Par Kenneth Roth

El mundo no había sido testigo de tanto revuelo en toda una generación. En casi todas partes, la proclamada primavera árabe ha dado paso a más conflictos y represión. Los extremistas islamistas cometen atrocidades en masa y amenazan a los civiles en todo Medio Oriente y otras partes de Asia y África. En Ucrania han resucitado tensiones reminiscentes de la Guerra Fría, que incluso provocaron el derribo de un avión. A veces parece como si el mundo se estuviera desmoronando.

La reacción de muchos gobiernos ante las turbulencias ha sido restarle importancia a los derechos humanos e incluso ignorarlos. Gobiernos directamente afectados por la agitación están a menudo ansiosos por una excusa para reprimir la presión popular que busca un cambio democrático. Otros gobiernos influyentes prefieren volver a las relaciones familiares con los autócratas que lidiar con la incertidumbre de un gobierno popular. Algunos de estos gobiernos siguen denunciando problemas de derechos humanos, pero muchos parecen haber llegado a la conclusión de que las graves amenazas a la seguridad de hoy en día deben tener prioridad sobre los derechos humanos. Parecen argumentar que, en este momento tan difícil, los derechos humanos deben estar en un segundo plano, como si fuesen un lujo para tiempos menos complicados.

Esa subordinación de los derechos humanos no solo es errónea, sino también imprudente y contraproducente. Las violaciones de derechos humanos jugaron un papel importante en el surgimiento o agravamiento de la mayoría de los conflictos actuales. La protección de los derechos humanos y permitir que la gente tenga voz a la hora de decidir cómo sus gobiernos abordan las crisis será clave para su resolución. Especialmente en períodos de desafíos y decisiones difíciles, los derechos humanos constituyen una brújula esencial para la acción política.

El auge de ISIS

Ningún desafío en el último año se ha extendido de una manera tan dramática como la aparición del autoproclamado Estado Islámico, el grupo extremista también conocido como ISIS. Uno solo puede horrorizarse ante sus ejecuciones en masa de combatientes capturados y civiles. Este grupo armado sunita ha atacado a yazidis, turcomanos, kurdos, chiitas e incluso a otros sunitas que cuestionan su interpretación extrema de la ley islámica. Sus militantes han esclavizado, forzado a casarse y violado a mujeres y niñas yazidi. También han decapitado a periodistas y trabajadores humanitarios en grotescos espectáculos grabados en video. Pocas veces una fuerza armada ha despertado una repulsión y oposición tan generalizada.

Sin embargo, ISIS no surgió de la nada. En parte es una consecuencia de la guerra y ocupación militar liderada por Estados Unidos en Irak que comenzó en 2003. Esta ocupación creó, entre otras cosas, un vacío de seguridad y provocó los abusos de los detenidos en la prisión de Abu Ghraib y otros centros de detención administrados por EE.UU. La financiación de grupos extremistas de los Estados del Golfo y sus ciudadanos también desempeñó su papel. Más recientemente, las políticas sectarias de los gobiernos de Irak y Siria, así como la indiferencia internacional ante graves violaciones de los derechos cometidas por esos gobiernos, han sido factores importantes. Si las circunstancias que llevaron a la formación de ISIS se quedan sin resolver, el grupo podría arraigar su control en los dos países y expandirse al Líbano, Jordania, Libia y otros lugares.

Irak

En Irak, ISIS debe gran parte de su levantamiento al abusivo y sectario mando del ex primer ministro Nouri al-Maliki y a la resultante radicalización de la comunidad sunita. Con el respaldo de Irán, Maliki se hizo con el control personal de las fuerzas de seguridad iraquíes y apoyó la formación de las milicias chiitas, muchas de las cuales persiguieron brutalmente a la población minoritaria sunita. Los sunitas se vieron excluidos de determinados empleos gubernamentales, capturados y detenidos arbitrariamente bajo nuevas leyes excesivamente amplias, otros fueron ejecutados de forma sumaria y bombardeados indiscriminadamente.

