Si bien existe en Argentina un dinámico debate público, diversas leyes vigentes y proyectos legislativos amenazan la libertad de expresión, y los casos de acoso a jueces pusieron en riesgo la independencia judicial. Las condiciones de reclusión en los establecimientos penitenciarios son deficientes, hubo incidentes de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por policías, la violencia contra la mujer es un problema endémico, el acceso a servicios de salud reproductiva se ha visto menoscabado y los pueblos indígenas no gozan en la práctica de los derechos que se les reconocen legalmente.

Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y en el juzgamiento de abusos cometidos durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas causas.

El 10 de diciembre, Mauricio Macri asumió un mandato de cuatro años como presidente del país, luego de haber ganado en el balotaje de noviembre.

Impunidad por el atentado a la AMIA

A 21 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Desde un primer momento, las investigaciones y los procesos penales se han visto entorpecidos como resultado de corrupción judicial y obstáculos políticos.

La investigación se paralizó cuando Irán, país al cual el poder judicial argentino atribuye la responsabilidad de haber ordenado el atentado, no permitió que funcionarios judiciales argentinos interrogaran a presuntos implicados de origen iraní en Argentina. En 2013, Argentina e Irán suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” para que una comisión internacional de juristas examinara las pruebas e interrogara a ciudadanos iraníes supuestamente implicados, pero únicamente en Teherán.

Dado que los interrogatorios realizados en Irán posiblemente no serían admisibles para la justicia penal argentina, una coalición de organizaciones de la colectividad judía de Argentina planteó un recurso judicial contra el Memorándum. El Memorándum no llegó a ser implementado. Los autores del atentado a la AMIA no han sido sancionados.

En enero, Alberto Nisman, el fiscal a cargo de investigar el atentado, fue hallado muerto en su vivienda con una única herida de bala en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado apenas días después de haber presentado una denuncia penal contra la entonces Presidenta Cristina Fernández y el canciller argentino, en la cual sostenía que habían conspirado con Irán para frustrar la investigación en la justicia penal de Argentina contra presuntos implicados de nacionalidad iraní. Junto al cuerpo, se encontró una pistola cuyo calibre coincidía con el orificio de bala.

En mayo, un juez federal desestimó la denuncia de Nisman, y en noviembre la justicia todavía no había determinado si Nisman fue asesinado o si se trató de un suicidio.

En agosto de 2015, se inició en un tribunal de Buenos Aires el juicio contra varios funcionarios —incluido el ex Presidente Carlos Menem, su jefe de inteligencia y un juez— por haber presuntamente entorpecido la investigación inicial del atentado.

Independencia judicial

Existen ejemplos de jueces que han sido hostigados por funcionarios y partidarios del gobierno.

En febrero, la ex Presidenta Fernández reprendió a los jueces y fiscales que exigían una investigación rigurosa de la muerte de Nisman, acusándolos de formar parte de un “partido judicial” que pretendía “desestabilizar” al gobierno.

Se esperaba que una cámara federal integrada por tres jueces se pronunciara sobre la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán a fines de junio. No obstante, el 25 de junio, miembros oficialistas en el Consejo de la Magistratura apartaron a uno de los tres jueces, Luis María Cabral, quien se creía que probablemente iba a pronunciarse contra la validez del Memorándum.

El abogado designado por el Consejo en reemplazo de Cabral fue a su vez suspendido semanas más tarde por un tribunal de alzada, luego de que se presentara una acción de inconstitucionalidad contra la ley que había aplicado el Consejo para designarlo. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley, al considerar que no contemplaba una participación adecuada de los poderes ejecutivo ni legislativo y afectaba la independencia judicial. Al momento de la redacción de este documento, la justicia aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Juicios por abusos del pasado

Varias causas por violaciones de derechos humanos cometidas durante el “Terrorismo de Estado” impuesto por la dictadura militar argentina (1976-1983) contra opositores políticos se reabrieron en 2003, luego de que el Congreso anulara las leyes de amnistía promulgadas en la década de 1980. En 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, y en la justicia federal posteriormente se anularon indultos concedidos a ex oficiales condenados o que estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el período de Terrorismo de Estado.

Hasta junio de 2015, la justicia se había pronunciado en 142 casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que tuvieron como resultado 592 condenas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que, hasta noviembre, 56 presuntos implicados habían sido absueltos y 2.740 habían sido imputados.

