Las llegadas de solicitantes de asilo e inmigrantes cayeron por cuarto año consecutivo. En los primeros 10 meses del año, habían sido registrados 122.225 solicitantes de asilo. A fines de junio, seguían pendientes 56.628 solicitudes.
Alemania continuó desempeñando un papel de liderazgo en el reasentamiento de refugiados en la UE. Hasta el 30 de octubre, Alemania había aceptado a 229 refugiados que habían sido rescatados en el mar. En el momento de redacción de este informe, 13 municipios habían firmado la declaración “Refugio Seguro” (Safe Haven Cities), lanzada en abril, indicando al gobierno federal que estaban dispuestos a aceptar refugiados rescatados en el mar.
Una serie de enmiendas a las leyes federales de inmigración y asilo en junio de 2019 tuvo un impacto negativo en los derechos. Las ONG criticaron las reducciones en las prestaciones sociales y los motivos para justificar la detención de inmigrantes en espera de deportación, junto con el constante uso de las cárceles para la detención de inmigrantes. Enmiendas independientes a la ley de deportación, que entraron en vigencia en agosto, limitaron la capacidad para trabajar o estudiar de los solicitantes de asilo rechazados pero que no pueden ser devueltos.
Los ataques contra refugiados, solicitantes de asilo y quienes les brindan asistencia, siguieron siendo motivo de preocupación. En la primera mitad de 2019, la policía registró 609 ataques contra refugiados y solicitantes de asilo, 60 ataques contra albergues para refugiados y 42 ataques contra organizaciones humanitarias y voluntarios. Las autoridades policiales atribuyeron la abrumadora mayoría de estos ataques a perpetradores con “motivaciones radicales de derecha”.
El gobierno reveló en octubre que 12.500 delitos penales “motivados políticamente” (una categoría que incluye crímenes de odio) habían sido cometidos por miembros de grupos de extrema derecha en los primeros ocho meses del año.
En Bavaria estaban pendientes varias impugnaciones constitucionales contra leyes que permiten
a la policía mantener a personas bajo custodia preventiva durante un período de hasta tres meses, en algunos casos sin acceso a un abogado, bajo el argumento de que podrían representar un peligro para la seguridad nacional más que por haber cometido un delito. Durante todo el año, legisladores en al menos otros cuatro estados alemanes propusieron o aprobaron disposiciones similares.
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