La gravedad de la persecución puede medirse por sus efectos. El predecesor de ISIS, Al-Qaeda en Irak (AQI), fue derrotado con la ayuda de una coalición militar de tribus sunitas en el oeste de Irak conocida como los Consejos del Despertar. Pero muchas de las tribus que, casi sin ayuda, derrotaron a AQI se volvieron tan temerosas de la masacre y las represalias de las fuerzas de seguridad progubernamentales que, cuando estalló el conflicto en 2014, se sintieron más seguras combatiendo contra las fuerzas que contra ISIS.

Grupos de derechos humanos denunciaron persistentemente el mando abusivo de Maliki, pero EE.UU., el Reino Unido y otros países, deseosos de dejar atrás su propia participación militar en Irak, en gran medida cerraron los ojos a este reinado sectario e incluso le proporcionaron armas.

Hoy en día, hay un mayor reconocimiento de que esta indiferencia ante las atrocidades de Maliki fue un error. Finalmente, fue forzado a dejar el cargo y fue reemplazado por Haider al-Abadi, que ha prometido una forma de gobernanza más inclusiva. Pero conforme la ayuda militar occidental sigue fluyendo hacia Irak, el sectarismo abusivo no ha terminado. Maliki continúa sirviendo como uno de los tres vicepresidentes de Irak, y el débil gobierno ha aumentado considerablemente su dependencia de las milicias chiitas, lo que ha permitido la movilización de casi un millón de combatientes chiitas, sin supervisión ni regulación gubernamental. De hecho, a causa de la desorganización del ejército iraquí, las milicias son las fuerzas terrestres que lideran la lucha contra ISIS, a pesar del continuo asesinato y limpieza étnica de sunitas como ostensibles simpatizantes de ISIS. Hasta que estas atrocidades no sean erradicadas, es probable que las milicias chiitas sean más propensas a contribuir al reclutamiento de ISIS que a derrotarlo en el campo de batalla.

Mientras tanto, el gobierno iraquí no ha puesto fin a los ataques militares indiscriminados en áreas civiles ni ha puesto en libertad a un importante número de personas detenidas sin orden judicial o que ya han cumplido sus condenas. El poder judicial corrupto y abusivo tampoco ha sido reformado, y las órdenes de Abadi para que se ponga fin al mando abusivo y excluyente siguen sin cumplirse. A largo plazo, completar estas reformas será al menos tan importante como la acción militar para proteger a los civiles de las atrocidades de ISIS.

Siria

En Siria, ISIS debe su auge a diversos factores, incluyendo las porosas fronteras con Turquía, que han permitido la entrada de combatientes armados y financiados por gobiernos extranjeros. Una vez dentro del país, muchos se han unido al grupo extremista. ISIS también ha logrado una gran cantidad de fondos mediante la exigencia de exorbitantes rescates y la aplicación de “impuestos” sobre las personas en los territorios que controla, así como a través de la venta de petróleo y antigüedades de Siria.

Con estos fundamentos, ISIS llegó a perfilarse como la fuerza más capacitada para hacer frente a la extraordinaria brutalidad del presidente Bashar al-Assad y sus tropas. Las fuerzas de Assad han estado atacando viciosa y deliberadamente a civiles que viven en zonas controladas por la oposición, con el objetivo de despoblar estas áreas y castigar a los presuntos simpatizantes de los rebeldes.

Desde que el gobierno sirio hiciera entrega de sus armas químicas, su herramienta más notoria ha sido la bomba de barril, un contenedor de petróleo o envase similar lleno de explosivos de gran potencia y fragmentos de acero. También usada por la fuerza aérea iraquí,  la bomba de barril ha ganado notoriedad en Siria, donde la fuerza aérea suele lanzarla desde un helicóptero a gran altura para evitar ser blanco de la artillería antiaérea. Lanzada desde esa altura, es imposible que la bomba de barril apunte con ningún tipo de precisión. Simplemente cae a la tierra, con su temido sonido silbante provocado por el desplazamiento del contenido en el interior del contenedor, hasta que impacta contra el suelo y detona.

Las bombas de barril son tan imprecisas que el ejército sirio no se atreve a utilizarlas cerca del frente de batalla por miedo a herir a sus propias tropas. En su lugar, las lanza sobre territorios controlados por grupos rebeldes, a sabiendas de que destruirán bloques de apartamentos, hospitales, escuelas y otras instituciones de la vida civil. Estas armas indiscriminadas les ha hecho la vida tan imposible a muchos civiles que algunos de los que no han huido ya del país han decidido mudarse con sus familias cerca del frente de combate, prefiriendo desafiar a francotiradores y la artillería que el horror de las bombas de barril.

