El ex líder guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado en mayo de 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se trata de la primera condena por genocidio a un jefe de Estado en los tribunales nacionales. Sin embargo, la sentencia fue anulada por razones procesales pocos días después, y está previsto que comience un nuevo juicio a inicios de 2015.

El Ministerio Público también ha conseguido avances en otros casos importantes de derechos humanos, aunque la impunidad sigue siendo generalizada . En mayo, la entonces Fiscal General Claudia Paz y Paz, reconocida por los adelantos conseguidos en la reforma del sistema procesal penal del país, fue apartada de su cargo por la Corte de Constitucionalidad siete meses antes de que concluyera su mandato.

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que con el respaldo de Naciones Unidas apoya desde 2007 los esfuerzos para investigar y juzgar la delincuencia organizada, concluirá en septiembre de 2015. El Presidente Otto Pérez Molina ha señalado que este será el último período de la comisión.

Juicios por atrocidades del pasado

En una decisión emblemática, en mayo de 2013 el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El general retirado encabezó el régimen militar que gobernó el país de 1982 a 1983 y cometió cientos de masacres contra civiles desarmados. La sentencia fue revocada varios días después por la Corte de Constitucionalidad. Está previsto que comience un nuevo juicio a principios de 2015.

En abril de 2014, la jueza que condenó inicialmente a Ríos Montt por genocidio fue suspendida y multada por un tribunal de ética por una supuesta falta de profesionalidad, lo cual fue calificado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala como un grave avasallamiento de la independencia judicial. Posteriormente fue restituida en el cargo.

En mayo, el Congreso de Guatemala aprobó una resolución que niega que se hayan cometido actos de genocidio durante la guerra civil en el país, apesar de que una comisión de la verdad respaldada por la ONU llegó a conclusiones contrarias en 1999. El Presidente Otto Pérez Molina había expresado anteriormente su apoyo a una carta pública firmada por un grupo de políticos, en la cual se calificaba de “fabricación jurídica” a la imputación de genocidio contra ex militares .

Ríos Montt también ha sido imputado en otra causa sobre la masacre de 300 hombres, mujeres y niños en la localidad de Dos Erres en 1982. El juicio se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva un recurso de apelación interpuesto por la defensa, que ha cuestionado la independencia de la jueza que interviene en la causa.

En julio, Felipe Solano Barillas se convirtió en el primer ex guerrillero en ser condenado en relación con atrocidades cometidas durante la guerra civil en el país. Tras ser declarado culpable por ordenar la masacre de 22 residentes de la aldea de El Aguacate en 1988, se le ha impuesto una pena de 90 años de prisión.

En junio, el coronel Esteelmer Reyes y el comisionado militar Heriberto Valdez fueron arrestados en relación con actos de violencia sexual perpetrados en 1982 contra 15 mujeres q’eqchi’ en la comunidad de Sepur Zarco.

En junio, tres ex miembros de la Policía Nacional fueron arrestados en conexión con el homicidio de la renombrada activista de derechos humanos Myrna Mack, quien fue asesinada en 1990 por su rol en la documentación de abusos cometidos durante la guerra civil del país.

Seguridad pública y sistema de justicia penal

Poderosas organizaciones delictivas cometen actos generalizados de violencia y extorsión. La extendida corrupción del sistema judicial, combinada por hechos de intimidación y procedimientos ineficientes, contribuye a que existan altos niveles de impunidad. Frustradas por la falta de aplicación de las leyes penales, algunas comunidades han recurrido a la justicia por mano propia. Según datos del Procurador de los Derechos Humanos, 49 personas murieron durante linchamientos en 2013, lo que equivale a más del doble que en 2012.

A pesar de estos problemas, los fiscales han hecho progresos en casos de delitos violentos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y corrupción, en gran parte debido al trabajo realizado por la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz, así como al apoyo de la CICIG.

En febrero, nueve miembros del cartel los Zetas fueron condenados por la masacre de 27 campesinos durante una disputa por rutas de narcotráfico en la región de Petén. Los miembros de esta organización fueron condenados a un total de más de 100 años en prisión.