Ante la gran cantidad de víctimas, presuntos autores y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar a los responsables ante la justicia y, al mismo tiempo, respetar las garantías de debido proceso de los acusados. Otros aspectos que merecen atención son las considerables demoras en los juicios, la captura pendiente de dos militares condenados que están prófugos desde 2013 y la falta de esclarecimiento del paradero de Jorge Julio López, quien había sido torturado durante la dictadura y desapareció en 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir a una de las audiencias en el juicio contra uno de sus torturadores.

Argentina ha conseguido avances significativos tanto en la identificación de los hijos de personas desaparecidas que fueron apropiados ilegalmente y entregados a otras familias durante la dictadura, como en su reencuentro con sus familias biológicas. Hasta noviembre, se había encontrado a 118 hijos apropiados ilegalmente durante el Terrorismo de Estado. El Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por el gobierno en 1987, ha contribuido sustancialmente a este esfuerzo, si bien su utilidad ha resultado limitada por una ley de 2009. Activistas locales de derechos humanos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, que al momento de la redacción de este informe no había sido resuelto.

Libertad de expresión

En diciembre de 2014, el Congreso promulgó una ley que regula el acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones. La ley establece que las telecomunicaciones son un “servicio público”, reconoce al gobierno amplias facultades de reglamentación y crea un órgano de implementación con autoridad para sancionar a los proveedores de servicios que incumplan sus términos.

Está siendo tratado en el Congreso un proyecto de ley contra la discriminación que reconocería a las autoridades amplias facultades para sancionar “actos discriminatorios” (los cuales se definen de manera imprecisa) y establecería sanciones penales más severas para estos actos. El proyecto exigiría también a los medios de noticias en línea que permiten a los usuarios publicar comentarios “adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios”, lo cual posibilitaría la censura previa.

La falta de criterios transparentes en la asignación de fondos públicos a nivel federal y en algunas provincias para comprar espacios de publicidad genera un riesgo de discriminación contra aquellos medios que critican a funcionarios o políticas gubernamentales. La Corte Suprema ha determinado en reiteradas sentencias que si bien los medios de comunicación no tienen un derecho inherente a recibir pauta oficial, los funcionarios no pueden aplicar criterios discriminatorios al decidir en qué medios pautar publicidad.

No existe en Argentina una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales en todos los niveles. Un decreto presidencial de 2003 que garantiza el acceso a la información se aplica exclusivamente al poder ejecutivo federal, y algunos gobiernos provinciales y locales han adoptado reglamentaciones para sus jurisdicciones. El acceso público a información sobre el funcionamiento del gobierno a nivel local, provincial y nacional sigue siendo esporádico y no es sistemático.

En 2009, el Congreso promulgó una ley que contenía disposiciones para ampliar la pluralidad en los medios, y cuatro años después la Corte Suprema fijó parámetros claros con respecto a cómo debería implementarse la ley para proteger la libertad de expresión, como por ejemplo asegurar que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado. Hasta el momento de redacción de este informe, el organismo federal a cargo de implementar la ley no ha adoptado medidas efectivas para revertir la línea editorial mayoritariamente oficialista de medios estatales. En 2014, el organismo intentó unilateralmente limitar la cantidad de medios de propiedad del Grupo Clarín, el mayor grupo de medios privado de Argentina. El Grupo Clarín presentó un recurso contra la propuesta del gobierno, que aún no ha sido resuelto por la justicia.

Abusos policiales

Los abusos policiales siguen siendo un problema serio. En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad emplean excesivamente la fuerza contra manifestantes, a pesar del compromiso expresado en 2011 por las autoridades de al menos 19 de las 23 provincias argentinas de asegurar que el uso de la fuerza sea proporcional. En agosto de 2015, decenas de manifestantes resultaron heridos cuando policías locales dispersaron una protesta mayormente pacífica en la provincia de Tucumán disparando balas de goma y golpeando con bastones a participantes.

En mayo, se condenó a un policía en la provincia de Buenos Aires por torturas contra Luciano Arruga, un joven que fue detenido arbitrariamente en 2008 y cuyo paradero se desconocía hasta 2014, cuando se halló su cuerpo enterrado en un cementerio de la ciudad de Buenos Aires.

