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Informe Mundial 2015: Brasil

Eventos de 2014

Brasil es una de las democracias más influyentes en asuntos regionales y mundiales, y en los últimos años se ha posicionado como una voz crecientemente importante en los debates sobre las respuestas internacionales a problemas de derechos humanos. A nivel interno, el país continúa enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos, incluidos el uso de tortura y maltratos, los asesinatos ilegales por parte de policías, la sobrepoblación carcelaria y la persistente impunidad por abusos cometidos durante el régimen militar (1964-1985).

Las violentas pandillas delictivas y las prácticas policiales abusivas constituyen problemas graves en numerosas ciudades de Brasil. En los últimos años, los gobiernos de los estados de San Pablo y Río de Janeiro han implementado medidas destinadas a mejorar el desempeño policial y prevenir abusos, si bien todavía es común que la Policía no informe debidamente estos hechos o participe en otras formas de encubrimiento.

Durante el año previo al Mundial de Fútbol de 2014, hubo masivas protestas a lo largo del país. Decenas de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y policías, incluidos periodistas. En varios incidentes, miembros de la Policía emplearon un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, propinaron golpizas a personas que no se habían resistido a ser arrestadas y arrojaron cartuchos de gas lacrimógeno a manifestantes desde corta distancia.

Seguridad pública y conducta policial

Durante los primeros nueve meses de 2014, la Policía fue responsable de 436 muertes en el estado de Río de Janeiro y de otras 505 en el estado de San Pablo. En el estado de San Pablo, la cifra representa un incremento del 93 por ciento con respecto al mismo período en 2013. Según la información disponible más reciente compilada por la organización no gubernamental (ONG) Foro Brasileño de Seguridad Pública, más de 2.200 personas murieron durante operativos policiales en todo Brasil en 2013, lo cual equivale en promedio a 6 personas por día.

La Policía informa, de forma rutinaria, que estas muertes son resultado de enfrentamientos armados con delincuentes. Si bien algunas muertes causadas por policías son consecuencia del uso legítimo de la fuerza, otras no lo son, lo cual ha sido documentado por Human Rights Watch y otras organizaciones y reconocido por funcionarios de la justicia penal de Brasil.

En un esfuerzo por prevenir el encubrimiento de muertes causadas ilegalmente por policías, el gobierno del estado de San Pablo dictó en enero de 2013 una resolución que prohíbe que los policías retiren los cuerpos de víctimas del lugar donde se produjo un tiroteo. Sin embargo, persisten en San Pablo obstáculos significativos a la rendición de cuentas por muertes ilegítimas, incluidos que la Policía no ha preserve evidencias cruciales y que las autoridades no destinen personal y recursos suficientes a los fiscales responsables de investigar estos casos.

En el estado de Río de Janeiro, casi 2.900 policías y otros funcionarios públicos recibieron en mayo de 2014 un premio económico por cumplir metas de reducción de delitos, incluida la reducción de homicidios por parte de la policía.

Condiciones carcelarias, tortura y maltrato de detenidos

Muchas cárceles y centros de detención están sobrepobladas y caracterizadas por la violencia. La tasa de encarcelamiento del país aumentó un 45 por ciento entre 2006 y 2013, según datos del Sistema Integrado de Información Penitenciaria (InfoPen) del Ministerio de Justicia. La población carcelaria adulta supera el medio millón de personas, es decir, un 37 por ciento más de la capacidad para la cual fueron diseñadas las prisiones, según datos del Consejo Nacional de Justicia de junio de 2014.

Además, más de 20.000 menores cumplen actualmente penas de prisión. Las demoras en el sistema judicial agravan la sobrepoblación. Más de 230.000 personas se encuentran en prisión preventiva. En el estado de Piauí, el 68 por ciento de los detenidos están en prisión preventiva, lo cual constituye el índice más alto en todo el país. La sobrepoblación y la salubridad deficiente favorecen la propagación de enfermedades, y el acceso de los presos a la atención médica continúa siendo inadecuado.

La tortura es un problema crónico en estaciones de policía y centros de detención. Entre enero de 2012 y junio de 2014, la Defensoría del Pueblo recibió 5.431 denuncias de casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (cerca de 181 denuncias por mes) ocurridos a lo largo del país, a través de un servicio de atención telefónica. De estas denuncias, el 84 por ciento se refería a incidentes en dependencias policiales, cárceles, prisiones y centros de detención de menores.

Grabaciones de video publicadas en línea por el periódico Folha de São Paulo el 7 de enero de 2014, muestran los restos de los cuerpos decapitados de tres de cuatro internos que fueron asesinados por otros reclusos en el Complejo Penitenciario Pedrinhas, en el estado de Maranhão, el 17 de diciembre de 2013. En total 60 internos fueron asesinados en ese estado en 2013, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que efectuó una investigación en cinco cárceles de Maranhão y determinó que existía lo que denominó una “falta absoluta de seguridad” para los detenidos. En abril de 2014, el CNJ emitió una recomendación a la justicia, en la cual estipuló los pasos que debían seguir los jueces para investigar denuncias creíbles de tortura y maltrato.

