Los problemas de derechos humanos de larga data en Argentina incluyen el abuso policial, las condiciones de detención deficientes, la violencia endémica contra las mujeres, las restricciones al aborto, las dificultades en el acceso a servicios reproductivos y los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para ejercer los derechos que les reconoce el derecho argentino e internacional.
También son preocupantes la impunidad por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que se produjo en Buenos Aires en 1994, las disposiciones penales imprecisas que cercenan la libertad de expresión y las demoras en la designación de jueces permanentes.
En 2017, Argentina creó una agencia federal para garantizar el acceso a información oficial. Argentina continúa logrando avances significativos en la protección de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y en el juzgamiento de abusos cometidos por funcionarios durante la última dictadura militar (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas causas.
Juicios por abusos del pasado
Hasta noviembre de 2017, según el Ministerio Público, había 2.971 personas imputadas, 818 condenadas y 99 absueltas en relación con delitos presuntamente cometidos durante el último gobierno militar argentino. De 613 casos de presuntos delitos de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 193.
Los juicios fueron posibles gracias a una serie de medidas adoptadas a comienzos de la década de 2000 por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y jueces federales que declararon la nulidad de las leyes de amnistía y los indultos concedidos a exmilitares implicados en los delitos. Hasta septiembre de 2017, se había encontrado a 125 hijos apropiados ilegalmente de sus padres durante la infancia en la dictadura de 1976 a 1983. Muchos de ellos se reencontraron con sus familias.
En mayo, la Corte Suprema de Justicia dictó un controvertido pronunciamiento relativo a las condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El fallo dispuso que Luis Muiña, condenado por torturas y secuestros cometidos en 1977, podría beneficiarse con una ley de 1994 conocida como la ley del “2x1”, que busca reducir el uso excesivo de la prisión preventiva y acelerar los juicios de personas detenidas. La corte aplicó disposiciones de esta ley para rebajar la pena de Muiña de 13 a 9 años.
En julio, un juzgado penal de la provincia de Mendoza condenó a cuatro personas que se habían desempeñado como jueces durante la dictadura a la pena de prisión perpetua, sin posibilidad de excarcelación, por delitos de lesa humanidad como detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. También fueron condenados 24 militares, policías y agentes penitenciarios.
Debido a la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar sus garantías de debido proceso. El Ministerio Público indicó en octubre que 533 personas con prisión preventiva y condenadas cumplían arresto domiciliario, un derecho que la legislación argentina reconoce a personas mayores de 70 años. En 2016, el gobierno indicó que no apelaría las sentencias judiciales que concedían el arresto domiciliario a estos detenidos y condenados.
Todavía se desconoce el paradero de Jorge Julio López, una víctima de tortura que desapareció en 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir al juicio contra uno de sus torturadores.
Libertad de expresión
En enero de 2016, la policía detuvo a Milagro Sala, una conocida líder social de la provincia de Jujuy, por su participación en protestas. Sala y otras personas se habían reunido en la capital provincial para protestar por un decreto del gobernador que pretendía regular a organizaciones que, como la de Sala, implementan programas de vivienda y bienestar social con fondos públicos.
Sala fue acusada de instigar a otros manifestantes a cometer delitos y también de sedición. A su vez, estaba siendo investigada por supuesta corrupción. En julio, se dispuso su arresto domiciliario, en respuesta a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Sala. Pero Sala regresó a prisión en octubre, supuestamente, por no haber cumplido con las condiciones de su arresto domiciliario.
En abril de 2017, el gobierno argentino asumió el compromiso de reformar el código penal para modificar y limitar la definición del delito de sedición. No obstante, a la fecha de redacción de este informe, todavía no había presentado una propuesta formal al Congreso.
Al asumir, el Presidente Mauricio Macri dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia para regular los medios de comunicación, y creó un nuevo organismo dentro del ámbito del Ministerio de Comunicaciones para implementar las nuevas normas. En julio de 2016, el gobierno señaló estar trabajando en la redacción de una ley de comunicaciones que, según anunció, respetaría la libertad de expresión. Al momento de elaboración de este informe, la ley aún no había sido presentada ante el Congreso. Sin embargo, el nuevo ente —que supuestamente tiene carácter provisorio y carece de independencia estructural del poder ejecutivo— ya había dictado resoluciones de reglamentación de medios.
