Las fuerzas de seguridad, a veces en respuesta a protestas violentas contra minas y otros proyectos de desarrollo a gran escala en Perú, continúan usando armas de fuego que hieren o causan la muerte a civiles. Las investigaciones oficiales de estas muertes y lesiones siguen siendo inadecuadas.

Siguieron siendo lentos y limitados los avances en las investigaciones judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 20 años que concluyó en el año 2000.

Abusos y muertes durante protestas

En los primeros nueve meses de 2015, 12 civiles murieron a causa de heridas de bala luego de que policías presuntamente utilizaran armas de fuego contra manifestantes. Estas muertes se produjeron a pesar de un reglamento policial que entró en vigor en enero de 2015 que prohíbe que las fuerzas de seguridad utilicen armas letales durante operativos de orden público. En un incidente ocurrido en septiembre, la policía disparó con armas de fuego a manifestantes que se oponen a la minería que intentaban ingresar a un campamento minero en la provincia sureña de Cotabambas. En este hecho murieron tres personas. Entre julio de 2011, cuando asumió la presidencia Ollanta Humala, y septiembre de 2015, 51 civiles fueron asesinados durante protestas en Perú.

En abril, agentes de policía colocaron pruebas falsas a un manifestante a quien habían detenido por supuestamente haber participado en actos violentos durante una protesta contra actividades de minería en la provincia de Islay. Luego de que periodistas locales difundieran un video donde se veía que los policías habían colocado deliberadamente la evidencia, el manifestante fue liberado y el Ministro del Interior anunció que se reemplazaría al responsable del operativo.

Rendición de cuentas

En enero de 2014, entró en vigor la Ley 30151, que prevé la inimputabilidad del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas y otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Esta reforma al Código Penal derogó disposiciones que supeditaban la inimputabilidad a que los policías emplearan la fuerza letal observando la normativa relevante. La norma viola estándares internacionales que exigen que los funcionarios de seguridad pública apliquen la fuerza con arreglo a los principios de necesidad y proporcionalidad, y rindan cuentas cuando haya un uso indebido de la fuerza.

En julio de 2015, el Tribunal Constitucional determinó que los tribunales militares no podían juzgar a militares acusados de haber perpetrado abusos contra civiles durante operativos de seguridad pública. En el caso, iniciado por activistas peruanos de derechos humanos en 2011, el tribunal efectuó una interpretación restrictiva de un decreto dictado por el entonces Presidente Alan García en 2010 que podía permitir que estos casos fueran juzgados por tribunales militares. No obstante, la Ley 30151 continúa restringiendo la posibilidad de que miembros de la policía rindan cuentas por su actuación.

En agosto, el Presidente Humala, quien promulgó la Ley 30151, dictó un decreto que limita el uso de la fuerza por parte de la policía. El decreto estipula que la policía únicamente debería emplear la fuerza letal cuando resulte “estrictamente necesario” ante un “peligro real e inminente” de muerte o lesiones graves. Dado que la Ley 30151 limita la responsabilidad penal, todavía no está claro de qué manera el decreto afectará la actuación policial.

En los casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes documentados por organizaciones locales de derechos humanos desde 2002 y hasta agosto de 2015, no fue condenado ni un solo miembro de las fuerzas de seguridad. A la fecha del presente se estaban persiguiendo penalmente menos del 20 por ciento de los casos, según organizaciones locales de derechos humanos.

Juicios por abusos del pasado

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes; otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.

En un juicio emblemático, el ex Presidente Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. La justicia ha denegado reiteradamente recursos presentados para que se anulara su condena. El asesor en inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y miembros del grupo Colina —un escuadrón de la muerte creado por el gobierno— también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones.

Los tribunales han logrado avances mucho más limitados con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos anteriores de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990). En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe definitivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había consolidado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos.

Hasta noviembre de 2015, solamente cerca del 2 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado habían llegado a juicio, según datos de Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos en Perú, un proyecto de la Universidad George Mason que realiza un seguimiento de este tipo de causas. En 2015, se llevó a cabo el quinto año de audiencias judiciales de dos causas emblemáticas: las torturas y desapariciones en la base militar Los Cabitos en Ayacucho en 1983, y la masacre de Accomarca en 1985, en la cual murieron 62 campesinos a manos de miembros de una unidad del Ejército.

