Los exámenes preliminares sobre Colombia, Georgia, Guinea y el Reino Unido
El documento analiza algunos aspectos de las prácticas implementadas por la Fiscalía de la CPI a sus exámenes preliminares, en los cuales determina si se cumplen los criterios de la corte para iniciar una investigación. Human Rights Watch documentó graves obstáculos a la justicia ante los tribunales nacionales, y determinó que el grado de éxito de la CPI en sus esfuerzos para impulsar avances en los procesos nacionales en Guinea, Colombia, Georgia y el Reino Unido eran mixtos. No obstante, Human Rights Watch concluyó que la intervención de la Fiscalía puede significar una contribución importante.
Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador
Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia en mayo de 2017, heredó una economía que dependía en gran medida de las industrias extractivas y un poder ejecutivo que, en la década anterior, había acumulado amplios poderes para coartar el debate público sobre políticas ambientales y otros asuntos de interés público. Durante el gobierno de su antecesor, el Presidente Rafael Correa, las autoridades abusaron de sus facultades para perseguir, intimidar y castigar a ecuatorianos que se oponían a proyectos de extracción de petróleo y minería apoyados por el presidente.
Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad
El informe de 59 páginas, “Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público guatemalteco.
Evidencias de atrocidades y encubrimiento de abusos cometidos durante el conflicto armado en Peru
El informe presenta un análisis de evidencias existentes, incluidos los testimonios de varios soldados que afirman haber cometido torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante operaciones militares contra grupos armados en la década de 1990. Los soldados señalaron haberlo hecho siguiendo instrucciones —e incluso a veces en presencia— de Humala, quien, en 1992, estaba presuntamente asignado a la base militar Madre Mía en la región de Alto Huallaga y empleaba el seudónimo “Capitán Carlos”. En declaraciones prestadas a autoridades judiciales y entrevistas con Human Rights Watch y medios de comunicación, varias víctimas también implicaron a Humala en abusos e intentos de encubrimiento.
Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela
El informe, “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela,” analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales. Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas – o sus familiares – han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales.
El informe de 23 paginas examina rigurosamente cinco casos penales pendientes en Perú, incluyendo violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción que degradaron las instituciones democráticas peruanas.
El derecho internacional humanitario y su aplicación a la conducta de las FARC-EP
Ya sean residentes de Bogotá o de zonas rurales remotas, los civiles colombianos son los peor parados por el violento conflicto armado del país. Miles de ellos han sido asesinados en los últimos años y miles más han sido secuestrados para obtener rescates. Las normas del derecho internacional humanitario aplicables al conflicto se diseñaron para resguardar a los civiles de la guerra.