El Presidente Lenín Moreno ha implementado nuevas políticas orientados a reparar el daño causado a las instituciones democráticas durante los diez años que Rafael Correa ocupó la presidencia. Aunque los cambios han favorecido un clima de debate abierto, igualmente se necesitan cambios estructurales.
El 3 de octubre de 2019, se desataron protestas luego de que el Presidente Moreno firmara un decreto con medidas de austeridad que eliminaban los subsidios al combustible. En respuesta, conductores de taxis y autobuses, organizaciones estudiantiles y miles de miembros de comunidades indígenas salieron a las calles, lo cual derivó en días de conflictividad social. Algunos manifestantes participaron en graves actos de violencia. En respuesta, el gobierno declaró el estado de excepción nacional, suspendió los derechos de libertad de reunión y asociación y, más tarde, limitó el derecho de libertad de circulación en todo el país. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad habrían hecho un uso excesivo de la fuerza. El 13 de octubre, el Presidente Moreno levantó el estado de excepción. Según la Defensoría del Pueblo, 10 civiles murieron en el contexto de las manifestaciones.
Ecuador enfrenta problemas crónicos en materia de derechos humanos, incluyendo instituciones frágiles; condiciones deficitarias en los centros de detención; normas que otorgan a las autoridades amplios poderes para coartar la independencia judicial; violencia contra las mujeres; restricciones significativas en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de la salud reproductiva e irrespeto por los derechos indígenas.
La afluencia masiva de inmigrantes venezolanos plantea desafíos urgentes. El Presidente Moreno ha respondido con medidas que, en la práctica, restringen la posibilidad de los venezolanos de conseguir permisos legales de permanencia.
Libertad de expresión
El Presidente Moreno ha adoptado medidas orientadas a restablecer la libertad de expresión, que se vio gravemente debilitada mientras Correa ocupó la presidencia. Con el apoyo del Presidente Moreno, en 2018 la Asamblea Nacional reformó una ley de comunicaciones de 2013 que había concedido al gobierno amplias facultades de limitar la libertad de expresión. Los legisladores eliminaron la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo regulatorio que se había usado para hostigar y sancionar a medios de comunicación independientes. Sin embargo, la ley reformada contiene disposiciones problemáticas. Por ejemplo, una de ellas califica a las “comunicaciones” de “servicio público” y otra concede a las personas que puedan demostrar que los medios publicaron informaciones inexactas o agraviantes sobre ellas, el derecho irrestricto a que se publique una rectificación y una oportunidad de réplica.
En 2018, tres ecuatorianos que investigaban la violencia en la frontera entre Ecuador y Colombia para el periódico El Comercio fueron secuestrados por guerrillas colombianas y sus cuerpos se hallaron posteriormente en Colombia. En 2018, un equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que “no se ha avanzado satisfactoriamente” en cuanto a la investigación del caso que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Ecuador. En noviembre, la presidenta de la CIDH anunció que el informe definitivo sobre el caso se presentaría a fin de año.
Independencia judicial
Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Durante el gobierno de Correa, altos funcionarios y miembros del Consejo de la Judicatura interfirieron en casos en los cuales tenía interés el gobierno, así como en el nombramiento y la destitución de jueces.
En la presidencia de Moreno, un Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de transición, designado tras un referéndum popular celebrado en 2017, destituyó a miembros del Poder Judicial que determinó que habían creado un sistema que favorecía intereses del gobierno. Se encomendó al CPCCS la misión de evaluar el desempeño de instituciones y autoridades estatales claves y se lo facultó para disponer su reemplazo.
Durante su revisión de la Corte Constitucional, el CPCCS de transición destituyó a todos los magistrados y dejó vacantes los cargos varios meses. A comienzos de 2019, tras un riguroso proceso de selección previsto en la legislación ecuatoriana, se designó una Corte Constitucional permanente.
En mayo, el CPCCS permanente, elegido por votación popular, anunció que evaluaría el desempeño y la designación de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional. En respuesta, la Asamblea Nacional destituyó a cuatro miembros permanentes del CPCCS, a los que acusó de extralimitarse en sus facultades. En julio, el CPCCS revirtió su decisión.
En enero, el CPCCS de transición nombró a miembros permanentes del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura permanente luego anunció que revisaría el desempeño de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Aunque los magistrados se opusieron, la revisión seguía en curso cuando se preparó este informe.
