El entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador saluda a sus seguidores durante un mitin en Tepic, Nayarit, México, el domingo 16 de septiembre de 2018. 

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El 18 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que disolvería el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad del país, afirmando que solo cumple funciones administrativas. No indicó si, acaso, reemplazaría al Consejo con otra institución.

La comunidad de personas con discapacidad en México sabe que el Consejo necesita ser mejorado. Necesita un mayor presupuesto y debería tener un mayor involucramiento en el establecimiento de las prioridades del gobierno en materia de derechos de personas con discapacidad y el poder de evaluar y supervisar las políticas de discapacidad. La abolición del Consejo será un movimiento regresivo flagrante, que socavará la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Establecido en 2011, el Consejo ha ayudado a México a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que requiere que el gobierno tenga puntos focales de alto nivel y mecanismos independientes, responsables de implementar el tratado.

El Consejo fue diseñado para servir como un punto focal para coordinar las políticas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidades en todas las agencias federales, que incluyen accesibilidad, acceso a la justicia, vida independiente, educación y participación política, entre otros. Por ejemplo, no todos los funcionarios públicos son conscientes de cómo implementar mejor las políticas respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad, y el Consejo tiene el mandato de asesorar y proporcionar experiencia en estos asuntos.

López Obrador sostiene que lo más importante para las personas con discapacidad es el apoyo financiero directo en forma de pensiones sociales. Si bien estos beneficios pueden ser importantes para las personas con discapacidad, no pueden reemplazar la importante función del Consejo Nacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en México.

Si el Presidente López Obrador efectivamente cierra el Consejo Nacional, México deberá reemplazarlo para cumplir con sus obligaciones bajo la CDPD. En lugar de eliminar al Consejo, el gobierno debe fortalecerlo para que pueda cumplir con éxito su función de protección de derechos.