisiones estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional.

La población negra y marrón sigue estando enormemente sobrerrepresentada en las cárceles y prisiones, muchas de las cuales no ofrecen protección suficiente contra la infección por Covid-19. Los datos comunicados siete meses después del despliegue de las vacunas mostraban que poco más de la mitad habían sido vacunados. Más de 600.000 personas en las prisiones estadounidenses han contraído el virus y más de 2.900 han muerto a causa de él. Muchas jurisdicciones redujeron el encarcelamiento en respuesta a la pandemia, pero la población carcelaria empezó a volver a sus cifras anteriores a la pandemia en 2021, incluso a pesar del aumento de los casos de la variante Delta.

A pesar de los llamamientos generalizados a una reforma sistémica a mediados de 2020, especialmente para reducir la excesiva dependencia de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en servicios de apoyo, pocas jurisdicciones implementaron medidas significativas. Algunas municipalidades se han esforzado por desplegar profesionales de la salud mental en lugar de la policía en las circunstancias apropiadas; algunas han financiado “interruptores de la violencia” no policiales, es decir, equipos formados por personas independientes que intervienen como mediadoras en casos de violencia. Sin embargo, los presupuestos policiales en general no se han reducido. El Congreso ni siquiera ha aprobado las débiles reformas propuestas en la Ley federal de Justicia Policial (Justice in Policing Act).

En 2022, menos de la mitad de los departamentos de policía estadounidenses proporcionaron datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos no gubernamentales. Solo en 2022, la policía mató a más de 400 personas. En términos per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas.

Menores en los sistemas de justicia penal, juvenil y familiar

A pesar de un descenso del 73 % en las detenciones de menores desde mediados de la década de 1990, un elevado número de niños sigue siendo encarcelado cada año, con más de 240.000 casos de detención documentados en 2019, según un informe de marzo de Sentencing Project. Hubo un aumento del 9 % entre 2010 y 2019 en la probabilidad de detención, que creció aún más para los menores negros, latinos y asiáticos/isleños del Pacífico, mientras que se mantuvo estable para los niños blancos e indígenas.

Se sigue avanzando lentamente para poner fin a las sentencias a cadena perpetua sin libertad condicional para las personas menores de edad. Según la Campaña para la Sentencia Justa de los Jóvenes), en 32 estados no hay ningún menor cumpliendo esta pena o la han prohibido para los menores de 18 años.

Un informe conjunto de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles publicado en noviembre documenta cómo los sistemas de bienestar infantil en Estados Unidos responden con demasiada frecuencia a las circunstancias de pobreza con castigos, acusando a las familias de negligencia y separando a los niños de sus padres en lugar de proporcionarles apoyo para ayudarles a mantener unidas a sus familias. Cada tres minutos un niño es separado de su hogar y colocado en el sistema de acogida. Los negros, los indígenas y los que viven en la pobreza se ven afectados de forma desproporcionada.

Política de drogas

Las muertes por sobredosis de drogas siguieron aumentando según los últimos datos disponibles, con más de 107.000 muertes registradas en EE.UU. de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, aproximadamente un aumento del 15 % con respecto al año anterior. Las muertes por sobredosis aumentaron significativamente entre las poblaciones negra e indígena, en un 44 y un 39 %, respectivamente.

El gobierno de Biden incluyó inversiones en enfoques de reducción de daños que ofrecen a los consumidores de drogas atención centrada en la salud y acceso a tratamiento voluntario, como parte de su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2022 inaugural, la primera vez que un gobierno estadounidense emprendía esta iniciativa. Sin embargo, estas inversiones fueron pequeñas en comparación con otras, y la administración y los estados siguen confiando en gran medida en la criminalización para resolver los problemas asociados al consumo problemático de drogas, a pesar de que las estrategias de reducción de daños han demostrado ser más eficaces.

En octubre, Biden anunció que indultaría a miles de personas condenadas por simple posesión de marihuana en el sistema federal y ordenaría una revisión del tratamiento que se da a la marihuana en la legislación federal. El indulto excluía a los no ciudadanos, a pesar de que las condenas por marihuana suelen conllevar la deportación, lo que causa un daño devastador a muchas personas con fuertes vínculos con Estados Unidos.

Derechos de ciudadanos extranjeros

El gobierno de Biden continuó expulsando arbitrariamente a miles de personas que entraron en Estados Unidos por la frontera sur, sin respetar su derecho a solicitar asilo, en virtud de la abusiva política del Título 42. Desde que se introdujo la política en marzo de 2020, entre los expulsados había miles de niños, incluidos al menos 7.500 menores de 4 años. Han sido expulsados haitianos, africanos, guatemaltecos, salvadoreños y personas de muchos otros países y regiones. El gobierno tenía previsto poner fin a esta política en mayo, pero un juez federal se lo impidió.