Sigue vigente el marco jurídico que permitió la injerencia política en el poder judicial durante la presidencia de Correa. El Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador permite al Consejo de la Judicatura suspender o destituir a funcionarios judiciales, incluidos jueces, que actúen con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. Esta norma amplia, que se usó para suspender o destituir a 145 jueces entre enero de 2013 y agosto de 2017, expone a los jueces a presiones políticas y socava la independencia judicial. Entre enero y agosto de 2019, se destituyó a 19 jueces por “errores inexcusables”, luego de que un tribunal superior determinara que habían cometido graves errores. Al momento de elaboración de este informe, la Corte Constitucional estaba revisando la constitucionalidad de la norma.
Derechos de pueblos indígenas
La constitución reconoce a los pueblos indígenas el derecho colectivo a “consulta previa, libre e informada” con respecto al desarrollo de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Este requisito constitucional se diferencia del estándar internacional que exige por el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas con respecto a todas las medidas que los afecten, incluidos proyectos que puedan impactar en sus tierras ancestrales. Durante años, los pueblos indígenas han manifestado que no se los consulta debidamente sobre la explotación de sus tierras ancestrales.
En abril, un tribunal de Pastaza invalidó una consulta realizada por el gobierno ecuatoriano en 2012 al pueblo Waorani antes de subastar tierras a empresas petroleras. El tribunal suspendió las actividades tras determinar que Ecuador no había cumplido con la obligación constitucional de realizar una consulta libre, previa e informada al pueblo Waorani.
En septiembre, un tribunal de apelación en la provincia de Pastaza hizo lugar al reclamo del pueblo Kichwa de que las autoridades habían ignorado su derecho constitucional a la consulta previa en relación con un proyecto hidroeléctrico en la Amazonía ecuatoriana.
Condiciones en centros de detención
La sobrepoblación, las condiciones deficitarias y la violencia en las cárceles son problemas de larga data en Ecuador. En mayo, el Presidente Moreno declaró el estado de excepción para “precautelar los derechos de las personas privadas de libertad como grupos de atención prioritaria”. El decreto suspendió ciertos derechos de los internos, incluida la libertad de asociación e información, y dispuso que la policía y las fuerzas armadas coordinaran acciones para asignar personal a establecimientos penitenciarios.
Un enfrentamiento armado ocurrido en mayo entre internos de la penitenciaría Litoral en Guayaquil dejó un saldo de seis presos muertos. El defensor del pueblo atribuyó lo ocurrido al “hacinamiento y la inexistencia de una política gubernamental de seguridad”.
Juicios por abusos del pasado
Una comisión de la verdad creada por el gobierno de Correa para investigar abusos gubernamentales ocurridos entre 1984 y 2008 documentó graves violaciones de derechos humanos contra 456 víctimas, incluidas 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones. Una unidad de fiscalía especial creada en 2010 ha iniciado procedimientos judiciales en menos de 15 casos. Solamente en dos se dictó sentencia definitiva. Los demás casos parecen no haber tenido avances.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho a acceder a un aborto se limita a casos en que la salud o vida de la mujer estén en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una persona con discapacidad mental. Las penas previstas para los abortos ilegales son de hasta dos años de cárcel. El temor a ser procesadas provoca que algunas mujeres y niñas recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide que víctimas de violencia sexual accedan a servicios. En septiembre, la Asamblea Nacional rechazó una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación.
Una encuesta realizada por el gobierno en 2012 reveló que existen altas tasas de violencia de género, y se estima que una de cada cuatro mujeres enfrenta violencia sexual a lo largo de su vida. Preocupa particularmente el alto índice de violación de niñas adolescentes. Cerca de 2.000 niñas de menos de 14 años dan a luz cada año en Ecuador. Se considera que todos son embarazos productos de violación, dado que 14 años es la edad para el consentimiento sexual.
Entre enero de 2014 y agosto de 2019, el gobierno registró 343 femicidios, con 141 condenas; 32 se cometieron en 2019. El Código Penal de Ecuador define femicidio como el ejercicio de relaciones de poder que tiene como resultado la muerte de una mujer “por el hecho de serlo”.
Violencia sexual contra niños y niñas
Entre enero de 2014 y junio de 2018, el Ministerio de Educación de Ecuador recibió 4.111 denuncias de violencia sexual contra estudiantes; de estas, 1.837 estaban vinculadas con el ámbito escolar. También reabrió 734 denuncias que el ministerio había archivado o suspendido.
Desde 2017, el gobierno ha dado pasos importantes para abordar la violencia de género vinculada con el ámbito escolar, y ha lanzado campañas públicas de información, programas de capacitación y una base de datos para documentar todos los casos de violencia sexual en escuelas.
