En agosto, Francia endureció su ley de inmigración y asilo. El defensor del pueblo francés, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las ONG criticaron la ley por socavar el acceso al asilo, incluso mediante el debilitamiento de los derechos de apelación y las salvaguardias para las personas sometidas a los procedimientos acelerados de asilo. La ley no prohibió la detención de niños inmigrantes a pesar de los seis fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que dicha detención por parte de Francia constituye una violación de sus derechos.
En abril y mayo, el defensor del pueblo francés denunció las terribles condiciones de vida de los inmigrantes y solicitantes de asilo en los campamentos de La Villette, en París, y en Grande-Synthe, en el norte de Francia, y dijo que su desmantelamiento sólo podía efectuarse si se implementaban soluciones sostenibles que respeten los derechos fundamentales. Las autoridades desalojaron los campamentos a fines de mayo y principios de septiembre, respectivamente. Las condiciones de vida de los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el área de Calais siguen siendo indignas y el acoso a los trabajadores humanitarios por parte de la policía continuó.
Las autoridades de protección infantil en París siguieron recurriendo a procedimientos de evaluación de edad deficientes para los niños inmigrantes no acompañados, negándoles a muchos los cuidados que necesitan y a los que tienen derecho, y dejando a cientos de ellos sin hogar.
En julio, el Consejo Constitucional dictaminó que la solidaridad es uno de los valores más importantes de la república francesa y que, por lo tanto, la asistencia a los inmigrantes indocumentados no debería ser criminalizada “cuando estos actos se llevan a cabo con fines humanitarios”. Esta decisión quedó consagrada en la ley de inmigración y asilo de agosto. A las ONG les sigue preocupando que los jueces puedan hacer una interpretación muy restringida de la excepción humanitaria de una manera que permita los procesamientos.
Desde fines de 2017, la Oficina de Asilo de Francia seleccionó a 458 refugiados que se encuentran actualmente en campamentos de Níger y Chad para su reasentamiento. Francia se comprometió a reasentar a 3.000 refugiados de esa región antes de octubre de 2019.
En mayo, la ONG SOS Homophobie dijo que registró un aumento del 15 por ciento en el número de denuncias por ataques físicos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en 2017 en comparación con 2016. En noviembre, el primer ministro Edouard Philippe anunció un incremento del 69 por ciento en los ataques antisemitas en los primeros nueve meses de 2018, en comparación con 2017. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en marzo que los actos violentos contra los musulmanes aumentaron en 2017 en un 8 por ciento en comparación con 2016.
La celebrada decisión de incluir el acceso a la educación inclusiva en la estrategia nacional para el autismo lanzada en abril contrastó con una ley de vivienda adoptada en octubre que reduciría la obligación de garantizar que las nuevas viviendas sean accesibles para personas en sillas de ruedas.
En agosto, Francia adoptó una nueva ley de violencia sexual dirigida a combatir el acoso sexual y la violencia sexual contra los niños. La ley convierte en delito el acoso en la calle, aumenta el estatuto de limitación de los delitos sexuales contra niños de 20 a 30 años y otorga a los jueces el poder de decidir caso por caso que el sexo de un adulto con un niño menor de 15 años es una violación. Sin embargo, se queda corta al no criminalizar todo tipo de relaciones sexuales con un niño menor de 15 años como una violación. En septiembre, un hombre fue declarado culpable de acoso sexual callejero (“outrage sexiste”) por primera vez bajo la nueva ley y fue multado con 300 euros (aproximadamente US$340).
El Examen Periódico Universal de Francia tuvo lugar en enero y el informe fue adoptado en junio. Francia aceptó recomendaciones para eliminar los perfiles étnicos en los controles de identidad, pero no tomó medidas legislativas para poner fin a tales prácticas.
En una visita a Francia en mayo, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo expresó su preocupación por la ley contra el terrorismo de 2017, que incorpora el estado de emergencia en el derecho ordinario y no incluye salvaguardias suficientes en el uso de medidas no penales contra los sospechosos de terrorismo.
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