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Miles de niños y adultos con discapacidad en Brasil son confinados innecesariamente en instituciones donde pueden sufrir abandono y abusos. Brasil debería dar prioridad a brindar apoyo a las personas con discapacidad para que vivan de forma independiente y en sus comunidades, en lugar de en instituciones. 

 El gobierno nicaragüense habría cometido graves abusos contra manifestantes e impedido de forma arbitraria la transmisión de medios de comunicación que daban cobertura a las protestas recientes. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían exhortar al gobierno del Presidente Daniel Ortega que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país para investigar la situación.   

Llegó la hora de ponerse de pie para demostrarle al pueblo venezolano que no están solos y que los latinoamericanos no van a tolerar que el gobierno de Nicolás Maduro siga negando la devastadora crisis de derechos humanos y humanitaria que están sufriendo día a día.

Las personas con discapacidad en las cárceles de Australia corren un grave riesgo de sufrir violencia sexual y física, y son recluidas de manera desproporcionada en régimen de aislamiento durante 22 horas al día.