Cuando el gobierno sirio atacó a la población civil con armas químicas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presionó a Assad para que cesara los ataques y entregara sus armas. Pero a pesar de que el gobierno sirio ha seguido matando a incontables civiles en operaciones indiscriminadas con armas convencionales, como las bombas de barril, así como con municiones en racimo, armas incendiarias y cohetes no guiados, el Consejo de Seguridad se ha mantenido en gran medida al margen. Varios Estados han condenado la masacre, pero no han hecho mucho más para generar presión y acabar con ella.

Rusia ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad para detener los esfuerzos unificados de poner fin a la matanza. Rusia, al igual que Irán, también se ha negado a usar su enorme influencia en Damasco para presionar por el fin de los ataques indiscriminados, a pesar de las demandas del Consejo de Seguridad, Rusia incluida, de que cesen estos ataques. Referir a Siria a la Corte Penal Internacional (CPI) para abordar los graves crímenes internacionales cometidos por todas las partes implicadas, una medida avalada por más de 65 países, sigue siendo un medida reprobatoria para Moscú.

La coalición liderada por Estados Unidos se ha hecho cargo de ISIS, pero ningún país –ya sea un adversario como EE.UU., o partidarios como Rusia e Irán— ha aumentado la presión sobre Assad para que acabe con la masacre de civiles. Las dos cosas no pueden, ni deberían, ser separadas tan fácilmente.

Esta preocupación selectiva es una bendición para los reclutadores de ISIS, que se presentan a sí mismos como los únicos dispuestos y capaces de enfrentarse a las atrocidades de Assad. Está claro que limitarse a atacar a ISIS no va a acabar con su atractivo. Es imprescindible una voluntad más amplia de proteger a los civiles sirios.

Una mayor represión en Egipto

En Egipto, el brutal reinado del ex general convertido en presidente, Abdel Fattah al-Sisi, ha tratado de aplastar las aspiraciones democráticas de la plaza Tahrir. El levantamiento que derrocó el gobierno autoritario del presidente Hosni Mubarak dio a Egipto sus primeras elecciones presidenciales libres y justas, que fueron ganadas por Mohamed Morsy de la Hermandad Musulmana. El gobierno de Morsy gobernó de una manera que hizo que muchos egipcios temieran (legítimamente o no) el surgimiento gradual de un estricto régimen islámico, si bien sus abusos nunca llegaron al nivel de los que sufre hoy el pueblo de Egipto a manos del gobierno militar que derrocó a Morsy el 30 de junio de 2013.

El golpe militar encabezado por Sisi aniquiló la Hermandad y sus partidarios. En apenas 12 horas el 14 de agosto de 2013, las fuerzas de seguridad supervisadas por Sisi y el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, dispararon y mataron sistemáticamente al menos a 817 manifestantes, en su mayoría pacíficos, en la plaza de Rab'a en El Cairo, donde desde hacía semanas se llevaba a cabo una concentración masiva para protestar por la retirada de Morsy.

Las fuerzas de seguridad alegaron defensa propia, pero su número de víctimas palidecían en comparación con el número de manifestantes asesinados por francotiradores y otros hombres armados, muchos de ellos cuando iban en busca de ayuda médica. Las autoridades egipcias habían planeado la dispersión violenta de la concentración con semanas de antelación, y tenían totalmente prevista una gran cantidad de muertes. Se trata de la mayor masacre de manifestantes en la historia y la más mortífera, al menos desde la represión de China del movimiento por la democracia en la Plaza de Tiananmen en 1989.

Desde el golpe, las fuerzas de seguridad de Sisi han encarcelado a decenas de miles de presuntos miembros de la Hermandad Musulmana, a menudo sin cargos ni juicio, así como a muchos activistas seculares. Los tribunales egipcios han dictado centenares de sentencias de muerte después de juicios masivos que no hacen ninguna pretensión de individualizar las evidencias ni de conceder una oportunidad auténtica para una defensa.