En mayo de 2015, el Ministerio Público reabrió una investigación sobre esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Fujimori. Se han denunciado a las autoridades más de 2.000 esterilizaciones forzadas, pero estas representan únicamente una pequeña fracción de los casos ocurridos, según organizaciones de derechos humanos. En noviembre, el Presidente Humala firmó un decreto para crear un registro nacional de víctimas de esterilización forzada.

A la fecha de redacción de este informe, Daniel Urresti, ex ministro del interior del Presidente Humala, enfrentaba un juicio oral por su presunto rol en el homicidio en 1988 de Hugo Bustíos, corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas. Dos soldados fueron condenados en 2007 por el homicidio de Bustíos, y uno de ellos declaró que Urresti había comandado a los soldados, quienes organizaron una emboscada en contra de Bustíos, le dispararon y luego destruyeron su cuerpo con una granada. El Presidente Humala nombró a Urresti para integrar su gabinete en junio de 2014, a pesar de que ya estaba siendo perseguido penalmente por la muerte de Bustíos. En febrero de 2015, Humala reemplazó a Urresti.

En agosto, la Defensoría del Pueblo concluyó que las reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, otorgadas conforme a una ley de 2005, habían sido “insuficientes” y que algunos de los programas estipulados en la ley todavía no habían sido implementados, 10 años después de la promulgación de la ley.

Tortura

El gobierno de Humala no ha cumplido plenamente con sus obligaciones internacionales de prevenir la tortura, la cual sigue siendo un problema crónico en Perú. En febrero de 2015, el Presidente Humala observó un proyecto legislativo promulgado por el Congreso en diciembre de 2014 que habría creado un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Humala argumentó que los costos del mecanismo no habían sido contemplados en el presupuesto nacional de 2015. El proyecto fue enviado de nuevo al Congreso. Conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por Perú en 2006, el país debió haber creado un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en 2007.

Libertad de expresión

Periodistas que investigan la participación de funcionarios de gobiernos regionales, alcaldes y empresarios en actos de corrupción son con frecuencia objeto de agresiones físicas, amenazas y juicios penales por difamación.

En marzo de 2015, dos hombres no identificados efectuaron disparos contra la sede del canal de televisión local Canal 21, en el municipio de Vista Alegre de la provincia de Nazca, en el sudoeste del país. El propietario del canal señaló que el ataque se produjo poco después de haber transmitido al aire denuncias de que el alcalde local había proferido amenazas de muerte contra dos residentes de Vista Alegre.  

En mayo de 2015, dos periodistas del canal de televisión Cable Visión señalaron que habían recibido varias amenazas anónimas de que serían detenidos por la Policía, luego de haber informado sobre el uso indebido de la fuerza por policías durante manifestaciones contra el proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, en el sudoeste del país.

Derechos de la mujer

Las mujeres y jóvenes de Perú siguen expuestas a un alto riesgo de violencia de género. En agosto, la ministra de la mujer informó que habían ocurrido 96 casos de “feminicidio” (el homicidio de una mujer en determinados contextos, como de violencia doméstica o discriminación de género) durante 2014, y 52 entre enero y julio de 2015.

En septiembre, el Congreso promulgó una ley que contempla medidas exhaustivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La ley modifica medidas judiciales existentes para proteger a mujeres en riesgo, y dispone la creación de hogares de refugio temporal para víctimas de abusos. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones sobre Perú de julio de 2014, había instado al país a promulgar una ley contra la violencia de género.

Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En mayo de 2015, el Congreso rechazó un proyecto que habría despenalizado el aborto cuando el embarazo fuera resultado de una violación, si bien otra propuesta en este sentido estaba siendo tratada a la fecha de redacción de este informe.

Orientación sexual e identidad de género

En marzo de 2015, el Congreso rechazó un proyecto que proponía reconocer la unión civil de parejas del mismo sexo. La votación propició uno de los debates públicos más intensos de Perú sobre el futuro de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Tras la votación, miles de peruanos salieron a las calles de Lima para reclamar que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

Actores internacionales clave

En junio, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestó su preocupación con respecto a la poca cantidad de casos de desapariciones que habían llegado a juicio, y a la lentitud de los avances conseguidos por Perú en la búsqueda de víctimas. El grupo también señaló que, a 12 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de las recomendaciones formuladas por la comisión no habían sido llevadas a la práctica.

En 2014, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú apoyó resoluciones orientadas a que se llevara a cabo un seguimiento riguroso de violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios ocupados de Palestina y Siria.