En septiembre, el ex militar Byron Lima Oliva, encarcelado desde 2006 por su participación en el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998, fue imputado por dirigir una red criminal desde la prisión. Al menos otras siete personas fueron implicadas en la causa, incluido el director del sistema penitenciario nacional, Sergio Camargo. La investigación fue iniciada en 2013 por la CICIG, en colaboración con el Ministerio Público.

Los avances para enjuiciar a responsables de graves abusos han sido socavados por las maniobras dilatorias de abogados defensores, incluidos el uso abusivo del recurso de amparo, logrando la postergación de los juicios durante meses o incluso años.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

El gobierno continúa utilizando militares para lidiar con desafíos en materia de seguridad pública, a pesar del largo historial de abusos de derechos humanos de esta fuerza. Actualmente hay más de 20.000 soldados desplegados a lo largo del país.

En mayo, el gobierno anunció la creación de una nueva fuerza de tareas interinstitucional encargada de brindar seguridad contra el narcotráfico y otros delitos relacionados en todo el territorio guatemalteco. Esta fuerza se conoce con la sigla FIAAT, y cuenta con militares entre sus integrantes.

Ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas

Los ataques y las amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen significativamente el trabajo sobre derechos humanos en el país. Los actos de violencia e intimidación contra sindicalistas atentan contra la libertad de reunión y asociación, y contra el derecho de sindicación y negociación colectiva. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, 53 sindicalistas fueron asesinados entre 2007 y 2013.

Algunos periodistas, especialmente aquellos que investigan hechos de corrupción y narcotráfico, también enfrentan amenazas, ataques e intimidaciones a través de acciones legales. En noviembre de 2013, el Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxanna Baldetti demandaron a José Rubén Zamora, editor de El Periódico, luego de que este medio publicara artículos sobre la presunta vinculación entre el gobierno y la delincuencia organizada. En febrero, un juez prohibió la salida del país de Zamora mientras se encontrara en curso la investigación de estas denuncias. El presidente posteriormente desistió de los cargos, y la vicepresidenta señaló que haría lo mismo, pero hasta el momento de la preparación de este informe no lo había hecho.

En abril, el partido de oposición guatemalteco LIDER demandó a la revista ContraPoder, luego de que esta informara equivocadamente que ciertas cartas de apoyo enviadas al líder de la oposición no eran genuinas. La organización ha sido objeto de acciones penales, a pesar de que la revista efectuó una retractación pública y ofreció una disculpa.

Actores internacionales clave

La CICIG, creada en 2007 con respaldo de la ONU, desempeña un rol clave en la asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos, trabajando en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.

Iván Velásquez Gómez, un destacado jurista colombiano, fue nombrado al frente de la CICIG tras la renuncia de su titular anterior. Velásquez fue anteriormente magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y desempeñó un rol de liderazgo en la investigación de vínculos entre políticos y paramilitares en ese país.

Sin embargo, el mandato de la CICIG concluirá en septiembre de 2015, y el Presidente Pérez Molina ha señalado que este no será renovado por un período adicional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene una oficina en Guatemala desde 2005. Esta se ocupa de supervisar la situación de los derechos humanos en el país y brinda apoyo al gobierno y la sociedad civil en materia de políticas públicas.

En junio, la justicia suiza condenó al ex director de la Policía Nacional por su rol en la planificación del asesinato extrajudicial de internos en las cárceles de El Pavón y El Infiernito en 2005 y 2006. Fue condenado a prisión perpetua.

A pesar de la reciente restricción a la jurisdicción universal en los tribunales españoles, el Juez Santiago Pedraz ha señalado que seguirá adelante con las investigaciones de ocho funcionarios guatemaltecos implicados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil en el país.

Estados Unidos continúa limitando la asistencia militar prestada a Guatemala, por motivos de derechos humanos. La Ley Consolidada de Asignaciones de Estados Unidos (Consolidated Appropriations Act) de 2014 exige al gobierno guatemalteco adoptar “medidas creíbles” para implementar el plan de reparación para las comunidades afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica Chixoy, asegurar que el rol del Ejército se limite a combatir amenazas externas, y apoyar la investigación y la persecución penal de militares implicados en atrocidades cometidas en el pasado, como condición para el pleno restablecimiento de la asistencia.