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Peru

Eventos de 2020

Una mujer enciende una vela en el monumento para los manifestantes que fueron heridos o fallecieron en Lima en noviembre de 2020, afuera del edificio del Congreso de Perú.

© 2020 AP Photo/Rodrigo Abd

Los avances en las investigaciones penales sobre graves abusos cometidos durante los 20 años del conflicto armado interno, que concluyó en 2000, siguen siendo lentos y limitados. Persisten graves cuestiones como la violencia contra las mujeres, los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y las amenazas a la libertad de expresión.

El Covid-19 ha tenido efectos devastadores en Perú. Hasta septiembre, el país había confirmado más de 800.000 casos y 30.000 muertes. A fines de agosto, tenía la cantidad de muertes por habitantes más elevada del mundo. El gobierno estableció un confinamiento estricto para responder a la pandemia y, el 15 de marzo, declaró el estado de emergencia, durante el cual se suspendieron algunos derechos, en especial la libertad de circulación. A partir de junio, las autoridades comenzaron a flexibilizar las restricciones del confinamiento por región y por categoría de riesgo; en este último caso, también en función de la edad.

El 9 de noviembre, el Congreso destituyó al entonces presidente Martín Vizcarra invocando una oscura disposición constitucional que le permite declarar la “vacancia” de la presidencia si el presidente presenta una “incapacidad moral”. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia del país el 10 de noviembre, pero renunció cinco días después, en un clima de protestas multitudinarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El 17 de noviembre, el Congreso designó a Francisco Sagasti como nuevo Presidente interino.

Juicios por abusos del pasado

Los esfuerzos por juzgar graves abusos cometidos durante el conflicto armado han tenido resultados mixtos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas por el accionar de Sendero Luminoso, otros grupos armados, o agentes del Estado durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. La vasta mayoría de las personas asesinadas eran campesinos de bajos ingresos que, en general, hablaban lenguas indígenas.

Las autoridades han avanzado lentamente en el juzgamiento de abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante el conflicto. Hasta septiembre de 2019, la justicia había emitido pronunciamientos en 88 casos, incluidas 46 condenas, según indicaron organizaciones peruanas de derechos humanos.

En 2009, el expresidente Alberto  Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por asesinatos, secuestros y varios delitos de corrupción. En 2017, el entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un “indulto humanitario”, por motivos de salud. En 2018, un juez de la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto. Fujimori fue encarcelado nuevamente en enero de 2019, y al mes siguiente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la decisión del juez de revocar el indulto.

Al momento de elaboración de este informe, se encontraba en curso una investigación sobre la participación de Fujimori en la esterilización forzada de mujeres, mayormente de comunidades indígenas de bajos recursos, ocurrida durante su presidencia. Según informó el Ministerio de Justicia, hasta noviembre de 2019, se habían registrado 5.247 víctimas de esterilizaciones forzadas practicadas entre 1995 y 2001.

Los tribunales han logrado avances limitados con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cometidos por fuerzas de seguridad. En 2019, la Corte Suprema ordenó que se realizara un nuevo juicio al general Daniel Urresti por el homicidio del periodista Hugo Bustíos en 1988, y revocó la absolución dictada en 2018 por la Sala Penal Nacional, al argumentar que la sala no había evaluado adecuadamente las pruebas. En enero de 2020, Urresti fue electo para integrar el Congreso.

Al momento de la elaboración de este informe, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) seguía siendo investigado por su presunto rol en asesinatos y otras atrocidades cometidos en 1992 en la base militar Madre Mía, en la región de Alto Huallaga, y por el encubrimiento de esos hechos.

En 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra estableció un banco de datos genéticos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Abusos policiales

La policía empleó un uso excesivo de la fuerza en Lima contra manifestantes que protestaban por la remoción del presidente Vizcarra en noviembre. Aunque las manifestaciones se desarrollaron de manera mayormente pacífica, algunos participantes actuaron en forma violenta y, entre otros actos, arrojaron piedras a la policía.

La policía dispersó en forma arbitraria a manifestantes pacíficos y empleó fuerza excesiva, incluidos gases lacrimógenos y “armas menos letales”, contra manifestantes pacíficos y periodistas. Algunos policías, incluso vestidos de civil, también llevaron a cabo detenciones arbitrarias. Más de 200 personas resultaron heridas y dos manifestantes murieron.

