Para aquellos que creen que el arco del universo moral se inclina hacia la justicia, los últimos 10 años han sido un recordatorio de que también es largo.

De hecho, en vísperas de la celebración del último Día de los Derechos Humanos de esta década, parece que la terminaremos de la misma forma en que la comenzamos: en las calles. En Hong Kong, Nicaragua, Argelia, Sudán, El Líbano e Irán, y en otros lugares, la gente se ha estado manifestando, enfrentándose a balas, palizas y prisión para exigir el fin de los gobiernos represivos e irresponsables, rechazar a las élites corruptas y garantizar sus derechos.

¿Son ingenuos? ¿O es que han entendido algo importante y poderoso? ¿Y qué hay de los abogados y las comunidades que desafían la injusticia en los tribunales, los investigadores que recopilan registros meticulosos de crímenes de derechos humanos, los periodistas que revelan los hechos enterrados, los defensores y activistas que presionan y tratan de convencer a gobiernos, empresas y otros actores poderosos a defender la dignidad humana?

Persisten porque conocen el poder de la protesta y la resistencia, y la eficacia del ideal de los derechos humanos, incluso si el recuento de la última década no es muy alentador.

Desde 2010 hasta 2012, los movimientos de protesta se propagaron por Irán y gran parte del mundo árabe. Pero en 2019, Túnez es el único de los países de la Primavera Árabe que está en la transición a la democracia. Entre sus vecinos, los levantamientos se han visto seguidos de una renovada represión y brutales guerras. Cientos de miles de personas han muerto, millones han resultado heridas y decenas de millones han sido desplazadas. El costo en vidas, recursos y potencial desperdiciado es incalculable.

Hace diez años, los teléfonos inteligentes y las redes sociales que ayudaron a impulsar las protestas fueron aplaudidos como vectores de cambio positivo, abriendo caminos para el discurso libre y la organización más allá del control de los gobiernos autoritarios. Ahora estas plataformas tecnológicas son a menudo vistas como herramientas que alimentan las divisiones, potencian la vigilancia, invaden nuestra privacidad y destripan los fundamentos económicos de una prensa independiente.

Aquellos que han buscado refugio de la demoledora violencia y represión se han topado con una creciente ola de xenofobia, conforme los políticos confinados durante mucho tiempo al margen del poder dirigen una narrativa de amenazas culturales, económicas y de seguridad, a menudo centradas en musulmanes, refugiados, personas LGBT, o cualquiera que pueda ser visto como el “otro”. A veces incluso se han visto respaldados ​​por operaciones de medios hiperpartidistas y a menudo fraudulentas.

En las mayores democracias del mundo –India, Brasil y Estados Unidos—, las amenazas más graves para los derechos humanos y la democracia provienen de presidentes electos que elogian abiertamente a los dictadores, demonizan a las minorías y socavan el Estado de derecho, poniendo a las poblaciones vulnerables en un riesgo aún mayor.

Sería más fácil hacer una lista de retrocesos: la promesa de Sudán del Sur, que se declaró independiente en 2011 pero está ahora sumida en la guerra; Birmania, donde el ícono prodemocrático Aung San Suu Kyi se ha convertido en una apologista de la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad; Tanzania, donde los medios y la sociedad civil enfrentan controles, arrestos y asesinatos cada vez más represivos. Y Rusia, donde un movimiento de protesta en 2011 alimentó la esperanza de un cambio, pero Vladimir Putin ha incrementado su dominio interno y ha aumentado su influencia en la esfera internacional.

Tal vez ningún país ejemplifique de manera más cruda este repliegue que China, donde otrora unos analistas occidentales prometieron alegremente que el aumento de la prosperidad conllevaría un progreso en materia de derechos humanos y democracia. En cambio, el presidente Xi Jinping ha puesto los frutos del desarrollo al servicio de un autoritarismo mejorado algorítmicamente sin rival en el ámbito de su ambición de control.