La respuesta de la comunidad internacional a esta represión sin precedentes ha sido vergonzosamente decepcionante. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 27 países presionaron a Egipto para que investigase la masacre de la plaza Rab'a pero no lograron una mayoría en el Consejo. Hay poco interés en EE.UU., el Reino Unido y otros gobiernos europeos clave por investigar los abusos del gobierno militar. De hecho, aunque Washington impondrá sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos (una iniciativa que apoyamos) por la brutal respuesta de sus fuerzas de seguridad a las protestas –en las que murieron no más de unas decenas de manifestantes (si bien hubo muchas otras víctimas de otro tipo)—, se ha opuesto a las sanciones para Egipto, a pesar de la muerte de cerca de 1.000 manifestantes a manos del gobierno en la plaza de Rab'a.

El Congreso de EE.UU. redujo parte de su ayuda militar a Egipto a pesar de que el gobierno de Obama se resistió a referirse a la toma de poder como un “golpe de Estado” por temor a nuevas ramificaciones bajo la legislación estadounidense. El secretario de Estado, John Kerry, habló repetidamente de una transición a la democracia que supuestamente estaba en marcha en Egipto, a pesar de la falta de elementos que lo evidenciaran. Ahora que el Congreso ha añadido una nueva excepción de seguridad nacional a las condiciones vigentes para la ayuda militar, parece probable que el gobierno de EE.UU. restaure casi todo, si no todo, su apoyo militar a El Cairo, pese a no producirse ni una tregua en su represión. Esta urgencia por volver a abrir el grifo de la ayuda está motivada por el hecho de que les resulta prioritario contar con el apoyo de los militares egipcios para reducir la insurgencia en el Sinaí, respaldar la lucha de Israel contra Hamas en Gaza y apoyar la guerra contra ISIS en Siria e Irak, por encima de proteger los derechos del pueblo egipcio. El Reino Unido, Francia y otros gobiernos europeos tampoco han hecho mucho para revertir la ofensiva sin precedentes de Sisi.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se mostraron muy dispuestos a ayudar a Egipto a derrotar a la Hermandad Musulmana. Como monarquías que invocan el Islam para su propia legitimidad, parecen estar aterrados ante un movimiento religioso que gobierna en nombre del Islam pero que aún defiende unas elecciones democráticas. Han invertido miles de millones de dólares en el proyecto de supresión de Sisi y han clasificado a la Hermandad como una organización terrorista. Emiratos Árabes Unidos ha perseguido en el país a aquellas personas consideradas como representantes de los puntos de vista de la Hermandad.

El apoyo internacional al gobierno represivo de Sisi no es solo un desastre para las esperanzas de Egipto de un futuro democrático, sino que además envía un terrible mensaje a la región. ISIS ahora puede argumentar de manera creíble que la violencia es el único camino hacia el poder para los islamistas porque cuando lo buscaron a través de elecciones justas y ganaron, fueron expulsados con escasas protestas internacionales. Una vez más, las prioridades a corto plazo de algunas potencias influyentes –acabar con la Hermandad Musulmana— podrían causar una debacle a largo plazo para el futuro político de la región.

El conflicto entre Israel y Palestina

El año pasado presenciamos la construcción de más asentamientos por parte de Israel, más violencia suscitada por el lema “ojo por ojo” en Cisjordania y otro episodio del sangriento conflicto armado en Gaza. Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza lanzaron indiscriminadamente miles de cohetes y morteros hacia centros de población israelíes. En algunos casos, Hamas y sus aliados pusieron innecesariamente en peligro a los civiles palestinos al luchar desde zonas pobladas y ejecutaron sumariamente a presuntos traidores palestinos.

Decenas de miles de cohetes, bombas y ataques de artillería israelíes, así como una definición cada vez más amplia de lo que constituían objetivos militares legítimos, ataques sin ningún objetivo militar evidente y una preocupación muy débil por las víctimas civiles, se tradujeron en unos 1.500 civiles muertos en Gaza y causaron una destrucción sin precedentes en viviendas e infraestructuras civiles. En la Cisjordania ocupada, además de la expansión de los asentamientos, Israel continuó sus demoliciones discriminatorias y punitivas de viviendas palestinas, y siguió haciendo un uso innecesario de fuerza letal contra los palestinos, matando a decenas de ellos, niños incluidos.

