Ecuador todavía enfrenta problemas crónicos en materia de derechos humanos, incluidas condiciones deficitarias en los centros de detención, leyes que otorgan a las autoridades amplios poderes para coartar la libertad de expresión y la independencia judicial, y restricciones significativas en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de salud reproductiva.
El presidente Lenín Moreno, que asumió en mayo de 2017, ha implementado nuevas políticas que han favorecido un clima de debate abierto y tienen como propósito reparar el daño causado a las instituciones democráticas durante la década que Rafael Correa ocupó la presidencia del país. Aunque algunas medidas han sido adoptadas y hay otras iniciativas en curso, se requieren cambios estructurales, como derogar disposiciones claves de la Ley de Comunicación que atentan gravemente contra la libertad de expresión.
En febrero de 2018, los ecuatorianos votaron sobre propuesta del presidente Moreno para reformar la constitución. El electorado apoyó todas las propuestas, incluyendo las que proponen revertir la reelección indefinida de los funcionarios públicos, eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra niños y niñas, y nombrar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana de transición, que evaluaría el desempeño de instituciones y autoridades públicas clave y estaría facultado para reemplazarlas. Cuando se preparó el presente informe, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio había suspendido a varias autoridades, incluidos el fiscal general, el defensor del pueblo y el procurador general, y designado reemplazantes provisorios.
Libertad de expresión
El presidente Moreno ha realizado cambios importantes para restablecer la libertad de expresión, incluyendo al poner fin a la presión gubernamental para determinar la línea editorial de los medios de comunicación públicos y terminar con la práctica del presidente Correa de amenazar en forma pública y perseguir a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y críticos.
En mayo, el presidente Moreno anunció que se reformaría la Ley de Comunicación de 2013, que otorga al gobierno amplias facultades para limitar la libertad de expresión. Moreno reconoció que los “estándares [internacionales] fueron expresamente vulnerados en la década pasada”. La ley exige que toda la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa”, lo cual facilita la posibilidad de represalias contra medios críticos del gobierno. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Asimismo, la ley prohíbe lo que denomina “censura”, que conforme a la definición contenida en la ley incluye situaciones en las cuales los medios de comunicación privados no difunden temas que el gobierno considere de “interés público”.
La propuesta incluye cambios positivos que podrían fortalecer la libertad de expresión, como derogar la disposición sobre “linchamiento mediático” y la obligación de los medios de dar cobertura a información que las autoridades consideran de “interés público”. Sin embargo, incluye además disposiciones problemáticas, como la obligación de rectificar la información que incumpla con el requisito poco preciso de producir “información de calidad” y la exigencia de trasmitir en cadena nacional los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la Republica, sin especificar que esto solo debería aplicarse en situaciones de emergencia.
En marzo de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana de transición cesó al titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo regulatorio creado por la ley de 2013, y nombró a su reemplazo provisorio. Durante la presidencia de Correa, la SUPERCOM se había usado para hostigar y sancionar a medios de comunicación independientes. Desde que asumió el presidente Moreno, las sanciones aplicadas por la SUPERCOM han disminuido sustancialmente. Su proyecto de reforma eliminaría la SUPERCOM, y sus poderes de aplicación se trasladarían a la Defensoría del Pueblo.
Siguen vigentes disposiciones que penalizan expresiones y opiniones, como las calumnias y las contravenciones por “expresiones de descrédito”, que se han usado en el pasado para castigar a críticos del gobierno, aunque ahora casi nunca se utilizan.
En abril, el presidente Moreno confirmó que tres ciudadanos ecuatorianos que trabajaban para el periódico El Comercio habían sido asesinados. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra habían estado investigando el agudizamiento de la violencia en la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando fueron secuestrados por guerrillas colombianas. Los cuerpos fueron hallados en Colombia en junio y repatriados a Ecuador. En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un equipo especial, con el apoyo de los gobiernos colombiano y ecuatoriano, para dar apoyo a las investigaciones, que todavía estaban en curso cuando se redactó el presente.
Libertad sindical
Durante el tiempo que ocupó la presidencia, Correa dictó decretos que concedieron al gobierno amplias facultades para intervenir en las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Por efecto de estas disposiciones, varias organizaciones que tenían una postura crítica frente al gobierno fueron disueltas o amenazadas con ello.