En octubre, el gobierno decidió aplicar el Título 42 a los venezolanos. La administración también continuó obligando a los no mexicanos a esperar sus audiencias de asilo en ciudades mexicanas peligrosas en virtud de sus inherentemente problemáticos Protocolos de Protección de Migrantes, un programa comúnmente conocido como “Quédate en México”, como las personas LGBT, y las personas que viven con discapacidades, VIH u otras condiciones crónicas de salud. Tras una sentencia del Tribunal Supremo del 30 de junio, el gobierno puso fin finalmente al programa “Quédate en México”, pero utilizó procedimientos que violaban el derecho al debido proceso de algunos solicitantes de asilo. 

El gobierno cerró algunos centros de detención de inmigrantes y puso fin a algunas políticas de “tolerancia cero” puestas en marcha por el expresidente Donald Trump; sin embargo, en septiembre, alrededor de 25.000 no ciudadanos seguían detenidos. La administración continuó aumentando el uso de dispositivos de monitoreo electrónico y otros métodos de vigilancia de inmigrantes, mientras liberaba a más de 300.000 no ciudadanos de la detención de inmigrantes. Human Rights Watch considera que muchos de los métodos de vigilancia electrónica utilizados por EE.UU. son abusivos e innecesarios, y ha pedido que se prohíban los monitores de tobillo y cualquier dispositivo que proporcione un seguimiento continuo de la ubicación.

Funcionarios estatales de Texas, Arizona y Florida transportaron en autobús y avión a migrantes desde la frontera suroccidental a ciudades de estados lejanos sin tener en cuenta la probable ubicación de sus familiares o las vistas judiciales. El gobernador de Texas, Greg Abbott, siguió persiguiendo a migrantes sospechosos para detenerlos y encarcelarlos en el marco del Operativo Lone Star, una política fronteriza discriminatoria y abusiva de 4.000 millones de dólares.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la designación o prórroga del Estatus de Protección Temporal para Afganistán, Camerún, Etiopía, Myanmar, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania y Venezuela, que protege de la expulsión durante un periodo determinado a las personas originarias de estos países que se encuentran en EE.UU. En octubre, las autoridades estadounidenses no habían puesto remedio a los abusos que Human Rights Watch documentó en febrero contra decenas de solicitantes de asilo cameruneses.

Salud y derechos humanos

En 2022, más de 230.000 personas murieron en Estados Unidos a causa del Covid-19. En septiembre, el Presidente Biden declaró que la pandemia de Covid-19 “había terminado”, a pesar de que casi 3.000 personas murieron a causa del virus esa semana. Las declaraciones de Biden reflejan la continua incoherencia de la respuesta estadounidense a la pandemia de Covid-19. A lo largo de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. cambiaron los parámetros de sus advertencias sobre el Covid-19 al tiempo que retiraban protecciones, enviando una preocupante señal de que una autoridad sanitaria de primer orden no estaba dando prioridad a la protección de los grupos marginados frente a la enfermedad y la muerte.

La escalada de los precios y la insuficiencia de los seguros sanitarios han creado una crisis de medicamentos inasequibles en EE.UU., lo que socava el derecho a la salud, sumerge a las personas en la angustia financiera y el endeudamiento y afecta de forma desproporcionada a las personas marginadas social y económicamente. A pesar de sus deficiencias, la aprobación por el gobierno estadounidense de la Ley de Reducción de la Inflación reforzará el derecho a la salud de millones de personas al reducir el costo de los medicamentos para las personas mayores de 65 años, y hará más asequible el seguro médico privado para las personas con ingresos bajos y medios.

Derecho al voto

Las instituciones democráticas y los administradores electorales se enfrentaron a acusaciones infundadas de fraude electoral. Varios estados aprobaron leyes que pretendían limitar quién podía votar y qué votos se contaban, abrieron la puerta a que actores partidistas interfirieran en las elecciones y permitieron potencialmente el procesamiento penal de los administradores electorales. Estas restricciones del derecho al voto afectaron de manera desproporcionada a las personas negras, indígenas y latinas.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó los argumentos del caso Moore contra Harper, que amenazaba con cortar las vías de recurso contra las violaciones del derecho al voto relacionadas con la distribución de distritos electorales. Por el contrario, varios estados ampliaron la protección de los votantes, incluyendo iniciativas para aumentar el voto por correo, proteger a los trabajadores electorales y facilitar el registro de votantes.