Israel tiene un pobre historial a la hora de hacer que sus propias fuerzas rindan cuentas por graves violaciones de las leyes de guerra; Hamas ni siquiera ha pretendido investigar las violaciones cometidas por los combatientes palestinos. La intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) podría ayudar a disuadir a ambas partes de cometer crímenes de guerra, mientras ofrece a las víctimas un mínimo de justicia. En su condición de Estado observador de la ONU, Palestina cumple los criterios para poder unirse a la CPI y precisamente marcó el Año Nuevo solicitando su ingreso. La CPI tendrá jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en o desde territorio palestino; es decir, su mandato se aplicará a las dos partes en conflicto.

Sin embargo, EE.UU. y los principales países de la UE trataron de impedirlo, ejerciendo una presión equivocada sobre Palestina para que no se sumase al tribunal con sede en La Haya. Su argumento era que el involucramiento de la CPI sería poco útil para el proceso de paz prácticamente estancado. Sin embargo, suelen adoptar la posición opuesta en prácticamente todas las otras situaciones de crímenes de guerra a gran escala, en cuyos casos reconocen que frenar estos crímenes es a menudo un requisito previo para la construcción de la confianza necesaria para unas conversaciones de paz productivas. Nadie ha explicado de manera creíble por qué el conflicto palestino-israelí debe ser una excepción a esta regla.

El verdadero motivo de los gobiernos occidentales es proteger a los israelíes de un posible juicio. Ese tipo de adopción selectiva socava el poder y la legitimidad de la justicia internacional en todo el mundo. Fortalece a los críticos que sostienen que la justicia internacional está reservada para los países débiles que no son aliados cercanos de los poderosos.

 

Las atrocidades de Boko Haram en Nigeria

Los casos en los que las disturbios desencadenaron un abuso de los derechos no se limitan a Medio Oriente. Las preocupaciones por los derechos humanos son fundamentales en el conflicto en Nigeria, donde el grupo militante islamista Boko Haram ataca tanto a civiles como a las fuerzas de seguridad del país. El grupo armado se ha hecho famoso por su crueldad, colocando bombas en mercados, mezquitas y escuelas, acabando con la vida de miles de civiles. El año pasado, Boko Haram secuestró a cientos de niñas y jóvenes estudiantes en el noreste del país. Algunas fueron obligadas a casarse con militantes y fueron víctimas de violencia sexual. Un secuestro masivo en abril provocó la campaña global en medios sociales “#BringBackOurGirls”, pero esas y muchas otras víctimas permanecen secuestradas.

Nigeria, un país rico en petróleo, debería ser capaz de alinear un ejército profesional, que respetara los derechos y fuera capaz de proteger a los nigerianos de este violento grupo. Sin embargo, el liderazgo del país ha dejado a sus militares mal equipados y poco motivados para combatir los ataques de Boko Haram.

Cuando el ejército ha actuado, a menudo lo ha hecho de manera abusiva, reuniendo a cientos de hombres y niños sospechosos de apoyar a Boko Haram, deteniéndolos en condiciones inhumanas, abusando físicamente de ellos o incluso matándolos. Muchos otros miembros de la comunidad han sido víctimas de desapariciones forzadas, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Cuando algunos sospechosos de Boko Haram escaparon en marzo de un famoso y abusivo centro de detención, Giwa Barracks, las fuerzas de seguridad nigerianas, según los informes, volvieron a capturarlos y cientos de ellos fueron sumariamente ejecutados.

La persistente falta de rendición de cuentas ante estas atrocidades ha hecho que sea difícil para los aliados de Nigeria proporcionar asistencia de seguridad por temor a convertirse ellos mismos en cómplices de los abusos. El fracaso del liderazgo de Nigeria en controlar a las fuerzas de seguridad también les ha alejado de las comunidades locales que, de otra forma, habrían aportado voluntariamente información a las autoridades. Será necesario que el gobierno investigue de forma transparente los presuntos abusos del ejército y castigue a los delincuentes para ganarse “los corazones y las mentes” de la población civil.