En octubre de 2017, el presidente Moreno reemplazó el decreto de Correa por uno nuevo que limita algunas de sus disposiciones imprecisas, pero mantiene algunas causales ambiguas para disolver organizaciones de la sociedad civil.
Al momento de redacción del presente, se encontraba en trámite en la Asamblea Nacional una propuesta de ley que daría carácter permanente al decreto de Correa, pero podría sufrir modificaciones al ser discutida en el congreso.
Independencia judicial
Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Durante el gobierno de Correa, altos funcionarios y miembros del Consejo de la Judicatura se inmiscuyeron en la resolución de casos en los cuales tenía interés el gobierno, y en el nombramiento y la destitución de jueces.
Luego de asumir, el Presidente Moreno expresó que los jueces tendrían libertad para “tomar decisiones sin ningún tipo de presión” y se comprometió a “nunca llama[r] a un magistrado para influir en él”.
En abril, el Consejo de Participación Ciudadana de transición suspendió todos los nombramientos en curso de jueces y fiscales por el Consejo de la Judicatura, mientras se evaluará su desempeño. En junio, determinó que todos los miembros del Consejo habían incurrido en actos como establecer un sistema para favorecer intereses gubernamentales en sus decisiones, por lo que todos fueron destituidos. El Consejo de Participación Ciudadana de transición designó autoridades temporales para desempeñar las actividades del Consejo de la Judicatura, hasta que se nombren autoridades permanentes. Sin embargo, luego de intensas críticas públicas, en septiembre el Consejo de Participación Ciudadana de transición suspendió su facultad de evaluar el desempeño del poder judicial, incluida la Corte Nacional de Justicia, para que tal revisión la realice un órgano permanente.
En agosto, el Consejo de Participación Ciudadana de transición destituyó a los nueve miembros de la Corte Constitucional y sostuvo, entre otras cosas, que carecían de independencia y que hubo irregularidades en el uso de fondos públicos relacionados con sus funciones. Diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la legalidad de estas destituciones y el impacto que han tenido en la independencia judicial. Desde entonces, la corte no ha sesionado.
Sigue vigente el marco jurídico que permitió la injerencia en el poder judicial durante la presidencia de Correa. El Código Orgánico de la Función Judicial de Ecuador permite al Consejo de la Judicatura suspender o destituir a funcionarios judiciales, incluidos jueces, que actúen con “dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”. Entre 2013 y agosto de 2017, 145 jueces fueron suspendidos o destituidos por haber incurrido en “error inexcusable”, según el consejo. Esta norma amplia permite destituir a jueces por errores jurídicos, los expone a presiones políticas y socava su independencia judicial.
Persecución penal de líderes indígenas
El gobierno de Correa empleó el sistema de justicia penal para actuar contra ambientalistas y líderes indígenas. Desde que asumió, el presidente Moreno ha abierto un diálogo con ellos. En julio, se reunió con líderes de CONAIE, una entidad que congrega a distintas organizaciones indígenas. La entidad indicó que presentaría una solicitud de amnistía a favor de miembros de la comunidad indígena que, según sostienen, han sido procesados arbitrariamente en los últimos años. La Asamblea Nacional rechazó un pedido anterior de amnistía para 200 personas en 2017, cuando la misma estaba presidida por un exministro de Interior del gobierno de Correa.
En mayo, la justicia absolvió al líder indígena Agustín Wachapá quien estaba acusado de “incitación a la discordia” debido a una publicación de Facebook en la que instaba a la población de la Amazonia a movilizarse contra la presencia militar dispuesta por el entonces presidente Correa en la provincia de Morona Santiago. El gobierno había enviado militares al lugar luego de que un policía muriera y varias personas resultaran heridas durante enfrentamientos entre policías y miembros de la comunidad indígena Shuar, quienes intentaban ocupar una explotación minera que, según sostenían, se construyó en tierras ancestrales sin su consentimiento.
