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Italia

Eventos de 2019 - Parte del capítulo de la UE

Protesta en Roma para pedir la liberación de la capitana de Sea Watch, Carola Rackete, el 29 de junio de 2019 en Roma. 

© 2019 Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images

Hubo al menos 15 enfrentamientos en alta mar debido a que las autoridades italianas se negaron a permitir que barcos de diferentes ONG desembarcaran en puertos italianos a las personas rescatadas en el mar. En junio, el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, presionó por la aprobación de un decreto del gobierno, convertido en ley por el Parlamento en agosto, que permitía a Italia prohibir a las ONG ingresar en sus aguas territoriales, incautar las embarcaciones y multar a sus propietarios. Un nuevo gobierno, establecido en septiembre, indicó que reformaría el decreto.

Hasta mediados de noviembre de 2019, 9.942 personas llegaron a Italia por mar, según el ACNUR, una disminución del 55 por ciento en comparación con 2018.

Los decretos del gobierno instituyeron en agosto, un procedimiento de asilo acelerado en la frontera y en octubre una lista de “países de origen seguros”, cuyos ciudadanos ahora enfrentan una presunción legal de que no necesitan protección.

Las estadísticas oficiales mostraron que las solicitudes de asilo se redujeron en más del 50 por ciento en comparación con el año anterior. En los primeros seis meses del año, las tasas de rechazo rondaban el 80 por ciento, significativamente por encima de la tasa de rechazo del 58 por ciento en 2017. Esto se debe en gran medida a la abolición, a fines de 2018, de los permisos de protección humanitaria.

En agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su grave preocupación por un aumento de la intolerancia, el odio racial y religioso y la xenofobia, así como por el papel de los líderes políticos y los miembros del gobierno en permitir o alentar estos fenómenos. Lunaria, una ONG italiana reportó un aumento significativo en los delitos racistas violentos en 2018: 126 incidentes en comparación con 46 en 2017.

En agosto entró en vigencia una ley para combatir la violencia de género. La ley aumenta las penas de prisión por delitos sexuales y violencia doméstica, penaliza el matrimonio forzado y exige que los fiscales se reúnan dentro de los tres días posteriores a cualquier denuncia de violencia doméstica o de género a la policía.

 

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