Poco después del día de las elecciones, la misión internacional de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa informó de que las elecciones del 8 de noviembre “fueron competitivas y gestionadas profesionalmente”, pero señaló que “los esfuerzos por socavar la confianza de los votantes en el proceso electoral cuestionando infundadamente su integridad pueden dar lugar a desafíos sistémicos”.

Política sobre el cambio climático y sus repercusiones

Estados Unidos es actualmente el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero y el país que más ha contribuido a la crisis climática.

En agosto, EE.UU. promulgó la Ley de Reducción de la Inflación, la norma más importante que ha aprobado el país para hacer frente a la crisis climática. La ley pone al país en vías de cumplir su compromiso de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, pero este objetivo no es suficiente para alcanzar la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Además, la Ley de Reducción de la Inflación proporciona un apoyo considerable a la industria de los combustibles fósiles, poniendo en mayor riesgo a las personas que están en primera línea de la producción de combustibles fósiles y a las que ya se ven perjudicadas por el cambio climático.

En junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. limitó la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas. 

En Estados Unidos, las olas de calor, los huracanes, los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático afectaron de forma desproporcionada a las personas con bajos ingresos, así como a los negros, indígenas y otras personas de color, exacerbando las desigualdades estructurales existentes. Las autoridades no protegieron adecuadamente a las poblaciones de riesgo –incluidas las embarazadas, las personas con discapacidad y las personas mayores— de los efectos previsibles.

Derechos de las mujeres y las niñas

En junio, el Tribunal Supremo, en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, anuló la garantía constitucional de 50 años de acceso al aborto. Más de la mitad de los estados de EE.UU. están a punto de prohibir el aborto y, en el momento de redacción de este informe, 18 estados ya lo habían penalizado o restringido.

Tras la sentencia, el presidente Biden emitió dos decretos para salvaguardar el acceso a los servicios de salud reproductiva. También creó un grupo de trabajo interinstitucional sobre el acceso a la atención de la salud reproductiva para coordinar los esfuerzos de todo el gobierno federal para proteger el acceso a los derechos reproductivos.

En sus Observaciones Finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por el impacto del racismo sistémico, junto con factores interconectados como el género y la raza, en la capacidad de las mujeres y las niñas para acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva sin discriminación. La falta de acceso al seguro médico y a la atención sanitaria contribuyó a que las tasas de mortalidad materna y por cáncer de cuello uterino fueran más elevadas que en los países comparables, y también a que las mujeres negras murieran en mayor proporción que las demás.

Leyes perjudiciales en la mayoría de los estados de EE.UU. obligan a las jóvenes menores de 18 años a implicar a uno de sus progenitores en su decisión de abortar o a acudir a los tribunales para recibir una derivación judicial.

Derechos de las personas con discapacidad y de la tercera edad

En septiembre, 157.898 de las 1.045.904 muertes por Covid-19 se registraron en residencias de larga duración, donde solo algo más de la mitad de los residentes estaban al día con las vacunas. En marzo, en su primer discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Biden se comprometió a reducir el uso de restricciones químicas –el uso indebido de medicamentos para controlar el comportamiento— en residencias de ancianos, abordar la escasez de personal y la formación inadecuada, mejorar los servicios que no cumplen las normas y aumentar la rendición de cuentas. En agosto, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid siguieron permitiendo que las residencias para la tercera edad emplearan a personal no certificado.

En septiembre, a pesar de la oposición de grupos de discapacitados, justicia racial y otros, entre ellos Human Rights Watch, California puso en marcha una medida que permite a familiares, policías, trabajadores sociales y otras personas remitir involuntariamente a personas a la jurisdicción de un sistema de reciente creación, engañosamente denominado “Tribunal CARE”. La remisión involuntaria puede dar lugar a una orden de un juez que ejerza poder sobre áreas fundamentales de la vida de una persona, como la medicación, la vivienda y otros servicios y ayudas, contraviniendo el derecho al consentimiento informado, a la salud y a la capacidad jurídica.

Orientación sexual e identidad de género

Los legisladores de los estados de EE.UU. presentaron más de 150 proyectos de ley dirigidos a las personas transgénero, en particular los niños y niñas transgénero, amenazando sus derechos y su salud. Indiana, Dakota del Sur y otros ocho estados promulgaron leyes que prohíben a los niños y niñas trans participar en deportes acordes con su identidad de género. Alabama y Oklahoma aprobaron leyes que prohíben a los niños y niñas trans utilizar baños que se correspondan con su identidad de género. En 2022, 20 estados presentaron proyectos de ley “No digas gay o trans”, que restringen las discusiones sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas; Alabama y Florida las promulgaron.