En 2016, el gobierno de Macri dictó una resolución que estableció criterios transparentes para prevenir el favoritismo en la contratación gubernamental de pauta oficial en los medios. En agosto de 2017, el gobierno nombró al titular de una agencia nacional responsable de garantizar el acceso a información en poder de organismos públicos, dando así cumplimiento a una ley aprobada por el Congreso en 2016. Sin embargo, en algunas provincias y municipios todavía no existen este tipo de leyes, lo cual menoscaba la transparencia.
Condiciones en centros de detención y abusos
Subsisten en las cárceles argentinas problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. La Procuración Penitenciaria de la Nación, creada por el Congreso en 2003 para supervisar las cárceles federales y tutelar los derechos de los detenidos, informó sobre la muerte violenta de ocho presos ocurridas en cárceles federales entre enero y junio de 2017, aunque en las estadísticas no se aclara quiénes fueron los autores. Este organismo también documentó 300 supuestos casos de tortura o maltrato en cárceles federales entre enero y mayo de 2017, luego de haber registrado 608 en 2016.
Persisten en el país graves casos de abusos policiales. En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad hacen un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, a pesar del compromiso expresado en 2011 por las autoridades de al menos 19 de las 23 provincias de Argentina de asegurar que las medidas de fuerza se apliquen con proporcionalidad.
La Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público autónomo creado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, denunció que en 2016 había muerto una persona por día en contextos de detención —la mayoría de las veces por causas que podían evitarse, en instalaciones donde muy a menudo no se proporcionan tratamientos médicos adecuados— o luego de haber recibido disparos durante enfrentamientos con las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires.
El 1 de agosto, desapareció el artesano Santiago Maldonado, de 28 años, mientras visitaba una comunidad indígena mapuche en Cushamen, en la provincia de Chubut, en el sur del país. El 14 de agosto, según trascendió en los medios, dos miembros de la comunidad mapuche declararon ante el juez que interviene en la causa haber visto a miembros de la Gendarmería (una fuerza de seguridad federal) llevarse a Maldonado durante una manifestación. En octubre, se encontró su cuerpo cerca de un río en la zona. El juez que investiga la causa indicó que los resultados iniciales de la autopsia de Maldonado revelaban que, aparentemente, no presentaba lesiones causadas por terceros, y algunos expertos forenses habrían indicado que el cuerpo pudo haber estado bajo el agua hasta 60 días. Cuando se redactó este documento, el juez todavía estaba investigando las circunstancias de su muerte.
Independencia judicial y fiscal
Debido al retardo en la designación de jueces permanentes por el Consejo de la Magistratura, se han realizado nombramientos provisorios de jueces que no gozan de la garantía de inamovilidad en el cargo. En un pronunciamiento de 2015, la Corte Suprema dictaminó que esta situación atenta contra la independencia judicial. Hasta noviembre de 2016, 254 de los 979 puestos en primera instancia seguían vacantes.
En 2017, el Presidente Macri pidió al Congreso que iniciara el proceso para destituir a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, con el argumento de que carecía de la “autoridad moral” necesaria para ese puesto. Sin embargo, otros funcionarios del gobierno sugirieron que se podría expulsar a Gils Carbó mediante decreto del poder ejecutivo, evitando así el requisito legal del juicio político.
Impunidad por el atentado a la AMIA
A 22 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
La investigación se paralizó cuando Irán, país al cual el poder judicial de Argentina atribuye la responsabilidad de haber ordenado el atentado, no permitió que quienes estaban investigando el hecho entrevistaran a presuntos implicados de origen iraní en Argentina. En 2013, Argentina e Irán suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” que permitía que una comisión internacional de juristas examinara las pruebas e interrogara a ciudadanos iraníes supuestamente implicados, pero sólo en Teherán, debido a lo cual, probablemente, las entrevistas habrían sido inadmisibles en la justicia argentina. Un juzgado federal declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, y el gobierno de Macri manifestó que no apelaría esta decisión.
En agosto de 2017, el gobierno expresó que había solicitado a Interpol que se mantuvieran las circulares rojas —un tipo de orden de detención internacional— para detener a varios ciudadanos iraníes implicados en el atentado. En septiembre, la Vicepresidenta Gabriela Michetti exhortó a Irán a colaborar con las investigaciones durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
En enero de 2015, Alberto Nisman, el fiscal a cargo de investigar el atentado, fue hallado muerto en su vivienda con una única herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado, cuyo calibre coincidía con el orificio de bala. Su muerte se produjo apenas días después de haber presentado una denuncia penal contra la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller argentino, en la cual sostenía que habían conspirado con Irán para interferir con la investigación.