Miembros de las fuerzas de seguridad también han recurrido a un uso excesivo de la fuerza al responder a protestas mayormente pacíficas, que en ocasiones se tornaron violentas, relacionadas con la minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala, indicaron la Defensoría del Pueblo y organizaciones locales de derechos humanos. Tres civiles murieron en el contexto de las manifestaciones entre junio de 2019 y junio de 2020. En agosto, tres manifestantes fueron asesinados y 17 personas, incluidos 6 policías, resultaron heridas durante protestas de comunidades indígenas contra una compañía petrolera en el departamento de Loreto, en la Amazonía.

En 2015, el entonces Presidente Humala dictó el Decreto 1186, que limita el uso de la fuerza por la policía. Sin embargo, la Ley 30151, promulgada en 2014, que prevé la inimputabilidad de los policías que causen muertes “en el cumplimiento de su deber”, podría impedir que los policías rindan cuentas ante la justicia cuando causen muertes por haber ejercido la fuerza de manera excesiva.

En marzo de 2020, el Congreso aprobó la llamada “Ley de Protección Policial” que podría acentuar gravemente el riesgo de abuso por parte de esta fuerza. La ley revoca la disposición del Decreto 1186 que requiere que cualquier uso de la fuerza sea proporcional a la gravedad de la amenaza. También limita la facultad de los jueces de dictar la prisión preventiva de policías acusados de uso excesivo de la fuerza.

Han trascendido informes en los medios locales sobre algunos casos de abusos perpetrados por policías y soldados en la aplicación de las medidas de confinamiento por el Covid-19. En un caso, un capitán del Ejército fue filmado dando una bofetada a un adolescente por violar las restricciones del confinamiento.

En agosto, la policía llevó a cabo una redada en un club nocturno clandestino, que funcionaba en contravención de las reglamentaciones relacionadas con el Covid-19. Durante este hecho, se produjo una estampida en la que murieron 13 personas. En una grabación en video se ve aparentemente a la policía cerrando una puerta que era la única ruta de escape. El Ministerio del Interior indicó que las desmentidas de la policía respecto de que no cerraron la puerta eran “información falsa”.

Libertad de expresión

Persisten en Perú las amenazas a la libertad de expresión, y algunos periodistas enfrentan procesos penales a causa de su trabajo, entre otras cosas, por aplicación de las leyes excesivamente amplias contra la difamación que están vigentes en el país.

A fines de 2018, el arzobispo del departamento norteño de Piura interpuso una querella por difamación contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas luego de que publicaran una serie de artículos sobre abuso sexual por parte de miembros de la sociedad católica Sodalicio de Vida Cristiana. En abril de 2019, se impuso a Salinas una pena de un año de cárcel en suspenso, 120 días de servicio comunitario y una multa de cerca de USD 24.000. Hasta agosto de 2019, el arzobispo había desistido de las querellas, las causas se archivaron y se revocó la condena a Salinas. Sin embargo, para entonces, un exadministrador de una empresa inmobiliaria que se menciona en los artículos periodísticos había presentado una nueva querella contra Ugaz. La causa seguía pendiente cuando se redactó este informe.

Durante 2020, Ugaz fue víctima de otras siete causas penales, incluidas tres acusaciones de difamación originadas en los artículos que publicó sobre abusos sexuales. Todas las causas seguían en trámite a la fecha de redacción de este informe.

En septiembre, Salinas dijo que personas desconocidas en un vecindario donde él y Ugaz tenían casas estuvieron preguntando acerca de ellos y cuál era su rutina.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia de género es un problema extendido en Perú. El Ministerio de la Mujer reportó 166 “feminicidios” (que se define como el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica) durante 2019, y 111 casos entre enero y octubre de 2020.

Durante el confinamiento vinculado con el Covid-19 (marzo-junio), el ministerio reportó 28 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y 226 casos de abuso sexual contra niñas.

Las mujeres y niñas solamente pueden acceder a abortos en casos de riesgo para su salud o su vida.

