Cuatro demócratas y cuatro republicanos están copatrocinando la Ley de EFECTIVO ILEGAL (ILLICIT CASH Act), que requeriría que las compañías estadounidenses divulguen información sobre las personas que verdaderamente las poseen o las controlan. El proyecto de ley dificultaría a funcionarios extranjeros corruptos registrar negocios de forma anónima, ocultar ganancias obtenidas ilegalmente y eludir la responsabilidad legal. Un proyecto de ley complementario, la Ley de Transparencia Societaria (Corporate Transparency Act) de 2019, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 22 de octubre con el respaldo de ambos partidos.
“En octubre, la Cámara de Representantes adoptó una posición bipartidista para sacar a los blanqueadores de dinero de las sombras”, dijo Sarah Saadoun, investigadora sobre Empresas de Human Rights Watch. “El Senado de EE.UU. debería unirse a ellos y prohibir las empresas anónimas a fin de eliminar una mancha en la orgullosa trayectoria del país combatiendo la corrupción”.
Las organizaciones son Amnesty International USA, Freedom House, Global Witness, Human Rights First, Human Rights Watch, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, EarthRights International, EG Justice y Enough Project/The Sentry.
En muchos países, la corrupción representa un serio obstáculo para los derechos humanos. La pérdida de recursos frustra la capacidad de un gobierno de invertir en salud, educación, vivienda y otros derechos fundamentales.
A menudo, políticos corruptos actúan contra los activistas que luchan por la transparencia o contra periodistas y otras personas que, según ellos, podrían revelar delitos que ellos han cometido y la forma en que abusan del sistema de justicia penal para castigar a sus detractores y protegerse de la posibilidad de ser perseguidos penalmente.
