El presidente Donald Trump habla sobre los tiroteos masivos de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, en Washington, 5 de agosto de 2019.

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El presidente Donald Trump respondió a los horripilantes ataques con armas ocurridos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, instando a que se “reformen” las leyes sobre salud metal “para identificar con mayor eficacia a las personas con problemas mentales que podrían cometer actos violentos”. Agregó que esas personas deben estar sujetas “cuando sea necesario [a] internamiento involuntario”. “Son las enfermedades mentales y el odio los que jalan el gatillo, no el arma”, señaló. Pero la respuesta de Trump se basa en falsas suposiciones y prejuicios.

No hay estudios científicos que relacionen la salud mental de una persona con su proclividad a cometer actos de violencia. Sin embargo, al insistir reiteradamente en esa relación, Trump perpetúa el estigma y alimenta el prejuicio generalizado de que las personas con condiciones de salud mental, o discapacidades psicosociales, son propensas a cometer actos de violencia. De hecho, la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son violentas, sino que es más probable que sean ellas mismas víctimas de violencia.

Las personas con condiciones de salud mental, reales o percibidas, se encuentran entre las más estigmatizadas y marginadas de Estados Unidos. Las observaciones de Trump profundizan incluso más este perjuicio, al responsabilizarlas arbitrariamente por un grave problema que afecta al país, del mismo modo en que lo ha hecho con los migrantes, los solicitantes de asilo y otras minorías vulnerables.

Discriminar a las personas con discapacidad no evitará que ocurran otros episodios como el de El Paso o el de Dayton. En lugar de ello, el gobierno de Trump debería escuchar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha instado a los gobiernos a “proteger a la población…contra los riesgos a que da lugar la disponibilidad excesiva de armas de fuego”.

Proponer el internamiento involuntario de personas que no han cometido ningún delito por el mero hecho de que tienen una discapacidad vulnera derechos humanos fundamentales y la protección igualitaria conforme a la ley. Trump debe desistir de esta postura.