(Washington D.C., 15 de marzo de 2019) – La decisión de Estados Unidos de aplicar prohibiciones de visas a personal de la Corte Penal Internacional (CPI) menoscabará la posibilidad de que se haga justicia por graves delitos internacionales, señaló hoy Human Rights Watch. El 15 de marzo de 2019, el secretario de Estado Michael Pompeo anunció que las prohibiciones se aplicarán al personal de la CPI que participa en la posible investigación de ciudadanos estadounidenses y podrían usarse para disuadir las investigaciones de la CPI contra ciudadanos de países aliados de EE. UU.
La medida estadounidense parece haber sido provocada por la posibilidad de que la CPI realice una investigación en Afganistán que podría indagar sobre la conducta de personal estadounidense, así como por una posible investigación en Palestina que probablemente aborde la actuación de funcionarios israelíes. Los jueces de la CPI determinarán si es procedente iniciar una investigación sobre Afganistán. La Fiscal de la CPI decidirá si corresponde dar curso a una investigación sobre Palestina.
“La decisión de sujetar a prohibiciones de visas a personal de la CPI es un intento indignante de intimidar a la corte y disuadir el escrutinio de la conducta estadounidense”, señaló Richard Dicker, director de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “Los países miembros de la CPI deberían expresar de manera pública que no se dejarán amedrentar en su apoyo a la CPI y que no están dispuestos a tolerar la obstaculización de EE. UU.”.
La CPI es la corte internacional permanente, con sede en La Haya, que juzga a responsables de genocidios, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y el delito de agresión. La comunidad internacional creó la CPI para combatir la impunidad de estos delitos, tras los horrores de los genocidios ocurridos a mediados de la década de 1990 en Ruanda y la ex Yugoslavia. La CPI es un tribunal de última instancia y solamente inicia investigaciones si las autoridades nacionales no están dispuestas a impulsar procedimientos genuinos sobre estos casos en el país, o no están en condiciones de hacerlo.
Los jueces de la CPI todavía no se han pronunciado sobre el pedido de la Fiscal de la CPI, planteado en noviembre de 2017, de que se investiguen ciertos delitos cometidos en el contexto del conflicto armado en Afganistán desde mayo de 2003. Además de los graves delitos perpetrados por talibanes y por miembros de las fuerzas gubernamentales afganas, la corte podría investigar posibles delitos de fuerzas extranjeras —particularmente, los que pudieran haber cometido militares estadounidenses y miembros de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA)—, que en su mayoría ocurrieron presuntamente entre 2003 y 2004. Pompeo anunció además que la misma política podría usarse para disuadir que la CPI investigue a personal de fuerzas aliadas, incluidos ciudadanos israelíes. La Fiscal de la CPI está analizando delitos presuntamente cometidos por ciudadanos israelíes y palestinos en Gaza y en Cisjordania. Palestina es un país miembro de la CPI.
Pompeo expresó claramente que EE. UU. tomaría ulteriores medidas si la CPI avanza en las investigaciones contra ciudadanos estadounidenses. En un discurso pronunciado en septiembre de 2018, el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, anunció un cambio en la política estadounidense respecto de la corte y describió varias medidas que ese país tomaría si las investigaciones de la CPI alcanzan a ciudadanos estadounidenses o de países aliados. Además de prohibiciones de viajes, Bolton amenazó con iniciar procesos judiciales e imponer sanciones económicas contra personal de la CPI, así como contra países y empresas que colaboren con investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses. Advirtió que, tras años de letargo, EE. UU. reanudaría las acciones para negociar acuerdos con otros países para que se nieguen a entregar a ciudadanos estadounidenses a la corte y que pondría en jaque los lazos diplomáticos, militares y de inteligencia con otros gobiernos si cooperaban con la CPI en investigaciones sobre EE. UU. o sus aliados.
“Pese a sus falencias, la CPI sigue siendo una de las pocas herramientas que existen para que se haga justicia cuando los tribunales de los países no lo hacen”, afirmó Dicker. “En un momento en el que ocurren habitualmente atrocidades en Sudán del Sur, Myanmar y Siria, Estados Unidos está enviando un mensaje desacertado al actuar contra personal de la CPI por el mero hecho de que hacen su trabajo, es decir, llevar justicia a las víctimas de delitos internacionales”.
Bolton fue el artífice de una campaña de hostilidad contra la CPI a principios de la década de 2000, durante el gobierno de George W. Bush. Sin embargo, estos esfuerzos solo sirvieron para mellar la credibilidad de EE. UU. en materia de justicia internacional, y más tarde fueron abandonados. Los miembros del Congreso de EE. UU. que reconocen a la CPI como un actor crucial para la justicia internacional deberían exigir que esta política se abandone de inmediato.
En diciembre, diversos países miembros de la CPI anunciaron que “no se dejarían amedrentar por amenazas contra la corte, sus funcionarios y quienes cooperan con esta” y que “permanecerían unidos contra la impunidad”. Además de expresarse en forma pública, los países miembros tendrán que trabajar juntos para resistir la obstrucción estadounidense, indicó Human Rights Watch.
Estados Unidos, que no es parte en el Estatuto de Roma que regula a la corte, se opone a la jurisdicción de la CPI respecto de ciudadanos de países que no son miembros, cuando no haya una remisión al tribunal por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, Afganistán es un país miembro de la CPI, lo cual habilita a la CPI a investigar y juzgar crímenes perpetrados por sus ciudadanos o por otras personas en territorio afgano.
Esta potestad de la corte no es algo excepcional. Los ciudadanos estadounidenses y de otros países que cometen delitos en el extranjero ya están alcanzados por la jurisdicción de tribunales extranjeros. Los países que ratifican el Estatuto de Roma simplemente delegan su facultad de juzgar ciertos delitos graves cometidos en su territorio a un tribunal internacional.
Desde que empezó a funcionar en 2003, la CPI ha iniciado investigaciones en 10 países, incluidos Darfur en Sudán, la República Democrática del Congo, Mali y Georgia. Además de Palestina, la fiscal está considerando si corresponde iniciar investigaciones en otras nueve situaciones, como en Filipinas, Ucrania y la presunta deportación a Bangladés de los royinhás en Myanmar.
“Las amenazas del gobierno de Trump contra la CPI ocultan el verdadero problema, a saber, que las autoridades estadounidenses no han abordado las torturas y otros abusos pasados perpetrados por la CIA y las Fuerzas Armadas de EE. UU.”, explicó Dicker. “Este es justamente el rol de la CPI, es decir, llevar justicia a las víctimas cuando todas las demás puertas están cerradas”.
Para consultar un documento de preguntas y respuestas sobre EE. UU. y la CPI, visite:
https://www.hrw.org/news/2019/03/15/qa-international-criminal-court-and-united-states