Las autoridades de Texas intentaron criminalizar la asistencia sanitaria de afirmación de género. Mientras que las órdenes de Texas fueron bloqueadas por un juez del estado, Arizona y Alabama aprobaron leyes que prohíben la atención que afirme la identidad de género para los jóvenes trans. Nueve estados siguen excluyendo explícitamente de la cobertura de Medicaid los cuidados de reafirmación de género[cf1] .

Las personas trans y los profesionales de la salud que prestan asistencia sanitaria de reafirmación de género siguen enfrentándose a altos niveles de violencia y acoso; una creciente tendencia de la retórica anti-LGBT en la esfera digital en 2022 tuvo graves repercusiones más allá de Internet.

El aumento de la legislación y el sentimiento anti-LGBT es especialmente preocupante tras la anulación del caso Roe contra Wade, que ha convertido en objetivos vulnerables los derechos parentales de la comunidad LGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En respuesta, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Respeto al Matrimonio, que obligaría a los gobiernos federal y estatales a reconocer los matrimonios legalmente celebrados entre personas del mismo sexo. En el momento de redacción de este informe, la ley aún no se había votado en el Senado.

Política exterior

Estados Unidos respondió a la invasión rusa de Ucrania en febrero imponiendo sanciones sin precedentes a las autoridades rusas, otras personas y entidades, y enviando más de 18.000 millones de dólares en material militar a Ucrania. Faltan muchos datos sobre cómo se están utilizando las armas y quién las está utilizando.

En marzo, EE.UU. puso en marcha una Iniciativa Europea de Resiliencia Democrática, dotada con 320 millones de dólares y destinada, en parte, a defender los derechos humanos de la población de Ucrania y los Estados vecinos. En abril, EE.UU. lideró los esfuerzos para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El conflicto ucraniano suscitó una renovada atención a los mecanismos de justicia, con el interés del Congreso en cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) y crear jurisdicción en Estados Unidos para los crímenes de guerra cometidos en el extranjero, independientemente de la nacionalidad del presunto autor o de la víctima.

En enero, Estados Unidos inició un mandato de tres años en el CDH. En septiembre, EE.UU. y sus aliados propusieron un debate sobre un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el que se calificaba la persecución de musulmanes turcos en Xinjiang por parte del gobierno chino de aparentes crímenes contra la humanidad. En junio, la entrada en vigor de la Ley de Estados Unidos de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures  estableció la presunción refutable de que los productos procedentes de Xinjiang se fabrican con trabajo forzado y deben prohibirse. Estados Unidos también emprendió un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, organizados por Beijing.

En marzo, el secretario de Estado Anthony Blinken determinó formalmente que los abusos del ejército de Myanmar contra los musulmanes de etnia rohingya constituían genocidio. Blinken no ha tomado ninguna determinación sobre los abusos cometidos en la región etíope de Tigray,  a pesar de los llamamientos de los líderes del Congreso para que lo haga.

El gobierno de Biden dio a conocer tres estrategias para hacer frente a las condiciones que a menudo conducen a abusos contra los derechos: un nuevo esfuerzo de prevención de conflictos y promoción de la estabilidad; una estrategia para “anticipar, prevenir y responder” a la violencia masiva; y una Estrategia de Lucha contra la Corrupción que apoya a la sociedad civil en la denuncia de la corrupción.

Tras retirarse de Afganistán en 2021, Estados Unidos creó la Operación Bienvenidos Aliados para reasentar a afganos, incluidos los que trabajaban para el gobierno estadounidense. En septiembre, reorientó el programa hacia determinadas categorías de afganos en el extranjero que carecen de opciones de visado. 

Tras la toma del poder por los talibanes, Estados Unidos revocó las credenciales del Banco Central Afgano, aislándolo así del sistema bancario internacional, alegando un gobierno ilegítimo y persistentes violaciones de los derechos humanos. En febrero, el Presidente Biden bloqueó 7.000 millones de dólares de las reservas de Afganistán y, en septiembre, transfirió la mitad de ese dinero a un nuevo fondo para hacer frente a la creciente preocupación por la hambruna. En julio, EE.UU. mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en un ataque con aviones no tripulados en Kabul.  

En agosto, Blinken lanzó una estrategia para el África subsahariana que prioriza las alianzas y los valores democráticos. Durante su estancia en Ruanda, Blinken expresó su preocupación por el apoyo ruandés al grupo armado M23 en el este de la República Democrática del Congo, la represión política y el juicio y detención irregulares del residente estadounidense Paul Rusesabagina.

