Newsom ha reconocido la crueldad, los costos morales y fiscales, y la naturaleza discriminatoria de la condena a muerte en el estado. California tiene aproximadamente 740 prisioneros en el corredor de la muerte, más del doble que cualquier otro estado.
“El gobernador Newsom ha demostrado un gran coraje y liderazgo al poner fin a la práctica cruel, costosa e injusta de ejecutar a presos”, dijo Alison Parker, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los californianos deben estar orgullosos de que su estado se haya posicionado para poner fin a los asesinatos aprobados por el estado y defender los derechos humanos de todas las personas”.
La ley de derechos humanos reconoce la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todas las personas, incluso de aquellas que han cometido crímenes terribles. También prohíbe la tortura y otros castigos crueles, inhumanos o degradantes. Human Rights Watch cree que estos derechos no son reconciliables con la pena de muerte, una forma de castigo única en su crueldad y finalidad.
En EE.UU., la pena de muerte está inevitablemente plagada de arbitrariedades, disparidades raciales y errores; desde 1973, 164 personas, incluidas cuatro de California, han sido liberadas del corredor de la muerte, después de haber sido declaradas inocentes. Apenas el mes pasado, dos prisioneros de California que pasaron más de 30 años en el corredor de la muerte fueron liberados luego de que las cortes de apelaciones encontraron errores significativos en sus juicios.
Los estudios realizados durante las últimas décadas revelan patrones persistentes de desigualdades raciales en los tribunales que imponen la pena de muerte, donde
era más probable que recibiesen ese veredicto los negros que los blancos, especialmente si la víctima del delito era blanca. Según un informe de la NAACP-LDF, de alrededor de 740 presos condenados a muerte en California, el 36 por ciento son negros, aunque los negros representan menos del 7 por ciento de la población del estado.
Un estudio de 2011 reveló que la pena de muerte costó a los contribuyentes de California más de US$4.000 millones desde su restablecimiento en 1978.
Las ejecuciones en EE.UU. han disminuido en los últimos años, con 25 ejecuciones en 2018 y 3 en 2019, en comparación con 98 en 1999. California sólo ha ejecutado a 13 personas desde que restableció la pena de muerte y no ha llevado a cabo ninguna desde 2006, cuando un tribunal dictaminó que el uso de la inyección letal por parte del estado viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales, una posición también promovida por Human Rights Watch. Los votantes de California rechazaron por poco las iniciativas de referéndum para abolirla en 2012 y 2016, aunque aprobaron una medida en 2016 para simplificar su administración. La moratoria de Newsom evitará que el estado reanude las ejecuciones.
“El gobernador ha adoptado una fuerte posición moral y esperamos que otros estados sigan su ejemplo”, dijo Parker. “Human Rights Watch cree que las sentencias de los 740 prisioneros en el corredor de la muerte de California deberían ser conmutadas”.