Los agentes de seguridad que cometen abusos contra presos son rara vez juzgados. En una excepción notable, 73 policías fueron condenados por homicidio en 2013 y 2014 por su participación en la muerte de 111 detenidos en la cárcel de Carandiru, en el estado de San Pablo, en 1992.

En julio de 2014, la Presidenta Dilma Rousseff designó a los 23 miembros del Comité Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, que forma parte del Sistema Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, creado por ley en agosto de 2013. En noviembre, el comité designó a los 11 expertos que tendrán facultades para efectuar visitas periódicas y regulares a centros de detención civiles y militares, exigir la apertura investigaciones sobre posibles casos de tortura y formular recomendaciones a instituciones públicas y privadas.

Libertad de expresión, libertad en Internet y privacidad

Según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, fuerzas de seguridad del Estado hirieron o detuvieron a 178 periodistas que cubrían manifestaciones en distintas regiones del país durante el año previo al Mundial de Fútbol de 2014.

En 2012 entró en vigor una ley federal de acceso a información pública, y desde entonces, la mayoría de los estados han promulgado leyes reglamentarias. La ley dispone que el público debería tener acceso irrestricto a información sobre violaciones de derechos fundamentales.

Brasil dio un paso importante al promulgar el Marco Civil de Internet en abril de 2014. El Marco Civil prevé garantías para el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en línea, y contribuye a reforzar la vigencia del estado de derecho en el ámbito digital. La ley estipula que Brasil apoyará la neutralidad de la red como principio rector de futuros desarrollos de Internet. El Marco aún no ha sido implementado.

Derechos reproductivos

El Código Penal de Brasil prohíbe el aborto, salvo en casos de violación o cuando resulte necesario para preservar la vida de la mujer. En 2012, el Supremo Tribunal Federal amplió las excepciones para incluir casos de anencefalia, en los cuales el feto presenta una malformación cerebral congénita. Las mujeres y jóvenes que obtienen abortos no contemplados en estas excepciones pueden enfrentar penas de hasta tres años de prisión, y las personas que practican abortos pueden recibir penas de hasta cuatro años de prisión.

Los abortos practicados en clínicas clandestinas suponen altos riesgos para las mujeres, como ejemplifica el resonante caso de Jandira dos Santos Cruz, quien la Policía presume que habría muerto tras un intento fallido de practicar un aborto ilegal a fines de agosto de 2014, y cuyo cuerpo fue posteriormente mutilado para ocultar su identidad.

En agosto de 2013, la Presidenta Rousseff promulgó una ley que exige a los hospitales públicos brindar asistencia integral a víctimas de violencia sexual, incluida la “profilaxis de embarazo” para quienes hayan sufrido una violación, e información sobre el derecho a acceder a un aborto en los casos en los cuales esta práctica es lícita. En 2014, el Ministerio de Salud dictó una resolución que incluyó al aborto legal en el seguro de salud nacional, pero revocó la medida una semana después en respuesta a presiones políticas.  

Orientación sexual e identidad de género

La Defensoría del Pueblo (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) recibió más de 1.500 denuncias de violencia y discriminación contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT) en 2013. En los seis primeros meses de 2014, la Defensoría del Pueblo informó más de 500 denuncias de este tipo. La defensoría también anunció un aumento de las denuncias luego de que un candidato presidencial instara a las personas LGBT a que recibieran tratamiento psicológico durante un debate televisivo.

Derechos laborales

Los esfuerzos del gobierno federal por erradicar el trabajo forzado han posibilitado que desde 1995 más de 46.000 trabajadores sean liberados de condiciones laborales similares a la esclavitud, según datos oficiales. No obstante, la Comisión Pastoral de la Tierra, una ONG católica, recibió denuncias de que más de 3.600 personas fueron víctimas de trabajo forzado en 2013. El juzgamiento penal de los empleadores que vulneran los derechos de los trabajadores sigue siendo relativamente excepcional.  

En junio de 2014, el Congreso promulgó una reforma constitucional que permite al gobierno confiscar bienes sin resarcir al propietario, cuando se compruebe que se ha utilizado trabajo forzado. Los legisladores aún no han promulgado una ley que precise el significado de trabajo forzado y explique de qué manera se llevará a cabo la expropiación en estos casos.

Brasil adoptó una reforma constitucional en marzo de 2013, mediante la cual se reconoce a los 6,5 millones de trabajadores domésticos que, según se estima, existen en el país el derecho al pago de horas extras, seguro por desempleo, jubilación y una jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 44 horas semanales. El Congreso de Brasil aún no ha aprobado un proyecto de reglamentación de la reforma constitucional.

