Human Rights Watch tiene una larga trayectoria documentando y condenando enérgicamente las atrocidades cometidas por todos los actores en el conflicto armado colombiano, incluyendo las numerosas atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La comparación que el Ministro Sabas Pretelt hizo entre nuestra organización y grupos que apoyan a las FARC es, por lo tanto, inaceptable y totalmente falsa. Le reitero mis agradecimientos por haber estado dispuesto a rechazar públicamente dicha comparación.

En nombre de Human Rights Watch, me dirijo a Usted para agradecerle por su comunicado público del 19 de enero, en el que manifiesta su desacuerdo con los recientes comentarios del Señor Sabas Pretelt, Ministro del Interior y de Justicia de Colombia, con respecto a nuestra organización.

Human Rights Watch tiene una larga trayectoria documentando y condenando enérgicamente las atrocidades cometidas por todos los actores en el conflicto armado colombiano, incluyendo las numerosas atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La comparación que el Ministro Sabas Pretelt hizo entre nuestra organización y grupos que apoyan a las FARC es, por lo tanto, inaceptable y totalmente falsa. Le reitero mis agradecimientos por haber estado dispuesto a rechazar públicamente dicha comparación.

Del mismo modo, nos dio gran satisfacción comprobar que tanto Usted como el Vice-Presidente Francisco Santos están de acuerdo con nosotros respecto de la importancia de un diálogo continuo y abierto entre el gobierno de Colombia y organismos de derechos humanos, especialmente acerca de un asunto de tanta trascendencia como es la desmovilización paramilitar.

Quisiéramos, además, aprovechar esta oportunidad para hacer algunas aclaraciones con respecto a la segunda parte de su comunicado, en el que solicita a Human Rights Watch que reconsidere sus críticas al proceso de desmovilización.

En primer lugar, quisiéramos dejar absolutamente claro que Human Rights Watch apoya decididamente la participación de la comunidad internacional en esfuerzos para lograr la paz en Colombia, incluyendo la desmovilización de grupos paramilitares. Una desmovilización genuina que efectivamente desarticule a estos complejos y poderosos grupos representaría una verdadera contribución a la paz y la justicia en Colombia.

No obstante, estamos seguros que usted estará de acuerdo en que el apoyo internacional a Colombia no puede transformarse en un cheque en blanco. La comunidad internacional no debería apoyar una fachada de proceso de desmovilización que sirva principalmente los intereses de líderes paramilitares.

Así como nunca nos hemos opuesto a la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia siempre y cuando esta ayuda esté sujeta a condiciones de derechos humanos, igualmente consideramos que el apoyo de la comunidad internacional a la desmovilización debe estar sujeto a condiciones previas para asegurar un proceso efectivo y justo. Por ello les hemos solicitado a los países donantes que se reunirán en Cartagena que condicionen su apoyo a la aprobación de una ley que contenga los requisitos mínimos necesarios para investigar y desmantelar a estos grupos criminales.

Bajo el actual plan de desmovilización del gobierno, los paramilitares pueden recibir beneficios sustanciales por entregar sus armas sin realizar ningún acto significativo para desmantelar sus redes. El plan no incluye como pre-requisito la obligación de los paramilitares de confesar sus crímenes; revelar información sobre sus estructuras y fuentes de financiamiento; devolver tierras y otros bienes ilícitos obtenidos por la fuerza o mediante la extorsión; u ofrecer reparación a sus víctimas. Asimismo, la propuesta del gobierno permite que líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y Don Berna reciban beneficios aun si su grupo continúa perpetrando ataques contra la población civil o participando en actividades criminales como el narcotráfico.

El plan del gobierno probablemente dejaría el poder paramilitar intacto en importantes aspectos. Dado el inmenso poder económico de estos grupos, gracias a su involucramiento en el narcotráfico, fácilmente podrían reponer sus filas y continuar ejerciendo el control territorial a través de la violencia.

Teniendo en cuenta el tradicional compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos, cabe preguntarse: ¿es éste realmente un plan que los Estados Unidos o los estados miembros de la Unión Europea deberían apoyar?

Por otro lado, la propuesta presentada por los senadores Rafael Pardo, Andrés González y la congresista Gina Parody y otros corrige muchos de estos defectos. Al igual que la propuesta del gobierno, este proyecto les ofrece a los paramilitares beneficios muy generosos, incluyendo importantes reducciones en las penas. Pero a diferencia de la propuesta del gobierno, este proyecto les exige a los paramilitares que a cambio de estos beneficios ellos deben cumplir, primero, con algunos prerequisitos básicos tales como la confesión y la entrega de bienes ilícitos. El proyecto de los senadores también les exige a los líderes paramilitares que se aseguren de que los grupos bajo su mando efectivamente cesen las hostilidades, antes de recibir reducciones de penas. Para nosotros resulta incomprensible que hasta ahora el gobierno de Colombia se muestre tan renuente a incorporar disposiciones eficaces al proceso de desmovilización.

En síntesis, actualmente hay dos propuestas sobre la mesa para regular la desmovilización de paramilitares en Colombia. Nuestro informe presenta claramente las diferencias fundamentales entre estos dos proyectos y expresa una fuerte preferencia por el proyecto que representa la mejor opción para buscar el desmantelamiento de los grupos paramilitares y, además, envía un claro mensaje a otros actores armados ilegales como las FARC.

Su invitación a que reconsideremos nuestra posición podría ser percibida como una señal que los Estados Unidos estarían dispuestos a ignorar las diferencias entre estos dos proyectos, y más aún apoyar la propuesta mucho menos efectiva del gobierno. De ser así, sería inconsistente con las inequívocas declaraciones a favor de la rendición de cuentas formuladas por el Secretario de Estado Colin Powell y otros funcionarios de alto nivel y, además, contrario al interés nacional de los Estados Unidos de juzgar a miembros de "Organizaciones Terroristas Extranjeras" y capos de la droga. En estas circunstancias, no creemos que exista razón alguna para modificar nuestras críticas al actual proceso.

Por último, usted menciona que recientemente "se instauraron nuevos procedimientos para mejorar la rendición de cuentas" en el proceso de desmovilización. Si efectivamente se están considerando reformas para corregir los graves problemas de este proceso, desde luego estamos muy interesados en conocerlas. Esperamos en adelante seguir evaluando y dialogando con Usted y el gobierno de Colombia acerca de los ajustes que se puedan haber hecho o se lleguen a proponer en un futuro cercano. Sin embargo, de acuerdo a nuestra información, no ha habido cambios significativos de procedimiento con respecto a las fallas fundamentales en el proceso de desmovilización.

Respetuosamente,

José Miguel Vivanco

Cc: Embajador Marc Grossman, Sub-Secretario de Estado para Asuntos Políticos
Embajador Roger F. Noriega, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental
Embajador Michael G. Kozak, Secretario de Estado Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo