En 2020, no debemos perder de vista... el arranque de la cuenta atrás de 10 años para conseguir que todos los niños y las niñas tengan acceso a la educación y poner fin a las políticas gubernamentales restrictivas y discriminatorias que impiden la escolarización de millones de menores.

Estas políticas rara vez son reconocidas como lo que son: abusos a gran escala contra los derechos humanos, que perpetúan la desigualdad y la discriminación, y privan a los niños y niñas en edad escolar de la educación, un derecho fundamental para su desarrollo y capacidad de reivindicar sus derechos.

Faltan solo 10 años para que los gobiernos tengan que haber cumplido los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, adoptados por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015; y uno de cuyos objetivos principales es brindar una educación de calidad universal.

En 2019, casi 260 millones de niños y niñas no asistieron a la escuela, según la ONU, siendo las áreas en entornos de conflicto las que se vieron más gravemente afectadas: alrededor del 50 por ciento de los niños y niñas de escuela primaria pero sin escolarizar viven en esas áreas, y unos 617 millones de jóvenes de todo el mundo carecen de conocimientos básicos de matemáticas y alfabetización. A los niños y niñas con discapacidades con frecuencia no se les permite asistir a la escuela, se les pasa por alto y son ignorados. Las niñas son particularmente vulnerables al abandono escolar debido al acoso sexual, el matrimonio infantil y la discriminación de género. Los ataques con ácido de los talibanes contra niñas que asisten a la escuela ni siquiera son la punta del iceberg.

Los expertos llevan más de una década advirtiendo que se está gestando una “crisis” educativa, con un estancamiento de la calidad y el acceso a la educación, un número creciente de jóvenes que abandonan la escuela sin las habilidades que necesitan y grandes brechas en la financiación de la educación. Pero el liderazgo necesario para resolver esta situación no existe. Human Rights Watch informó por primera vez sobre la responsabilidad de los gobiernos en el “déficit en materia educativa” en 2005.

Para cerrar el déficit educativo y cumplir con la visión de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que entró en vigor hace 30 años, que consagra el derecho de todos los niños y niñas a la educación y vela por el cumplimiento de la no discriminación, los gobiernos deberían rendir cuentas por sus políticas educativas discriminatorias que niegan a los menores la oportunidad de adquirir conocimientos, romper el ciclo de pobreza y participar plenamente, tanto económica como socialmente, en sus comunidades.

Las niñas están siendo expulsadas de la escuela por factores que incluyen la alta prevalencia de la violencia sexual y el acoso en sus comunidades y escuelas, la discriminación de género y el matrimonio infantil. Las niñas enfrentan múltiples obstáculos diarios a la escolarización, desde las tasas y los costos escolares hasta la ausencia de baños adecuados e incluso la menor disponibilidad de escuelas para niñas que niños, que podrían superarse si los gobiernos tomasen medidas para abordarlas a gran escala. Human Rights Watch descubrió que las escuelas en Tanzania, Guinea Ecuatorial y Sierra Leona habían expulsado a decenas de miles de niñas que se habían casado o quedado embarazadas, diezmando su futuro, y perjudicando por consiguiente también el de sus hijos.

Los niños y niñas con discapacidades a menudo no pueden matricularse en absoluto: casi el 50 por ciento no asisten a la escuela, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Otros están segregados en instituciones que carecen de cualquier mandato para educarlos, como sigue siendo el caso en países como Armenia, Líbano, Serbia y Rusia. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho a la educación, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo un sistema educativo igualitario e inclusivo en todos los niveles.

Según UNICEF, desde Europa Central hasta Asia Central, tres cuartas partes de los 5,1 millones de niños y niñas con discapacidades están excluidos de la educación inclusiva y de calidad. En Kazajstán e Irán, los organismos y exámenes médicos obligatorios del gobierno pueden excluir por completo a los niños y niñas con discapacidad de la educación. Países como Nepal han mejorado la accesibilidad pero aún aíslan a los niños y niñas con discapacidades en aulas separadas, con docentes que carecen de la capacitación adecuada. Sudáfrica afirma haber logrado la matriculación universal en la educación primaria, pero la ausencia de una educación inclusiva mantiene a cerca de 600.000 niños con discapacidad sin escolarizar.

Los niños y las niñas no solo pierden el acceso a la educación durante un conflicto, sino también mucho después. En Siria, un tercio de las escuelas han sufrido daños o están destruidas, y muchas seguirán así durante años. Irak declaró la victoria sobre el grupo extremista ISIS en 2017, pero desde entonces ha impedido que decenas de miles de menores iraquíes vayan a la escuela porque sus padres son presuntos defensores del ISIS. Menos del 15 por ciento de los miles de niños y niñas solicitantes de asilo confinados por Grecia en las islas del Egeo tienen acceso a una educación formal. Bangladesh abrió su frontera en 2017 a los refugiados de las minorías rohingya que huyen de atroces crímenes cometidos en Myanmar, pero desde entonces ha prohibido a casi 400.000 niños y niñas recibir educación real porque no quiere que los rohingya permanezcan en el país. Y en Afganistán, el número de niños, especialmente niñas, que asisten a la escuela en algunas áreas está disminuyendo debido al recrudecimiento de la violencia y el repliegue de los donantes.

Bajo el derecho internacional, los Estados están obligados a utilizar los recursos máximos disponibles para cumplir con el derecho fundamental a la educación de todos los niños. Pero algunos gobiernos, incluidos aquellos con grandes recursos, como Guinea Ecuatorial, tratan el derecho a la educación con desdén, al no invertir o malgastar corruptamente los recursos necesarios para la educación. La insuficiente inversión por parte de Pakistán en educación pública ha dejado a 22,5 millones de niños sin escolarizar y afecta especialmente a las niñas: el 32 por ciento no asiste a la escuela primaria, en comparación con el 21 por ciento de los niños; y para el noveno grado (alrededor de 14-15 años), solo el 13 por ciento de las niñas siguen yendo a la escuela.

La falta de acceso a la educación es relegado con demasiada frecuencia como un problema de “desarrollo” que se puede solucionar con campañas, programas de reducción de la pobreza y mejoras graduales en la calidad. Pero nada de eso se sostiene cuando se trata de poner fin a políticas perjudiciales y abusivas.

Aunque la mayoría de los menores sin escolarizar se encuentran en países de bajos ingresos, también existen brechas enormes y crecientes en el acceso y el aprendizaje en los países de ingresos medios y altos. El origen del problema no siempre es la pobreza, sino la discriminación arraigada y la exclusión sostenida, perpetuada por la impunidad de los gobiernos que mantienen negligente o intencionalmente a los niños fuera de sus sistemas educativos, incluso mediante una inversión insuficiente en la educación.

Este año supondrá un hito importante para el derecho a la educación. Conseguir que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad para 2030 significará que los gobiernos tengan que rendir cuentas por imponer políticas discriminatorias que bloquean el derecho de los niños a una educación de calidad, lo que supondría un grave abuso a gran escala contra los derechos humanos.