Más adelante, en 2015, la justicia federal desestimó la denuncia de Nisman. Sin embargo, luego de una apelación presentada por un fiscal federal, en diciembre de 2016 la justicia ordenó la reapertura del caso. En octubre de 2017, un juez solicitó que Fernández de Kirchner declarara en la causa. Hasta septiembre de 2017, la justicia no había determinado si Nisman se había suicidado o había sido víctima de homicidio. Según un nuevo informe de Gendarmería publicado ese mes, Nisman habría sido asesinado.
En 2015, se inició un juicio contra varios funcionarios —incluidos el expresidente Carlos Menem, su jefe de inteligencia y un juez— por haber presuntamente entorpecido la investigación inicial del atentado. El juicio se encontraba en curso a la fecha de redacción de este informe.
Derechos indígenas
La población indígena de Argentina enfrenta obstáculos en el acceso a justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina no ha implementado normas vigentes que garantizan el derecho de las poblaciones indígenas —consagrado en el derecho internacional— al consentimiento libre, previo e informado cuando el gobierno adopte decisiones que podrían afectar sus derechos.
Se está realizando un relevamiento de territorios indígenas, conforme lo exige la ley, pero a un ritmo lento. En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley que amplía el plazo para completar el relevamiento hasta 2021.
Derechos de mujeres y niñas
En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo. Pero aun en esos casos, a veces las mujeres y jóvenes son procesadas penalmente si solicitan abortos, y encuentran dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y esterilización voluntaria.
En 2017, “Belén”, una joven de 27 años, oriunda de la provincia de Tucumán, que había sido condenada en 2016 a ocho años de prisión por homicidio agravado tras un aborto espontáneo, fue absuelta y puesta en libertad.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, persisten los casos de asesinato de mujeres que quedan impunes. En 2016, el Registro Nacional de Femicidios, administrado por la Corte Suprema, informó 254 femicidios (asesinatos violentos de mujeres debido a su género), pero apenas 22 condenas.
En septiembre de 2017, se determinó que Manuel Mansilla era culpable de asesinar a su novia embarazada, Chiara Páez, de 14 años, y fue condenado a 21 de cárcel. El homicidio de Páez desató un movimiento masivo para protestar por la violencia contra las mujeres en el país.
Orientación sexual e identidad de género
En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y les concede las mismas garantías legales del matrimonio reconocidas a las parejas heterosexuales, incluidos los derechos de adopción y beneficios jubilatorios. Desde 2010, diversas organizaciones locales informan que más de 16.200 parejas del mismo sexo se han casado en todo el país.
Actores internacionales clave y política exterior
En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (UNWAD), que había instado a liberar a Milagro Sala con el argumento de que su detención fue arbitraria, la visitó en prisión. La CIDH la visitó en junio y más adelante dictó medidas cautelares en las cuales solicitaba al gobierno argentino que garantizara la seguridad de Sala. En noviembre, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que Argentina no había cumplido con las medidas cautelares dictadas a favor de Sala.
En agosto, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas pidió a la Argentina que adoptara “una estrategia integral y exhaustiva” para localizar a Santiago Maldonado. Días después, la CIDH ordenó a la Argentina que adoptara todas las medidas necesarias para establecer su paradero.
En febrero de 2017, la Corte Suprema de Justicia dispuso que la decisión de la Corte Interamericana sobre un caso específico, si bien era vinculante para Argentina, no podía revertir ni revocar decisiones adoptadas por los tribunales nacionales. La decisión se vinculaba con un fallo de la Corte Interamericana de 2011, en el cual se establecía que el Estado había violado el derecho de libertad de expresión de dos periodistas a quienes se les aplicó una multa luego de publicar información de interés público.
El Presidente Macri ha criticado reiterada y públicamente la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela y pidió la liberación de los presos políticos en ese país. Durante su gestión, se ha permitido que ciudadanos venezolanos soliciten los mismos permisos que se otorgan a los residentes de los países miembros del Mercosur, a pesar de que Venezuela fue expulsada del bloque de comercio regional. Desde 2014, el número de ciudadanos venezolanos que se trasladó legalmente a la Argentina se ha incrementado en más del doble cada año, y alcanzó las 35.600 personas en mayo de 2017.
En marzo, Argentina recibió a delegaciones de 80 países para la segunda conferencia internacional sobre Escuelas Seguras, donde se reflexionó sobre cómo implementar los compromisos incluidos en la Declaración sobre Escuelas Seguras para proteger mejor a las escuelas de ataques y del uso militar en épocas de conflicto armado.