¿Rompiendo el Control?

Mapa de Colombia

 

Glosario

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia,una coalición integrada por la mayoría de los grupos paramilitares de Colombia.

CTI: Cuerpo Técnico de Investigación, una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación con la función de prestar apoyo forense y en materia de investigación a la Fiscalía.

DAS: Departamento Administrativo de Seguridad, el servicio de inteligencia nacional, que depende directamente del presidente de Colombia.

ELN: Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de izquierda.

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el más grande grupo guerrillero de izquierda de Colombia.

Alto Comisionado para la Paz en Colombia: Asesor oficial del presidente de Colombia en iniciativas de paz. El Alto Comisionado suele representar al presidente en negociaciones de paz con grupos armados.

Fiscalía General de la Nación: La entidad estatal colombiana que tiene la atribución de llevar adelante la mayoría de las investigaciones y procesos penales. La Fiscalía General de la Nación es, formalmente, independiente del poder ejecutivo del gobierno.

Procuraduría General de la Nación: Entidad estatal colombiana que tiene la atribución de representar los intereses de los ciudadanos ante el resto del Estado. La Procuraduría se encarga de la mayoría de las investigaciones disciplinarias de funcionarios públicos y controla las investigaciones y los juzgamientos penales, así como la actuación de otras entidades estatales.

I. Resumen y recomendaciones

En Colombia, más que en casi cualquier otro país del hemisferio occidental, la violencia ha corrompido y socavado a la democracia. Muchas veces, los asesinatos y las amenazas -en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático- son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país. Esto se manifiesta con mayor evidencia en la relación entre los grupos paramilitares e importantes sectores del sistema político, las fuerzas militares y las elites económicas.

Durante las últimas dos décadas, los paramilitares han devastado gran parte del país. Alegando estar combatiendo a las igualmente brutales guerrillas de izquierda, los paramilitares han masacrado, torturado, "desaparecido" forzosamente y asesinado a incontables hombres, mujeres y niños de manera sádica y cruel. En cada lugar al que han ido, han eliminado a todo el que se opusiera a su control, incluyendo a miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, jueces y otras personas. De manera muy lucrativa, han forzado a cientos de miles de pequeños terratenientes, campesinos, Afro-colombianos e indígenas a abandonar sus tierras productivas. En muchos casos, los paramilitares o sus cómplices se han apropiado de las tierras abandonadas, mientras que las víctimas se han visto obligadas a vivir en la miseria, en zonas urbanas marginales. Es así que Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo, luego de Sudán.  

A la vez que se han alimentado de los ingresos del narcotráfico, la extorsión y otras actividades delictivas, los paramilitares han creado alianzas mafiosas con poderosos terratenientes y empresarios en sus áreas de operación; unidades militares que en varios casos toleraron o incluso colaboraron con los paramilitares; y funcionarios públicos, incluida una gran cantidad de miembros del Congreso, que han recurrido al poder de corrupción e intimidación de los paramilitares para obtener sus cargos.

A través de estas alianzas, los paramilitares y sus colaboradores han adquirido un inmenso patrimonio y una importante influencia política, quebrantado los procesos democráticos y el estado de derecho.

Pero ahora, Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices. En los últimos dos años, varios jefes paramilitares han comenzado a confesar ante fiscales algunos de los detalles de los asesinatos y las masacres que han cometido. También han comenzado a revelar algunos de los nombres de oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad que trabajaban con ellos.  Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha realizado avances sin precedentes en la investigación de la infiltración paramilitar en el Congreso colombiano.

Este informe evalúa los avances hechos por Colombia en el desmantelamiento de la influencia de los paramilitares y en la revelación de la verdad sobre sus delitos y sus redes, así como los límites y obstáculos para continuar avanzando.

Las instituciones de justicia de Colombia han logrado avances históricos contra el poder paramilitar. Sin embargo, estos avances aún son provisorios y frágiles. Son el resultado de una combinación fortuita de factores, como la independencia y el valor de un grupo selecto de jueces y fiscales, una decisión de la Corte Constitucional que creó incentivos para que los jefes paramilitares empezaran a revelar la verdad sobre sus delitos, el accionar de la sociedad civil colombiana y de algunos periodistas, y la presión internacional sobre el gobierno colombiano.

Los avances realizados podrían perderse rápidamente y, de hecho, es posible que ya se estén perdiendo. La reciente extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares -algunos de los cuales habían comenzado a hablar sobre sus redes- aumenta la posibilidad de que sean juzgados por algunos de sus delitos. Sin embargo, también ha interrumpido -esperamos que sólo temporalmente- el trabajo de investigadores colombianos. Hasta el momento, sólo uno de los jefes paramilitares extraditados ha prestado nuevas declaraciones ante las autoridades Colombianas. En Colombia, varios de los casos más prominentes que ha estado investigando la Corte Suprema han perdido ímpetu luego de que los congresistas investigados renunciaran, asegurándose así de que las investigaciones se transfirieran a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía en ocasiones ha realizado un trabajo ejemplar y merece recibir apoyo y recursos.  Sin embargo, en algunos casos de muy alto perfil, la Fiscalía parece no haber actuado con la suficiente celeridad para impulsar los casos. La resistencia del gobierno ante iniciativas significativas de reforma del Congreso perpetúa la influencia paramilitar en el sistema político.

Lamentablemente, el gobierno del Presidente

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