Desde que en 2018 el expresidente Jimmy Morales se rehusó a prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, el ritmo de las investigaciones se ha desacelerado y esto ha limitado la posibilidad de rendición de cuentas en casos de corrupción a gran escala y abuso de poder. El actual Presidente Alejandro Giammattei, que asumió el cargo en enero de 2020, estuvo de acuerdo con que se pusiera fin al mandato de la CICIG.
Giammatei y su gobierno han mostrado una actitud hostil frente a la prensa, y se los ha acusado de ocultar información sobre casos de Covid-19.
Existen demoras importantes en el nombramiento de jueces y magistrados de las altas cortes. El proceso de nombramiento a cargo del Congreso ha estado marcado por acusaciones de corrupción. El Congreso ha ignorado decisiones de la Corte de Constitucionalidad que exigían el nombramiento de candidatos idóneos y, en vez de esto, ha ordenado a los fiscales que impulsen cargos penales contra magistrados de la mencionada corte por haberse pronunciado sobre la cuestión.
El Procurador de los Derechos Humanos se enfrenta a un esfuerzo del Congreso de removerlo de su cargo y a una posible investigación penal por promover los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos.
Guatemala atraviesa desafíos en la protección de los derechos de solicitantes de asilo, defensores de derechos humanos, mujeres y niñas, personas con discapacidad y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.
Seguridad pública, corrupción y justicia penal
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones criminales, que el gobierno no ha podido o no ha deseado controlar, siguen siendo serios problemas en Guatemala. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas a irse del país, incluidos niños, niñas y adolescentes no acompañados.
En los últimos años, las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público han puesto al descubierto más de 60 tramas de corrupción, en los cuales estaban implicados funcionarios de los tres poderes del estado. Estas investigaciones propiciaron en 2015 la renuncia y la detención de los entonces presidente y vicepresidenta.
Sin embargo, las largas demoras impiden la rendición de cuentas, ya que, a menudo, la justicia no observa los plazos legalmente establecidos y puede tardar meses en reprogramar audiencias suspendidas. Es común que haya demoras irrazonables en procesos penales contra poderosos actores debido al uso excesivo de recursos judiciales por parte de los acusados. Persisten problemas como la intimidación de jueces y fiscales y corrupción en el sistema de justicia.
Separación de poderes e independencia judicial
De acuerdo con el derecho guatemalteco, el Congreso debe seleccionar y nombrar a jueces y magistrados a partir de listas que presentan las Comisiones de Postulación. El proceso carece de un sistema homogéneo para la clasificación de los candidatos y está marcado por decisiones arbitrarias y conflictos de intereses.
A finales de octubre de 2019 deberían haberse cubierto trece vacantes en la Corte Suprema y 135 en las Cortes de Apelaciones para el período 2019-2024. El 26 de febrero de 2020, en respuesta a una petición de la Fiscalía, la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso de nombramiento, a partir de una investigación penal que puso al descubierto pruebas de posible tráfico de influencias en la selección de los jueces. El 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso avanzara en los nombramientos, pero exigió a los legisladores que analizaran si los candidatos cumplían con los requisitos constitucionales y si sus nombres habían sido mencionados en la investigación penal. Al momento de preparación de este informe, el Congreso aún no había elegido a los jueces y magistrados.
Sin embargo, el 28 de junio, el Congreso solicitó al Ministerio Público que investigara a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que habían dictado sentencia en el proceso de selección, por supuesta comisión de los delitos de prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad. Estos delitos acarrean penas de hasta 10 años de prisión.
El 7 de agosto, el Ministerio Público anunció que se investigarían los delitos presuntamente cometidos por decenas de funcionarios públicos que gozan de inmunidad, incluidos 92 diputados del Congreso, 13 magistrados suplentes de la Corte Suprema, 7 miembros de la Comisión Permanente del Congreso y 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
Los pocos avances que Guatemala había logrado en los últimos años en la resolución de graves delitos parecen haberse estancado.
En marzo de 2019, el Congreso completó la segunda instancia de aprobación (de las tres requeridas) de un proyecto que otorgaría la amnistía en casos de genocidio y otras atrocidades, una medida claramente violatoria del derecho internacional de los derechos humanos. Ese mismo mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una decisión vinculante que obligaba a Guatemala a archivar el proyecto legislativo. En julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un pronunciamiento similar. No obstante, al momento de elaboración del presente informe, el proyecto no se había archivado.
Libertad de expresión
El gobierno del presidente Giammattei ha manifestado abiertamente su hostilidad hacia la prensa y ha limitado el acceso a información con respecto a los casos confirmados y a las medidas para abordar el Covid-19.
En 2020, funcionarios atacaron a medios y a periodistas con comentarios para desacreditarlos, acusaciones falsas y retórica en rechazo a la prensa. Hasta julio, se habían presentado ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas más de 60 denuncias de amenazas y ataques contra periodistas por parte de particulares, miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Las denuncias incluían casos de robo, abuso y homicidio.
El 27 de febrero, hombres armados no identificados dispararon al periodista Bryan Guerra, que trabajaba en el canal de noticias por cable TLCOM. Guerra murió el 3 de marzo. Al momento de la redacción de este informe, las autoridades guatemaltecas no habían anunciado avances en la investigación ni identificado un posible móvil para el hecho. Guerra se suma a la lista de 17 periodistas guatemaltecos asesinados entre 2000 y 2020.
En septiembre, Miguel Martínez, director de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno —una comisión del poder ejecutivo a cargo de coordinar los ministerios y darles apoyo y asesoramiento—, presentó una denuncia penal contra el medio de comunicación en línea Plaza Pública por acoso, amenazas e intento de extorsión contra él y su familia. La denuncia se planteó luego de que Plaza Pública publicara un informe sobre supuestos vínculos comerciales entre Martínez y el Presidente Giammattei, a través de lo que, según la nota, podría ser una sociedad ficticia.
