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Silvio Berlusconi fue reelegido como primer ministro en abril, ganando con una amplia mayoría en ambas cámaras parlamentarias. En julio, su gobierno declaró un estado nacional de emergencia con respecto a la inmigración irregular. Como consecuencia, la situación irregular en Italia es ahora un delito que acarrea hasta cuatro años de prisión, y constituye un factor agravante para otros delitos que aumenta las condenas correspondientes.

En un memorando de julio, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, criticó la proliferación de incidentes racistas y xenófobos en Italia, además del aumento de la discriminación contra las personas de origen romaní y cíngaro en las políticas oficiales.

Ante varios incidentes de vigilancia callejera, entre ellos dos ataques con bombas incendiarias que destruyeron campamentos romaníes en mayo, y la preocupación popular por varios crímenes violentos cometidos presuntamente por personas de origen romaní, el gobierno declaró un estado de emergencia para las "comunidades nómadas" (otra manera de denominar a los romanís) de las regiones de Campania, Lazio y Lombardia, que otorga facultades especiales a las autoridades locales, como realizar censos y allanar y desmantelar campamentos romanís. En julio, se interpuso una demanda judicial en Italia cuestionando la legalidad de estas medidas y el Parlamento Europeo adoptó una resolución instando a Italia a que dejara de tomar huellas dactilares a romanís, entre ellos algunos niños. La Comisión Europea silenció sus críticas cuando el gobierno italiano aseguró que no estaba recopilando datos sobre el origen étnico.

En marzo, se reanudó el juicio contra 26 ciudadanos estadounidenses y siete ciudadanos italianos por el secuestro en Milán y la entrega a Egipto del clérigo egipcio Hassan Mustafa Osama Nasr, alias Abu Omar, entre acusaciones de que el gobierno había actuado de manera "desleal" al presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional alegando que la Fiscalía de Milán había violado las leyes sobre el secreto de Estado durante la investigación del caso. En octubre, el Tribunal acordó la celebración, en marzo de 2009, de una vista a puerta cerrada sobre las alegaciones de violación del secreto de Estado. También en octubre, el Tribunal de Casación confirmó la condena de Rabei Osman por su vinculación con los atentados de Madrid de marzo de 2004

A pesar de la sentencia del caso Saadi versus Italia, Essid Sami Ben Khemais fue expulsado a Túnez en junio, incumpliendo las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde solicitó a Italia que suspendiera la expulsión hasta que examinara el caso. Esto provocó las críticas del comisionado Hammarberg. Las autoridades italianas justificaron la expulsión afirmando que habían obtenido garantías diplomáticas del gobierno tunecino garantizando que Ben Khemais no sería torturado y tendría un juicio imparcial. En el momento de escribir este informe, el caso estaba pendiente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Siguen muriendo inmigrantes en su intento de llegar a Italia por mar con embarcaciones poco aptas para la navegación. Los juicios contra siete pescadores tunecinos, acusados de complicidad con la inmigración ilegal por haber rescatado a 44 inmigrantes a los que trasladaron a salvo a Lampedusa, una isla cercana a Sicilia, estaban en marcha cuando se escribió este informe. Existe el temor de que este tipo de juicios desalienten los rescates en el mar y exacerben el peligro que corren los inmigrantes que intentan este recorrido.