Violencia rural

Activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras continúan enfrentando amenazas y violencia. Según las cifras más recientes de la Comisión Pastoral de la Tierra, 34 personas involucradas en conflictos por tierras fueron asesinadas en todo el país durante 2013, y 15 sufrieron tentativas de homicidio. Hasta agosto, la comisión ya había informado sobre 23 personas asesinadas en conflictos por tierras en 2014. Casi 2.500 activistas rurales han recibido amenazas de muerte en la última década.

Según el Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica (Cimi), 53 indígenas fueron asesinados en Brasil en 2013, 33 de ellos en Mato Grosso do Sul, el estado con el mayor índice de homicidios de indígenas de todo Brasil. Treinta y tres de las víctimas eran miembros de la población indígena Guarani-Kaiowá y dos pertenecían al grupo Terena.

Justicia por abusos del período militar

En mayo de 2012, una comisión nacional de la verdad comenzó a investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar entre 1964 y 1985, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión. En febrero, la comisión de la verdad presentó un informe preliminar que identificó siete establecimientos de las Fuerzas Armadas donde fueron torturados y murieron presos políticos durante la dictadura militar. A la fecha de redacción de este documento, estaba previsto que el informe final de la comisión de la verdad se difundiera en diciembre 2014.

Los responsables de estos delitos no pueden ser juzgados debido a ley de amnistía de 1979. En abril de 2010, el Supremo Tribunal Federal ratificó pronunciamientos de tribunales inferiores, que habían determinado que la amnistía impedía la mayoría de las persecuciones penales a agentes estatales por estos crímenes. No obstante, seis meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta interpretación vulneraba las obligaciones jurídicas de Brasil con arreglo al derecho internacional, y que la ley de amnistía no debería constituir un obstáculo al juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

En abril de 2013, fiscales de San Pablo iniciaron acciones penales contra un coronel del Ejército retirado y un investigador de la Policía por haber ocultado el cuerpo de un estudiante de medicina asesinado durante el régimen militar. El caso todavía está siendo juzgado en los tribunales de Brasil. No obstante, en junio de 2013 un juez en Río de Janeiro se negó a juzgar a agentes estatales por su presunta participación en la desaparición forzada de un periodista en 1970.

Actores internacionales clave

Tras una petición presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remarcó los persistentes abusos de derechos humanos ocurridos en el Complejo Penitenciario Pedrinhas en el estado de Maranhão, en noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a Brasil a que adoptara medidas inmediatas para proteger la vida y la integridad personal de todos los internos de ese complejo penitenciario.

Política exterior de Brasil

Brasil ha vuelto a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y durante 2014 mantuvo un historial de votos positivo, apoyando la adopción de resoluciones sobre varias situaciones críticas en materia de derechos humanos. En junio, Brasil votó a favor de una resolución que condenó los operativos militares realizados por fuerzas israelíes en Gaza, repudió abusos contra civiles cometidos por ambos bandos y designó una comisión internacional de investigación encargada de investigar violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. En septiembre de 2014, Brasil fue uno de los promotores de una importante resolución contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del Consejo de Derechos Humanos. La resolución instó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a que actualizara un informe de 2012 sobre violencia y discriminación, con el objeto de dar a conocer buenas prácticas que permitieran poner fin a estos abusos. No obstante, Brasil se abstuvo en una polémica resolución del consejo que no reconoció las distintas formas que pueden adoptar las familias.

En la Asamblea General de la ONU, Brasil ha desempeñado un rol de liderazgo en la promoción de la privacidad en la era digital. En diciembre de 2013, la Asamblea General adoptó una resolución propuesta por Brasil y Alemania que instaba a todos los estados a proteger y respetar el derecho a la privacidad, y encargaba al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que informara sobre el tema. Ese informe, que se emitió en julio de 2014, concluyó que la vigilancia masiva se había convertido en “un hábito peligroso” en algunos países, y que numerosos estados no preveían protecciones suficientes a la privacidad. Al momento de la preparación de este informe, Brasil seguía exigiendo que la Asamblea General adoptara mayores medidas sobre estos temas.

En noviembre de 2014 Brasil votó a favor de una resolución histórica de la Asamblea General, que instó al Consejo de Seguridad a que remitiera la situación en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

En la Organización de los Estados Americanos, Brasil presentó una resolución que prohíbe todo tipo de discriminación contra personas LGBT, incluida la discriminación que limita su participación política y su involucramiento en otros aspectos de la vida pública. La resolución fue aprobada en junio de 2014.

En abril de 2014, Brasil organizó y albergó NetMundial, un encuentro global que congregó a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, especialistas en tecnología y actores del sector privado interesados en el futuro de Internet. Los participantes de NetMundial prepararon un documento final que priorizó principios de derechos humanos y definió un plan de trabajo para el futuro diálogo intersectorial en materia de gobernanza de Internet. 

 

El texto del capítulo en línea del Informe Mundial 2015 sobre Brasil ha sido actualizado en comparación con la versión impresa con la finalidad de tomar en cuenta los eventos ocurridos a finales de 2014.