Defensores de derechos humanos
A principios de 2020, los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se intensificaron, según lo indica la organización no gubernamental Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). Dicha organización denunció que 651 defensores de derechos humanos fueron objeto de diversos tipos de ataques o acoso desde enero de 2019 hasta el primer cuatrimestre de 2020.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que al menos ocho defensores de derechos humanos habían sido asesinados entre junio y agosto de 2020.
El 10 de agosto, Benoit María, representante de la organización francesa sin fines de lucro Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF), fue asesinado por personas no identificadas. Su automóvil recibió al menos 17 impactos de arma de fuego. AVSF suspendió su trabajo en Guatemala mientras se investigaba el homicidio.
En febrero de 2020, legisladores oficialistas en el Congreso aprobaron reformas a la ley que reglamenta a las ONG y limitaron su derecho a la libre asociación. El mes siguiente, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente los cambios, que habrían permitido al Gobierno clausurar a organizaciones por perturbar el orden público y establecer restricciones que les dificultaran recibir fondos internacionales.
Derechos sexuales y reproductivos
El Congreso continúa analizando el proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que ampliaría la penalización del aborto. En la actualidad el aborto solamente es legal cuando está en riesgo la vida de la persona embarazada. El proyecto podría exponer a las mujeres con abortos espontáneos a la posibilidad de ser juzgadas penalmente yelevaría la pena máxima para el aborto de 3 a 10 años de prisión.
El 12 de agosto de 2020, la Corte Suprema determinó que el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, había incumplido con una decisión de 2017 en virtud de la cual se ordenaba a su institución abstenerse de realizar actividades que apoyaran o promovieran el aborto, que presentaran el aborto como un derecho o que promovieran su legalización. La decisión infringe los estándares internacionales de derechos humanos, sobre derechos sexuales y reproductivos. Varios organismos internacionales han instado a Guatemala a despenalizar y legalizar el aborto y a garantizar el acceso a servicios de aborto seguro.
El Código Civil guatemalteco limita los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad.
Orientación sexual e identidad de género
No existen en Guatemala leyes integrales que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los empleadores, propietarios de viviendas de alquiler, centros de salud, escuelas, y otras instituciones públicas y privadas, no enfrentan sanción alguna si actúan de manera discriminatoria. Ninguna ley permite que las personas transgénero cambien su nombre o su identificador de género en los documentos oficiales.
El proyecto de “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” contiene disposiciones que discriminan a las personas LGBT. Define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y establece que la “libertad de conciencia y expresión” protege a las personas de ser “obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”.
En junio de 2020, varios legisladores intentaron destituir al procurador de los derechos humanos de su cargo por utilizar la bandera arcoíris en las redes sociales para conmemorar el mes del Orgullo, y por divulgar videos en los cuales instaba al gobierno a cumplir su obligación de prevenir la violencia y la discriminación contra las personas LGBT. Al momento de elaboración de este informe, el intento de destitución no había prosperado.
Solicitantes de asilo y refugiados
El Acuerdo de Cooperación sobre Asilo (ACA) entre Estados Unidos y Guatemala entró en vigor en noviembre de 2019 y permitió que se trasladara rápidamente a solicitantes de asilo no guatemaltecos a Guatemala, sin permitirles presentar solicitudes de asilo en EE. UU. En el marco de ese acuerdo, entre el 21 de noviembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020, Estados Unidos transfirió a Guatemala a 939 solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños, la gran mayoría mujeres, niños y niñas.
El Presidente Giammattei ha reafirmado el compromiso de Guatemala con el ACA. Hay evidencias de que los solicitantes de asilo sufren maltratos, traumas y estrés en la frontera de EE. UU. El sistema de solicitud de asilo de Guatemala es incipiente y complicado, y no está en condiciones de ofrecer una protección efectiva a los solicitantes de asilo trasladados forzadamente desde Estados Unidos.
A mediados de marzo, los traslados en virtud del ACA se suspendieron temporalmente en respuesta a la pandemia de Covid-19. En octubre, un grupo numeroso de migrantes de Honduras que intentaban viajar a Estados Unidos ingresarona Guatemala. El Presidente Giammattei manifestó que 3.384 fueron enviados de regreso a su país.
Actores internacionales clave
Desde su inicio en 2007, hasta que el gobierno decidió no extender su mandato en 2018, la CICIG, que trabajaba con el respaldo de la ONU, desempeñó un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el procesamiento de actos de corrupción y delitos violentos. La CICIG trabajó en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Identificó más de 60 estructuras delictivas, presentó más de 110 casos —en los cuales había más de 680 implicados—y planteó almenos 34 proyectos de reformas legales al Congreso. Según una encuesta realizada en abril de 2019, más del 70 % de la población apoyaba a la CICIG.
En enero de 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe sobre Guatemala, en el cual hacía referencia a “un contexto difícil en materia de derechos humanos, con altos y persistentes niveles de desigualdad, discriminación, inseguridad e impunidad”. En el informe se citaban “retrocesos significativos” en la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho, y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En septiembre de 2020, la CIDH remitió un caso a la Corte Interamericana relacionado con el otorgamiento y establecimiento de un proyecto minero en territorio de la comunidad maya. Señaló que no existía en Guatemala legislación que garantizara el derecho de la comunidad maya a la propiedad colectiva ni recursos adecuados y eficaces para proteger sus derechos. Ese mismo mes la comisión también exhortó a Guatemala a investigar, juzgar y castigar a los autores, tanto materiales como intelectuales, de los homicidios y ataques contra defensores de derechos humanos.