En 2014, el Ministerio de Salud adoptó una guía técnica nacional para esos abortos terapéuticos lícitos. La guía ha sido objetada en dos presentaciones judiciales por separado por parte de organizaciones antiaborto. Aunque ambas causas fueron desestimadas, las apelaciones seguían en trámite en el momento de la preparación de este informe.

Muchas mujeres y niñas enfrentan obstáculos para acceder al aborto legal. En octubre de 2020, “Camila”, una niña de una comunidad indígena, presentó una petición ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la cual alegó que las autoridades le denegaron el aborto a pesar de que fue violada y el embarazo ponía en riesgo su vida.

En 2019, un juez de Lima dejó sin efecto una sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Constitucional que había prohibido la distribución gratuita de pastillas anticonceptivas. A fines de octubre, sin embargo, un tribunal de apelaciones revocó la decisión del juez de Lima por razones procesales.

En julio de 2020, el Congreso modificó la Ley Orgánica de Elecciones para establecer la paridad de género en las elecciones legislativas, y exigir que el 40 % de los candidatos sean de sexo femenino para el año 2021, el 45 % para 2026 y el 50 % para 2031.

Derechos de las personas con discapacidad 

Perú cuenta con un marco legal que reconoce plena capacidad legal a las personas con discapacidad, pero las autoridades electorales (RENIEC) no han adoptado medidas para incluir en el padrón electoral a las personas con discapacidades que anteriormente estuvieron bajo tutela, y las privan así del derecho a votar. Al momento de la preparación de este informe, el poder ejecutivo peruano no había dictado ninguna ley habilitante para implementar plenamente la capacidad legal de las personas con discapacidad. 

Orientación sexual e identidad de género

En Perú no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. En los últimos años, los tribunales han comenzado a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos por ciudadanos peruanos en el extranjero. Pero en noviembre, el Tribunal Constitucional denegó el reconocimiento a un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero.

En abril, el gobierno declaró, en respuesta al Covid-19, un confinamiento por género, que establecía que hombres y mujeres debían salir de sus casas en días distintos. Las normas no tuvieron en cuenta a las personas transgénero, y los medios de comunicación reportaron varios casos de abuso policial contra estas personas. El gobierno revirtió la medida poco más de una semana después de su aprobación, y señaló que la mayoría de las compras se realizaban sólo los días en que las mujeres tenían permitido salir.

En agosto, el Ministerio de Justicia emitió una resolución que permitía que las parejas del mismo sexo de trabajadores de la salud pública accedan a beneficios del Estado en caso de fallecimientos relacionados con el Covid-19.

También en agosto, un juez ordenó al registro civil que permitiera que las personas transgénero peruanas cambiaran su nombre e identificación sexual en el documento nacional de identidad. Una apelación a la medida por parte del registro civil seguía en trámite cuando se preparó este informe.

En marzo de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Perú era responsable de la detención arbitraria y violación de una mujer transgénero perpetradas por policías. Esta fue la primera vez en que la Corte se ha pronunciado sobre una denuncia de tortura relacionada con la identidad de género u orientación sexual de la víctima.

Defensores de derechos humanos y líderes comunitarios

Defensores de derechos humanos y activistas ambientales, así como otros líderes comunitarios, han sido amenazados y asesinados en los últimos años. En abril de 2019, el Ministerio de Justicia estableció medidas para proteger a defensores de derechos humanos en riesgo y a sus familiares.

En abril de 2020, el líder indígena y ambientalista Arbildo Meléndez Grandes fue asesinado en la región de los Andes centrales de Huánuco. En mayo, Gonzalo Pío Flores, otro líder indígena y ambientalista, fue asesinado en la región central de Junín.

Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes

Más de 480.000 ciudadanos venezolanos buscaban obtener asilo en Perú al momento de la preparación de este informe; esto representa el mayor número de solicitantes de asilo venezolanos registrados en cualquier país. Esto se debe, en parte, a que los permisos de residencia temporales ya no están disponibles en Perú. Desde 2019, solicitar asilo ha sido la manera más directa de regularizar la condición.

Más de 800.000 venezolanos viven en Perú. Más de 486.000 recibieron permisos de trabajo temporales antes de que el gobierno dejara de emitirlos en 2019. Los permisos autorizaban a las personas a trabajar, inscribir a sus hijos en la escuela y acceder a atención de la salud.