La abusiva respuesta de Kenia a Al-Shabaab

Al igual que Nigeria, Kenia ha registrado un alarmante incremento en los ataques extremistas contra la población civil, impulsados, al menos en parte, por una respuesta abusiva de las fuerzas de seguridad. Al-Shabaab, el grupo insurgente islamista somalí, llevó a cabo sus ataques de mayor perfil en un centro comercial de Nairobi, en Mpeketoni y en aldeas cercanas a lo largo de la costa de Kenia, y en Mandera, en el noreste del país.

La respuesta de Kenia ha estado plagada de abusos. En lugar de fortalecer la confianza pública en la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir este tipo de ataques, las operaciones de las fuerzas de seguridad han generado la ira pública y la desconfianza. En abril, después de una serie de ataques con bombas y granadas en Nairobi, los militares y la policía llevaron a cabo la Operación Usalama Watch en el barrio Eastleigh de la ciudad, una ambiciosa campaña que supuso violaciones de los derechos de solicitantes de asilo registrados y refugiados, somalíes indocumentados y otros extranjeros, y keniatas de etnia somalí. Al igual que en operaciones anteriores similares, la policía de Kenia detuvo arbitrariamente a varios miles de personas e hizo un uso excesivo de la fuerza, asaltando casas, extorsionando a residentes y abusando físicamente de los somalíes étnicos.

Mientras tanto, empezaron a acumularse las evidencias que demostraban que unidades antiterroristas de Kenia estaban haciendo desaparecer por la fuerza y ejecutando extrajudicialmente a sospechosos de terrorismo en lugar de llevarlos ante los tribunales. En vez de responder a la protesta pública, el gobierno ha tratado de hacer callar al mensajero con el empoderamiento de más fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de los controles legislativos sobre los medios de comunicación, la sociedad civil y otras fuentes de disidencia independiente. Los países donantes, en particular EE.UU. y el Reino Unido, que proporcionan un apoyo importante a los servicios de seguridad keniatas para la lucha contra el terrorismo, han tardado en responder a la creciente evidencia de este comportamiento abusivo.

Rusia y la crisis en Ucrania

La ocupación rusa de la Crimea ucraniana y su asistencia militar a los rebeldes en el este de Ucrania han supuesto grandes desafíos políticos y de seguridad para los gobiernos occidentales. La esencia de la controversia afecta a cuestiones de soberanía en las que Human Rights Watch no toma parte. Sin embargo, la modesta reacción occidental a la intensificación de las violaciones de derechos humanos que se habían estado gestando en Rusia durante los dos años anteriores podría haber agravado la crisis ucraniana.

Los gobiernos occidentales pusieron a Rusia bajo una intensa presión política, incluso mediante la imposición de sanciones selectivas, para alentar a que se retirase de Crimea y dejase de apoyar a los rebeldes. Sin embargo, estos gobiernos, en gran medida, o subestimaron el régimen cada vez más autoritario de Rusia desde el regreso de Putin al Kremlin, o tuvieron problemas para responder a él.

Ante el temor de una posible “revolución de color”, el Kremlin puso en marcha en 2012 lo que se ha convertido en la ola más intensa de represión de la disidencia desde la era soviética. Al centrarse en grupos de derechos humanos, disidentes, periodistas independientes, manifestantes pacíficos y detractores en Internet, el gobierno ruso redujo radicalmente la posibilidad de que las voces críticas pudiesen llegar a un gran número de personas. El sistema cerrado de información resultante permitió al Kremlin reprimir la mayor parte de la crítica pública sobre sus acciones en Ucrania. La salud de los derechos políticos en Rusia debería ser una parte central de cualquier esfuerzo para resolver el conflicto de Ucrania, pero no lo ha sido.

De la misma manera, Occidente, atrapado en lo que a veces parece una nueva Guerra Fría con Rusia sobre Ucrania, también parece haber vuelto a caer en la vieja mentalidad del bien contra el mal. El deseo de presentar a Ucrania como la víctima inocente de la agresión rusa ha hecho que Occidente se muestre reacio a cuestionar los aspectos preocupantes de la conducta de Ucrania, como su recurso a los llamados “batallones de voluntarios” que abusan sistemáticamente de los detenidos, o el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra zonas pobladas. Mientras tanto, las fuerzas pro-Rusia en el este de Ucrania también han cometido graves abusos contra los detenidos y han puesto en peligro a la población civil con el lanzamiento de cohetes desde sus filas. La renuencia occidental a abordar los abusos de Ucrania ha politizado lo que debería ser una apelación por principio a ambas partes de respetar el derecho internacional humanitario, una apelación que, de tener éxito, calmaría la situación y aumentaría la posibilidad de una solución política más amplia.