En un referéndum de febrero de 2018, los votantes apoyaron mayoritariamente una propuesta para eliminar el plazo de prescripción constitucional para los delitos sexuales contra niños y niñas menores de 12 años y adolescentes de entre 12 y 18 años. Cuando se elaboró este informe, el gobierno todavía no había presentado una ley para promulgar el cambio.
Orientación sexual e identidad de género
Si bien la constitución define el matrimonio como la unión “entre hombre y mujer”, la Corte Constitucional en junio se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, e invocó para esto disposiciones constitucionales y del derecho internacional que protegen contra la discriminación. En julio, el Registro Civil registró el primer matrimonio entre personas del mismo sexo.
Derechos laborales
En febrero, el Ministerio de Trabajo clausuró Furukawa Plantaciones, que producía cáñamo de manila, cuya fibra se emplea para elaborar una variedad de productos de papel. El defensor del pueblo había documentado condiciones de explotación laboral y graves violaciones de derechos humanos, mayormente contra familias afrodescendientes que vivían en la plantación y trabajaban para la empresa desde hacía décadas. En abril, el defensor del pueblo emitió un informe complementario donde puso de manifiesto las omisiones de las instituciones públicas, como no haber investigado ni sancionado posibles conductas constitutivas de delitos.
Refugiados
Ecuador ha recibido una afluencia masiva de exiliados venezolanos, muchos de los cuales se dirigen a terceros países. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que, hasta noviembre, 385.042 migrantes y refugiados venezolanos vivían en Ecuador.
En enero, en respuesta al homicidio de una joven embarazada perpetrado por un hombre de nacionalidad venezolana en la ciudad norteña de Ibarra, Ecuador anunció nuevo requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos. Esto incluyó certificaciones de antecedentes penales y documentos de identidad venezolanos oficiales. Posteriormente al hecho, se produjeron varios ataques violentos de corte xenófobo contra personas venezolanas.
Aunque la Corte Constitucional suspendió momentáneamente los requisitos de ingreso mientras los evaluaba, en agosto el gobierno anunció una visa de residencia temporaria de tipo humanitaria de dos años para los venezolanos. Esta visa incluye requisitos que hacen que, en la práctica, a los venezolanos les resulte más difícil solicitarla.
Actores internacionales clave
El Presidente Moreno sigue restableciendo las relaciones con el sistema interamericano de derechos humanos. En noviembre, la CIDH llevó a cabo sesiones públicas y privadas en Quito.
En abril, Ecuador puso fin al asilo que había concedido en 2012 al fundador de Wikileaks, Julian Assange, e invitó a la policía británica a proceder a su aprehensión en la embajada en Londres. El asilo se había concedido a Assange sobre la base del riesgo de que fuera extraditado a EE. UU. por haber publicado documentos clasificados que filtró Chelsea Manning. EE. UU. pidió al Reino Unido que extraditara a Assange poco después de quedar a disposición de las autoridades británicas. Tras la detención de Assange, Ecuador permitió que EE. UU. allanara el departamento en la embajada y confiscara los documentos, archivos digitales y dispositivos que encontrara. La Audiencia Nacional de España está investigando a la empresa de seguridad privada contratada por Ecuador para ocultar micrófonos y cámaras en todos los ambientes del departamento, incluido el baño, donde Assange intentaba tener conversaciones en privado con sus abogados. Como motivo para revocarle el asilo, Ecuador citó el comportamiento de Assange en la embajada y que éste había publicado materiales políticamente comprometedores.
En septiembre, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud visitó Ecuador. El Relator Especial destacó que mujeres y niñas, niños y adolescentes, miembros de comunidades LGBTI, personas que viven con VIH/sida y las personas en condición de movilidad humana siguen enfrentando obstáculos específicos para efectivizar su derecho a la salud, y expresó que la “violencia contra las mujeres y las niñas en Ecuador es endémica”.
El gobierno de Moreno ha seguido expresando consternación por la continuidad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En abril, el presidente Moreno instó a concertar “una pronta transición en Venezuela que lleve a elecciones generales a la brevedad posible, y garantizar los derechos humanos de todos”.
Por invitación del gobierno ecuatoriano, delegaciones de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron el país a fines de octubre para examinar señalamientos de violaciones de derechos humanos en la respuesta gubernamental a las protestas de octubre. Los informes finales todavía no se habían publicado cuando se preparó este documento.