Francia

El control de multitudes por parte de la policía francesa y las tácticas antidisturbios, utilizadas durante las manifestaciones semanales, perjudicaron y lesionaron a miles de personas desde finales de 2018. Entre los heridos figuraban manifestantes pacíficos, estudiantes de secundaria y periodistas. Hubo críticas generalizadas a la acción policial, incluso por parte de las Naciones Unidas y el defensor del pueblo francés.

Las autoridades francesas abrieron decenas de investigaciones sobre acusaciones por uso de fuerza excesiva, pero hasta noviembre, solo dieciocho habían pasado a manos de un juez. En noviembre, el fiscal de París anunció que dos policías serían procesados por violencia, el primero de estos casos. En el momento de redacción de este informe, ninguno de los agentes había rendido cuentas.

En abril, Francia adoptó una ley contra manifestaciones que corre el riesgo de socavar el derecho a la libertad de reunión pacífica. En febrero expertos de la ONU dieron a conocer su preocupación por la ley y las restricciones ya desproporcionadas, sobre el derecho a protestar en Francia.

Durante 2019, la policía fronteriza francesa en los Alpes devolvió sumariamente a niños inmigrantes no acompañados a Italia, y algunas autoridades de protección infantil utilizaron procedimientos defectuosos de evaluación de la edad en niños inmigrantes no acompañados, privando a algunos de la protección y el cuidado a los que tienen derecho. Estos hallazgos fueron confirmados por el defensor del pueblo en un informe anual sobre los derechos del niño publicado en noviembre.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en febrero que Francia había sometido a un niño no acompañado que vivía en un campamento provisional en Calais a “trato degradante” por no tomar medidas para garantizar que fuera identificado como menor y recibiera protección y cuidado.

La policía hostigó a trabajadores humanitarios y voluntarios que prestaban asistencia vital a inmigrantes en la región de Calais y los alrededores de la frontera franco-italiana. Algunos fueron enjuiciados y condenados por su trabajo humanitario.

En abril, después de una investigación de cinco años, el defensor del pueblo francés denunció órdenes discriminatorias e ilegales en una comisaría de policía específica de París enfocadas específicamente en “personas negras y africanos del norte” para controles de identidad, y en “romaníes y personas sin hogar” para su expulsión sistemática. Las autoridades francesas no proporcionaron una respuesta formal.

En mayo, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial, publicó un informe que decía que en 2018, los actos racistas en Francia aumentaron en un 20 por ciento en comparación con 2017, con un alza de más del 70 por ciento en los actos antisemitas. El mismo informe reveló que el número de actos racistas denunciados a la policía disminuyó en un 4 por ciento. El mismo mes, la ONG SOS Homophobie dijo que recibió un 66 por ciento más de denuncias de ataques físicos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en 2018 en comparación con 2017.

En mayo, 17 organizaciones humanitarias y de derechos humanos denunciaron amenazas a la libertad de prensa después de que tres periodistas franceses fueron convocados por los servicios de inteligencia franceses por investigar el uso de armas francesas por la coalición liderada por Arabia Saudita en el conflicto en Yemen.

En septiembre, el gobierno anunció iniciativas para intensificar la lucha contra la violencia doméstica, incluidas medidas para facilitar la denuncia de incidentes y un aumento de los espacios de refugio. Grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno por no asignar suficientes recursos para implementar los planes. Hasta noviembre, 136 mujeres habían sido asesinadas en actos de violencia doméstica en 2019.

En octubre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que permite a las parejas de lesbianas y mujeres solteras acceder a tratamientos de fertilidad disponibles solo para parejas heterosexuales. En el momento de redacción de este informe, el proyecto de ley se encontraba ante el Senado.