Condiciones en centros de detención

Aún subsisten en las cárceles argentinas graves problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. La Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo oficial creado por el Congreso, informó que hubo 33 muertes, 17 de ellas en episodios violentos, ocurridas en cárceles federales entre enero y septiembre de 2015. Este organismo también documentó 796 casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2014, y 241 entre enero y abril de 2015. En junio de 2015, la justicia federal condenó a cuatro funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por su participación en la tortura de un detenido en 2011.

Derechos indígenas

La población indígena de Argentina enfrenta obstáculos en el acceso a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina no cuenta con una ley para garantizar el derecho de las poblaciones indígenas al consentimiento libre, previo e informado cuando el gobierno adopte decisiones que podrían afectar sus derechos.

Se está implementando lentamente una ley de 2006 que exige al gobierno censar terrenos ocupados por comunidades indígenas. Las comunidades estarían siendo desalojadas de sus terrenos a pesar de que la ley, con sus posteriores reformas, suspendió los desalojos hasta 2017.

Derechos de la mujer

En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violaciones o cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo. Pero incluso en esos casos, las mujeres y niñas enfrentan numerosos obstáculos para acceder a abortos. También encuentran inconvenientes para acceder a servicios de salud reproductiva como anticoncepción y esterilización voluntaria. Como resultado de estos obstáculos, las mujeres y niñas pueden afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su vida, y pueden ser procesadas penalmente si solicitan abortos.

Mediante una decisión emblemática, en marzo de 2012 la Corte Suprema determinó que no era necesario contar con autorización judicial previa para someterse a un aborto luego de una violación, y exhortó a los gobiernos provinciales a asegurar el acceso a abortos legales. La Asociación por los Derechos Civiles sostuvo que, a marzo de 2015, más de la mitad de las 23 provincias argentinas aún no habían adoptado protocolos que cumplieran los requisitos establecidos por la Corte.

A pesar de una ley de 2009 que contempla numerosas medidas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, los niveles de violencia de género siguen siendo preocupantes, como se evidenció en las manifestaciones que tuvieron lugar en junio en todo el país y a las cuales asistieron miles de personas en reclamo de reformas para combatir este tipo de violencia. En respuesta, el gobierno aceptó crear un registro nacional de “femicidios y de homicidios agravados por el género” y brindar estadísticas oficiales sobre la cantidad de mujeres que son víctimas de homicidio a nivel nacional. A la fecha de redacción de este informe no se encontraba disponible una base de datos con esas características.

Orientación sexual e identidad de género

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y contempla idénticos derechos y garantías legales que los reconocidos a las parejas heterosexuales, incluidos los derechos de adopción y beneficios jubilatorios. Desde 2010, casi 12.500 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en todo el país.

En 2012, la emblemática Ley de Identidad de Género reconoció el derecho de los mayores de 18 años a elegir su identidad de género, someterse a intervenciones de reasignación de género y a que se modifiquen los documentos oficiales sin necesidad de aprobación judicial o médica previa. Los seguros de salud públicos y privados contemplan procedimientos de reasignación quirúrgicos u hormonales.

En octubre de 2015, Diana Sacayán, una defensora de derechos humanos transgénero, fue hallada muerta en su departamento, según indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ex Presidenta Fernández repudió el asesinato y pidió que se investigara el hecho.

Actores internacionales clave

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina apoyó acciones de la ONU orientadas a que se llevara a cabo un escrutinio de violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios ocupados de Palestina y Siria. En 2015, Argentina fue uno de los países que encabezaron la elaboración de la Declaración sobre Escuelas Seguras, de alcance global, por medio de la cual los estados se comprometen a intensificar sus acciones para proteger a estudiantes, docentes y escuelas en épocas de conflicto armado, entre otras medidas a través de la implementación de las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados.

En marzo de 2015, durante un encuentro informal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja presentaron una “guía de buenas prácticas” para el uso de genética forense en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Motivada por la situación de su deuda externa, Argentina impulsó la adopción de un marco internacional sobre restructuración de deuda soberana, y sostuvo que este contribuiría a que los gobiernos cumplieran determinadas obligaciones en materia de derechos. En septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la cual estableció principios para la restructuración de deuda soberana, incluyendo la necesidad de transparencia en las negociaciones.