Y sin embargo…

Los manifestantes que salen a las calles en El Líbano y en otros lugares no estudian una hoja de puntaje global ni calculan sus posibilidades. Están demostrando que se puede imponer límites al poder sin legitimidad en las luchas locales, arraigados en la demanda de rendición de cuentas y, en última instancia, derechos humanos. La apertura inicial de Etiopía hacia un mayor espacio democrático bajo el mando del presidente Abiy Ahmed nos muestra que algunos líderes parecen haber aprendido esta lección, a pesar de la jactancia de los autócratas en el escenario mundial.

Y no es solo en las protestas callejeras o en la lucha nacional donde vemos que las herramientas y los valores de los derechos humanos funcionan con éxito.

Los millones de mujeres y niñas que valientemente alzaron su voz para compartir públicamente sus historias en respuesta al llamamiento #MeToo de Tarana Burke construyeron un movimiento global que exige el fin de la violencia sexual. Periodistas tenaces convirtieron los chismes en Hollywood acerca del comportamiento depredador de Harvey Weinstein en una noticia internacional contrastada, y en todo el mundo, el periodismo de investigación ha puesto en evidencia los abusos misóginos de otras figuras poderosas. Así lo han hecho de cara a un presidente de Estados Unidos que exhibe con orgullo su misoginia. Los sindicatos y los grupos de derechos de las mujeres han luchado exitosamente por un nuevo tratado internacional que las proteja contra la violencia y el acoso en el trabajo. Tal vez de manera desigual, pero imparable, los casos judiciales, las nuevas regulaciones, el restablecimiento de las normas en el lugar de trabajo, así como el activismo sostenido están creando nuevas protecciones para el derecho fundamental de las mujeres a no verse sometidas al acoso y la violencia.

Gracias al litigio, los cambios culturales y legisladores que responden a los movimientos sociales, los derechos de las personas LGBT se están expandiendo en todo el mundo. Una acción de retaguardia por parte de detractores, como por ejemplo en Rusia y EE.UU., que denuncian la “ideología de género” y lucha contra la difusión de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBT, se enfrenta tanto a una enérgica defensa y profundos cambios en la opinión pública.

En mil luchas más pequeñas, la incorporación de estándares de derechos humanos en el derecho nacional e internacional está ayudando a llevar a los perpetradores de crímenes de guerra ante la justicia, para asegurar los derechos a la tierra y al medio ambiente para las comunidades amenazadas por el desarrollo, y obligar a las empresas a cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos.

Los defensores locales de los derechos humanos en todo el mundo no confían únicamente en el coraje de sus propias convicciones, o incluso en la fuerza de las leyes locales, sino que enraizados en sus propias experiencias, culturas y luchas, forman parte también de un ecosistema global compartido de normas, instituciones, colaboraciones y comunicaciones estratégicas que conforman una resistente red de seguridad que debe fomentarse y mantenerse.

Será más necesaria que nunca ante el fracaso de época de esta década y el desafío que presagia la próxima: la emergencia climática.

Hace diez años, en Copenhague, los gobiernos llegaron a las líneas generales de un consenso sobre la ciencia del calentamiento global. En lo que no pudieron ponerse de acuerdo fue en un acuerdo vinculante para hacer algo significativo para combatirlo. Lo hicieron algo mejor en París en 2016, pero las emisiones siguen aumentando de todas maneras, ya que poderosos negacionistas como Trump rechazan el acuerdo, e incluso aquellos que admiten la urgencia del problema no logran imponer las concesiones necesarias para frenar y detener la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera.

El cambio climático ya está provocando conflictos y condiciones climáticas extremas, convirtiéndose en una amenaza contra la salud y restringiendo el acceso al agua. Sus efectos empeorarán y afectarán todas las dimensiones de los derechos humanos.

Pero un nuevo movimiento social global está emergiendo, tanto en las escuelas como en las calles. Y las normas existentes sobre el agua, la salud, los desastres humanitarios y los medios de vida ofrecen un marco rico para construir la rendición de cuentas necesaria para estimular la acción de gobiernos y empresas displicentes.

Si estamos de nuevo donde comenzamos la década, conocemos la tarea pendiente, tenemos las herramientas y, como los manifestantes, conocemos los beneficios de la perseverancia.