En enero, el líder indígena shuar Pepe Acacho fue condenado a ocho meses de prisión por promover en 2009 una protesta indígena contra un proyecto legislativo que habría concedido al Estado potestad para gestionar recursos hidrológicos y eliminado las juntas indígenas que tenían tales facultades en los territorios ancestrales. Una persona fue asesinada durante la protesta. Los activistas shuar sostuvieron que la ley les quitaba el control sobre el agua en sus territorios. Todas las pruebas en las cuales se basó la imputación contra Acacho fueron dudosas, y ninguna de las declaraciones que realizó en varias entrevistas de radio —y que los fiscales citan como prueba— podría interpretarse razonablemente como incitación a la violencia. Aunque fue arrestado primero en 2011, Acacho fue liberado algunos días después, tras interponer un recurso de hábeas corpus. Acacho fue detenido nuevamente en septiembre y liberado 17 días más tarde, cuando el presidente Moreno le otorgó un indulto presidencial.
Condiciones en centros de detención
La sobrepoblación, las condiciones deficientes y la violencia en los centros de detención son problemas de derechos humanos que existen desde hace mucho tiempo en Ecuador.
En grabaciones de video filtradas al público en 2016 se ve a guardias penitenciarios que golpean a internos, algunos de ellos desnudos, y les aplican descargas eléctricas. En 2017, la Fiscalía General del Estado cambió los fundamentos de la investigación de tortura a “excesos en la ejecución de un acto de servicio”, y se negó a acusar a 34 de los 49 funcionarios implicados. Posteriormente, un juez desestimó los cargos contra todos los funcionarios. No obstante, un tribunal de apelación anuló la desestimación de los cargos. En septiembre, empezó el juicio contra 42 funcionarios acusados de tortura. El juicio seguía en trámite cuando se preparó el presente.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa para investigar abusos gubernamentales ocurridos entre 1984 y 2008 (desde el inicio de la presidencia represiva de León Febres Cordero y hasta que asumió Correa) documentó 136 casos de violaciones graves de derechos humanos que implicaban a 456 víctimas, incluidas 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones. Una unidad de fiscalía especial creada en 2010 para investigar los casos ha iniciado procedimientos judiciales en menos de diez de estos, y solamente en dos se dictó sentencia definitiva. Tanto la investigación como el enjuiciamiento de los demás casos parecen estar completamente paralizados.
Derechos de la mujer
El Código Penal de Ecuador limita el derecho a acceder a un aborto a casos en que la salud o la vida de la mujer estén en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. Las mujeres que abortan en otras circunstancias se enfrentan a penas de prisión de hasta dos años. El temor a ser perseguidas penalmente provoca que algunas mujeres y niñas recurran a abortos ilegales e inseguros, e impide el acceso por parte de víctimas de violencia sexual a servicios y atención de salud.
Una investigación de una institución académica y organizaciones de la sociedad civil, en las que se citan datos oficiales, indica que hubo 243 causas penales vinculadas con abortos en Ecuador entre 2013 y 2017. Al momento de preparación de este informe, la Comisión de Justicia analizaba un proyecto para despenalizar el aborto en casos de violación sexual, apoyado por organizaciones de la sociedad civil.
Según estadísticas gubernamentales divulgadas en 2012, cuando se realizó la encuesta nacional más reciente sobre violencia de género, seis de cada diez mujeres y niñas habían sufrido violencia de género, y una de cada cuatro, violencia sexual.
Entre 2014 y febrero de 2018, el gobierno registró 288 femicidios en el país. El Código Penal de Ecuador castiga el femicidio, al que define como el ejercicio de relaciones de poder que tiene como resultado la muerte de una mujer “por el hecho de serlo”, con penas de 22 a 26 años de cárcel. Según organizaciones de la sociedad civil, hubo 64 femicidios entre enero y octubre de 2018.
Violencia sexual contra niños y niñas
En marzo, una comisión legislativa especial creada para analizar información sobre violencia sexual contra niños y niñas comunicó que las autoridades que se desempeñaron al frente del Ministerio de Educación entre 2013 y 2017 actuaron con negligencia en el procesamiento de denuncias de abuso sexual en escuelas. Esta comisión se creó luego de que, en 2017, varios casos cobraran trascendencia pública y el Ministerio de Educación del Presidente Moreno revelara que 882 casos se habían producido en escuelas entre 2014 y 2017. La impunidad en esos casos continúa siendo la regla.
