La salida prevista del Reino Unido de la UE (Brexit) debilitó a las instituciones democráticas y puso en riesgo los derechos humanos y el Estado de derecho.
En septiembre, el Parlamento obligó al gobierno a publicar un documento de planificación clave que describía los posibles impactos de la salida del Reino Unido de la UE sin un acuerdo (conocido como Brexit “sin acuerdo”). Su publicación planteó serios problemas de derechos, incluidos los relacionados con el acceso a alimentos y medicamentos adecuados, la escasez de combustible, las interrupciones de la atención social para las personas mayores y las personas con discapacidad, el posible desorden público y el riesgo de una mayor actividad disidente en Irlanda del Norte. El gobierno aceptó que un “Brexit sin acuerdo” tendría un mayor impacto en los grupos económicamente vulnerables y marginados.
En septiembre, la Corte Suprema dictaminó que la suspensión de cinco semanas del Parlamento por parte del gobierno a principios del mismo mes fue ilegal, y provocó la retirada del Parlamento. El gobierno se vio obligado por una ley adoptada por el Parlamento en septiembre, a buscar una extensión de la membresía del Reino Unido en la UE con el objetivo de evitar un Brexit sin acuerdo. Fuentes del gobierno criticaron el fallo de la Corte Suprema y amenazaron con ignorar la ley vinculante que requería una solicitud de extensión.
La extensión fue otorgada por la UE 27 y, en el momento de redacción de este informe, la fecha del Brexit era para finales de enero de 2020. El Parlamento se disolvió en noviembre después de que los partidos de la oposición acordaran las elecciones generales de diciembre de 2019 (que aún no se habían realizado en el momento de redactar este informe).
En mayo, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema publicó un informe sobre el impacto negativo y desproporcionado de los recortes de gastos motivados por la austeridad, combinados con la reestructuración de la seguridad social, sobre los derechos de las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad con pocos ingresos
La dependencia de la asistencia alimentaria de emergencia aumentó. La red benéfica de bancos de alimentos más grande del país, el Trussell Trust, informó haber distribuido 1,6 millones de paquetes con un suministro de alimentos de emergencia para tres días en todo el país. Independent Food Aid Network informó que, en el momento de redacción de este informe, al menos 819 centros independientes también estaban distribuyendo ayuda alimentaria.
El Reino Unido continuó deteniendo a niños inmigrantes y solicitantes de asilo.
En octubre, entró en vigor la legislación aprobada por el Parlamento del Reino Unido para despenalizar el aborto y garantizar la igualdad matrimonial en Irlanda del Norte en 2020, cuando el gobierno delegado de la región no pudo volver a reunirse, suspendido desde enero de 2017.
Más de dos años después del mortal incendio de la Torre Grenfell en Londres que acabó con la vida de 71 personas, ha habido poca rendición de cuentas por las muertes y el incendio. En octubre, se publicaron los resultados de la primera fase de la investigación pública sobre el incendio, centrándose en el día del incendio. Una investigación penal seguía en curso en el momento de redacción de este informe.
En febrero, entró en vigor una nueva ley antiterrorista, con medidas que penalizan la visualización de contenido en línea, los viajes al extranjero y el apoyo al terrorismo, y que podrían dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Las autoridades del Reino Unido continuaron ejerciendo su poder para despojar la nacionalidad a ciudadanos del Reino Unido sospechosos de participar en actividades relacionadas con el terrorismo.
En julio, el gobierno se negó a establecer una investigación judicial sobre la complicidad del Reino Unido en la tortura y detenciones secretas liderada por la CIA. En el momento de redacción de este informe, nadie en el Reino Unido había sido acusado de un delito relacionado con los abusos. En noviembre, una investigación periodística encontró evidencia de un encubrimiento por parte de las autoridades británicas de presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas británicas en Irak y Afganistán.
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