Ha habido varios cambios en cuanto al requisito de que los venezolanos presenten sus pasaportes para ingresar al país, el cual habría impedido el ingreso a numerosos venezolanos, dado que es sumamente difícil obtener pasaportes en Venezuela. En octubre de 2018, un juez anuló el requisito de contar con pasaporte que se había establecido en agosto de ese año. No obstante, en junio de 2019, el gobierno aprobó una resolución que exige que todos los migrantes venezolanos soliciten una visa humanitaria en un consulado peruano antes de entrar al país. A la fecha de preparación del presente, se encontraba en trámite un recurso interpuesto contra la resolución por una coalición de organizaciones no gubernamentales.

En mayo de 2020, legisladores presentaron un proyecto de ley que anularía todos los permisos de residencia temporales emitidos previamente y penaría la inmigración sin documentos con hasta cinco años de prisión.

Actores internacionales clave

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación sanitaria crítica de las comunidades indígenas en Perú, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En agosto, expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos instaron a Perú a ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado que promueve la transparencia, la participación política y el acceso a mecanismos de justicia en cuestiones ambientales. En octubre, el Congreso votó por no aprobar el tratado.

Perú es miembro activo del Grupo de Lima, una coalición de Estados que procura abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela.

En septiembre de 2018, Perú y otros cinco países remitieron la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si se justifica que la corte inicie una investigación formal.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha apoyado resoluciones que alertaron sobre violaciones de derechos humanos en países como Bielorrusia, Eritrea, Irán, Siria, Myanmar, Nicaragua y los Territorios Palestinos Ocupados.

Perú respaldó el Llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a la Acción Solidaria para la Mancomunidad en el Acceso a Tecnologías contra la Covid-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.

Covid-19

El Covid-19 ha tenido efectos devastadores en Perú. Hasta septiembre, el país había confirmado más de 800.000 casos y 30.000 muertes. En agosto, tenía la cantidad de muertes por habitante más elevada del mundo. El gobierno estableció un confinamiento estricto para responder a la pandemia y, el 15 de marzo, declaró el estado de emergencia, durante el cual se suspendieron algunos derechos, en especial la libertad de circulación. A partir de junio, las autoridades comenzaron a flexibilizar las restricciones del confinamiento por región y por categoría de riesgo; en este último caso, también en función de la edad.

El gobierno cerró las escuelas en marzo. Si bien las autoridades adoptaron algunas medidas para asegurar la enseñanza remota, muchos estudiantes no han podido acceder a ella. El Ministerio de Educación señaló en septiembre que 230.000 estudiantes habían abandonado la escuela y que otros 200.000 no asistían a clases, a pesar de estar inscriptos. El ministerio anunció que las escuelas volverían a abrir en 2021.

Han trascendido informes en los medios locales sobre algunos casos de abusos perpetrados por policías y soldados en la aplicación de las medidas de confinamiento por el Covid-19. En un caso, un capitán del Ejército fue filmado dando una bofetada a un joven por violar las restricciones del confinamiento.

En agosto, la policía llevó a cabo una redada en un club nocturno clandestino, que funcionaba en contravención de las reglamentaciones relacionadas con el Covid-19. Durante este hecho, se produjo una estampida en la que murieron 13 personas. En una grabación en video se ve aparentemente a la policía cerrando una puerta que era la única ruta de escape. El Ministerio del Interior indicó que las desmentidas de la policía respecto de que no cerraron la puerta eran “información falsa”.

En abril, el gobierno declaró, en respuesta al Covid-19, un confinamiento por género, que establecía que hombres y mujeres debían salir de sus casas en días distintos. Las normas no tuvieron en cuenta a las personas transgénero, y los medios de comunicación reportaron varios casos de abuso policial contra estas personas. El gobierno revirtió la medida poco más de una semana después de su aprobación, y señaló que la mayoría de las compras se realizaban sólo los días en que las mujeres tenían permitido salir.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación sanitaria crítica de las comunidades indígenas en Perú, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Perú respaldó el Llamamiento de la Organización Mundial de la Salud a la Acción Solidaria para la Mancomunidad en el Acceso a Tecnologías contra la Covid-19, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.