A pesar de la nueva autoridad para sancionar a personas o entidades responsables de abusos contra los derechos en el norte de Etiopía, Estados Unidos no realizó ninguna designación en 2022. En enero, Estados Unidos puso fin a los privilegios comerciales de Etiopía en virtud de la Ley sobre Oportunidades de Crecimiento en África (AGOA, por sus siglas en inglés) por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno y otras partes beligerantes en el norte de Etiopía. En Sudán, el gobierno de Biden sancionó a una unidad de policía militarizada por graves abusos contra los derechos humanos cometidos contra manifestantes desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, pero no adoptó ninguna otra medida contra personas o autoridades sudanesas por los abusos.

Estados Unidos vendió armas y proporcionó ayuda en materia de seguridad a países con un deficiente historial de derechos humanos, como Egipto, Israel y Arabia Saudí. Egipto recibe 1.300 millones de dólares anuales, aunque el presidente Biden retuvo 130 millones de dólares de los posibles 300 millones que el Congreso condicionó al progreso en materia de derechos humanos en 2021. El senador Patrick Leahy bloqueó otros 75 millones de dólares a Egipto, alegando “progresos insuficientes” en el tratamiento de los presos políticos. EE.UU. vende más material militar a Arabia Saudí que a ningún otro país y concede a Filipinas la mayor cantidad de subvenciones y préstamos militares de Asia, a pesar de los abusos bien documentados por parte de ambos gobiernos. Nigeria recibe una importante ayuda militar estadounidense, aunque sus fuerzas de seguridad cometen abusos.

Estados Unidos mantiene amplias sanciones contra Irán, aunque ha concedido una licencia general que permitirá a las empresas tecnológicas prestar servicios de comunicaciones a los iraníes con mayor libertad. El Departamento de Estado de EE.UU. condenó públicamente la muerte en septiembre de Mahsa (Jina) Amini, que desencadenó protestas masivas en todo Irán, e impuso sanciones a la Policía de la Moralidad iraní y a otras entidades.

El gobierno de Biden condenó el asesinato de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Aqla, quien murió por disparos mientras cubría una incursión del ejército israelí en la ciudad cisjordana de Yenín el 11 de mayo. Múltiples investigaciones independientes, entre ellas las del Washington Post, la CNN y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concluyeron que probablemente la mató un soldado israelí. En noviembre, el FBI abrió una investigación sobre su muerte. Israel reconoció en septiembre que Abu Aqla había sido probablemente abatida por un soldado israelí, pero afirmó que, de ser así, el homicidio había sido accidental y que no participaría en la investigación estadounidense. 

En agosto, Estados Unidos no condenó a las autoridades israelíes por allanar y clausurar las oficinas de siete destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina, después de que el año pasado tampoco condenaran la ilegalización de seis de estos grupos por parte de las autoridades israelíes.

En junio, EE.UU. anunció una política que prohíbe la producción y adquisición de minas antipersona, así como su uso y almacenamiento fuera de la península coreana. La medida alinea en gran medida la política estadounidense con el Tratado de Prohibición de Minas de 1997, al que Estados Unidos no se ha adherido. Estados Unidos no revisó su política sobre municiones de racimo, prohibidas por la Convención sobre Municiones de Racimo de 2008.

En octubre, Estados Unidos endureció los marcos que rigen los ataques antiterroristas. Según se informa, las normas clasificadas restringen los ataques a individuos conocidos y cuando hay “casi certeza” de que no hay civiles presentes. La política revierte la política más relajada del presidente Trump, pero mantiene operaciones problemáticas fuera de conflictos armados reconocidos. En enero, tras una investigación de The New York Times y las críticas de otros sobre los daños a civiles como resultado de las operaciones estadounidenses, el Pentágono puso en marcha un plan para abordar las deficiencias en las investigaciones y la respuesta a las bajas, aunque sigue habiendo lagunas, incluida la rendición de cuentas por las bajas civiles.

El presidente Biden se comprometió a cerrar la prisión militar estadounidense de Guantánamo, pero 36 extranjeros musulmanes siguen recluidos, la mayoría desde hace más de dos décadas, sin cargos ni juicio. Los procesamientos de cinco detenidos de Guantánamo acusados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se estancaron en comisiones militares viciadas. Los acusados estaban en conversaciones para renunciar a la pena de muerte a cambio de declaraciones de culpabilidad con cadena perpetua.