La represión china contra los uigures en Xinjiang 

La reacción del gobierno chino en Xinjiang, la provincia del noroeste del país habitada por la minoría musulmana uigur, ha consistido en responder a las quejas sobre violaciones de los derechos humanos con más abusos y restricciones. Beijing afirma que su represión es necesaria para luchar contra el separatismo y el terrorismo, pero su táctica consiste en imponer algunas de las políticas más draconianas y discriminatorias contra los uigures, incluyendo prohibiciones a lucir barba y velos, restricciones al ayuno y discriminación abierta con respecto a la educación religiosa.

Los crecientes ataques mortales contra civiles y fuerzas de seguridad en Xinjiang son una gran preocupación para el gobierno. Pero la rapidez con la que atribuye la violencia a “terroristas uigures”, a la vez que solo en raras ocasiones presenta pruebas y les niega sistemáticamente a los sospechosos el derecho a un juicio justo, crea un círculo vicioso en el que los uigures, ya reprimidos, se sienten bajo el constante asedio del Estado. De la poca información disponible al público es imposible evaluar con certeza si los condenados y a menudo sentenciados a muerte han cometido actos de violencia y si las severas medidas antiterroristas del gobierno están dirigidas hacia las personas adecuadas.

Tal como ilustra la sentencia extremadamente dura de cadena perpetua dictada en septiembre contra Ilham Tohti, un economista moderado uigur, el Estado sigue sin estar dispuesto a distinguir entre la crítica pacífica y aquellos que recurren a la violencia. Penalizar viciosamente la disidencia pacífica, sin dejar prácticamente ningún espacio para la libertad religiosa o cultural y la ampliación de una estrategia económica en la que los uigures no pueden competir en igualdad con los inmigrantes chinos Han es una receta para más violencia.

La guerra de México contra las drogas está plagada de abusos

A principios de 2007, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón entabló una “guerra contra las drogas” en México, desplegando fuerzas de seguridad en masa para combatir a los violentos carteles de drogas del país. El resultado fue una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas por parte de militares y policías, una espiral de violencia entre organizaciones criminales rivales y una catástrofe de seguridad pública que se ha cobrado la vida de más de 90.000 mexicanos. En sus dos años en el cargo, el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha disminuido la retórica pero no ha hecho avances significativos en la reducción de la corrupción y la impunidad que permiten que estas atrocidades sigan ocurriendo.

Washington ha respaldado las políticas de “guerra contra las drogas” de México, prestando asistencia a las fuerzas de seguridad del país y alabando en repetidas ocasiones sus esfuerzos para combatir a estos carteles. Lo que no ha hecho es hablar de los terribles abusos que estas fuerzas cometen, ni velar por el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos que el Congreso de EE.UU. impuso sobre una parte de la ayuda que le concede a México. En lugar de avergonzar a un aliado importante y poner en peligro la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y otras prioridades de la política, el gobierno de Obama ha preferido guardar silencio, lo que facilita los esfuerzos de México para restar importancia a sus graves problemas de derechos humanos.

Algunos estados de EE.UU. han hecho más mediante la legalización de la marihuana, al socavar el mercado ilícito de esta droga. El gobierno de Obama ha consentido estas iniciativas, pero apenas las ha secundado. Debería hacerlo. No solo es lo correcto desde la perspectiva del derecho a la intimidad, sino también un paso importante para quebrantar los beneficios que hacen prosperar a los narcotraficantes.

Estados Unidos: la CIA tortura con impunidad

El año concluyó con la publicación por el Comité Selecto del Senado de EE.UU. sobre Inteligencia de un resumen editado de su informe sobre el uso de la tortura por la Agencia Central de Inteligencia  (CIA) contra presuntos terroristas bajo la administración del ex presidente George W. Bush.