Orientación sexual e identidad de género
En Ecuador, no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Las uniones civiles han estado reconocidas desde 2008, pero no otorgan el espectro completo de derechos de los cuales gozan las parejas casadas, incluida la posibilidad de adoptar hijos.
En julio, dos tribunales de primera instancia de Cuenca emitieron fallos históricos a favor de dos parejas del mismo sexo que habían presentado un recurso contra el registro civil, que se negó a inscribir su matrimonio. Los tribunales invocaron las obligaciones internacionales de Ecuador y ordenaron la inscripción de los matrimonios. El registro civil apeló los pronunciamientos. En septiembre, un tribunal de apelaciones civil dejó sin efecto las sentencias de los tribunales de Cuenca, y determinó que la constitución ecuatoriana define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
En mayo de 2018, la Corte Constitucional del Ecuador determinó que una niña nacida en el país con dos madres de nacionalidad británica debía ser inscrita como ciudadana ecuatoriana y que el registro debía inscribir los nombres de ambas madres como progenitoras.
En octubre, un juez de familia de Quito se pronunció a favor de una niña y sus padres, que solicitaban el cambio de nombre y género en su documento de identidad, para que coincidiera con su identidad de género autopercibida. El Registro Civil apeló la decisión.
Refugiados
En septiembre, el presidente Moreno señaló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Ecuador estaba recibiendo más de 6.000 migrantes venezolanos por día. Muchos cruzan Ecuador en dirección a otros países, pero al menos 250.000 se han quedado. Se han reportado varios ataques xenófobos contra venezolanos en 2018.
En agosto, Ecuador declaró el estado de emergencia en tres provincias de la frontera norte, con el fin de atender las necesidades urgentes de los migrantes venezolanos. En agosto, Ecuador anunció que los venezolanos deberían presentar un pasaporte válido para entrar al país. Pero la medida, a la cual se opuso la Defensora del Pueblo, fue suspendida. Hasta octubre, Ecuador exigía que los venezolanos que deseaban entrar al país con sus documentos de identidad de Venezuela presentaran un certificado confirmando la validez del documento, emitido por un órgano regional o internacional o por el gobierno venezolano. En la práctica, estas medidas hacen que sea mucho más difícil para los venezolanos ingresar a Ecuador.
En septiembre, Ecuador auspició una cumbre para abordar la respuesta de la región al éxodo venezolano.
Política exterior
El presidente Moreno ha criticado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, la detención de opositores políticos y la falta de garantías democráticas en Venezuela. En junio, Ecuador se abstuvo de votar una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis venezolana. Sin embargo, en septiembre, apoyó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apartándose así del apoyo incondicional que había mostrado el presidente Correa al gobierno de Maduro. En octubre, el gobierno expulsó al embajador de Venezuela en el país, luego de que el ministro de información de Venezuela calificara de “mentiroso” a Moreno.
En julio, el gobierno ecuatoriano condenó la violencia perpetrada por miembros de las fuerzas de seguridad en Nicaragua contra estudiantes y miembros de la Iglesia católica. Manifestó consternación por las violaciones de derechos humanos, e instó al gobierno nicaragüense a investigar y castigar a los responsables.
Actores internacionales clave
El presidente Moreno ha adoptado importantes medidas para restablecer las relaciones con el sistema interamericano de derechos humanos. En mayo, visitó la Corte Interamericana y manifestó su apoyo a esa institución. En junio, Ecuador participó en una audiencia ante la CIDH sobre independencia judicial en el país. Ello rompió con la práctica del gobierno anterior —que había continuado durante 2017— de negarse a participar en esas audiencias.
En octubre, la comisión celebró una audiencia en la cual varias organizaciones de derechos humanos criticaron el modo en que el gobierno gestiona las estadísticas oficiales acerca de cuántas personas están desaparecidas desde 2014, y el modo en que la Fiscalía General del Estado estaba investigando cientos de presuntos casos de personas cuya ubicación se desconoce.
En agosto, el Relator especial de la OEA para la libertad de expresión visitó Ecuador por primera vez en más de una década. En octubre, el Relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión visitó Ecuador invitado por el presidente Moreno.