Durante su presidencia, Obama ha adoptado una postura firme contra la tortura, dedicando su segundo día en el cargo a prohibir las “técnicas mejoradas de interrogatorio” del gobierno de Bush –un eufemismo para la tortura— y a cerrar los centros secretos de detención de la CIA, donde se llevaban a cabo gran parte de estos abusos. Sin embargo, Obama se ha negado a investigar, y mucho menos a juzgar, las torturas cometidas por la CIA de Bush, a pesar de tratarse de un requisito de la Convención contra la Tortura, que EE.UU. ratificó en 1994.

Hay varias razones que pueden explicar la negativa de Obama a permitir los procesamientos. Puede que su temor fuera que creasen divisiones políticas, ya que socavarían el apoyo de los partidarios de Bush en el Congreso de Estados Unidos a su agenda legislativa, a pesar de que esa cooperación ha sido prácticamente inexistente. Puede que pensase que serían injustos después de que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia hubiese dictaminado que las “técnicas mejoradas de interrogatorio” eran legales, a pesar de que el informe del Senado muestra que la CIA sabía que se trataba de tortura y salió en busca de asesoría politizada del gobierno que justificase lo injustificable. Puede que creyese que la grave amenaza de seguridad que supusieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 hiciera que recurrir a formas extremas de interrogación fuera algo comprensible, a pesar de que el informe del Senado muestra que dichas prácticas no solo no produjeron apenas ningún tipo de información útil, sino que además socavaron la posición de EE.UU. en el mundo y obstaculizaron los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo.

La negativa de Obama a permitir los procesamientos significa que la prohibición penal básica de la tortura sigue sin aplicarse en EE.UU. Esto abre la puerta a que futuros presidentes del país, que inevitablemente afrontarán serias amenazas de seguridad, contemplen la tortura como una opción política. También debilita en gran medida la capacidad del gobierno de EE.UU. para presionar a otros países a que enjuicien a sus propios torturadores, debilitando así una voz importante de los derechos humanos en un momento en que el apoyo por principio es una necesidad urgente.

Las revelaciones en el informe del Senado también requieren que Europa tome medidas, especialmente en los países que acogieron centros de detención de la CIA o fueron cómplices de las entregas extraordinarias y las torturas resultantes. Hasta la fecha, Italia es el único país europeo que ha procesado a personas por su participación en los abusos de la CIA. Finalmente Polonia ha admitido que acogió uno de estos centros clandestinos de detención, pero la investigación penal sobre el caso está estancada. Rumania y Lituania siguen negando su participación.

En el Reino Unido hay investigaciones penales en curso, pero su gobierno no ha cumplido con su promesa de llevar a cabo una investigación judicial independiente sobre la participación británica en las entregas extraordinarias y la tortura. Una responsabilidad significativa sobre cuál fue el papel de Europa en estos abusos es fundamental para que los responsables rindan cuentas y para evitar que se repitan en el futuro.

Conclusión: el papel central de los derechos humanos

En todos estos casos, los encargados de formular políticas son inevitablemente expertos a la hora de citar razones aparentemente buenas para restarles importancia a los derechos humanos. Los derechos humanos requieren una moderación que podría parecer la antítesis del enfoque “hacer lo que sea necesario” que a menudo prevalece en caso de graves desafíos de seguridad. Pero el último año pone en evidencia lo imprudente que puede ser este acto reflejo. En muchas ocasiones, fueron precisamente las violaciones de derechos humanos las que desencadenaron los desafíos de seguridad, y su continua violación con frecuencia los agrava.

Los derechos humanos no son restricciones arbitrarias a los gobiernos. También reflejan valores fundamentales, ampliamente compartidos y profundamente arraigados, e imponen límites al poder de los gobiernos y brindan salvaguardias esenciales para la dignidad y la autonomía humana. Traicionar esos valores rara vez resulta en algo positivo. Enfrentarse a los desafíos de seguridad exige no solo reprimir a ciertos individuos peligrosos, sino también reconstruir un tejido moral que sustente el orden social y político.

Los beneficios a corto plazo de socavar esos valores básicos y la sabiduría fundamental que reflejan casi nunca valen, a largo plazo, el precio que, inevitablemente, se debe pagar. En lugar de concebir los derechos humanos como una restricción desgastadora a su capacidad de actuación, los encargados de formular políticas deberían reconocerlos como guías morales o como obligaciones legales. Eso sería lo más correcto y efectivo para todos.

Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch.