Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, los inmigrantes que más tiempo han vivido en ese país y tienen lazos afianzados allí han sufrido cada vez más deportaciones.
Durante el mes de marzo, cuatro de cada diez casos de deportación presentados en la justicia inmigratoria involucraban a personas que habían estado en EE. UU. dos años o más, y dos de cada diez eran personas que habían estado allí cinco años o más, según nuevos datos divulgados por el centro de investigación TRAC. En cambio, sólo uno de cada diez casos afectaba a personas recién llegadas. La mayoría de las personas aprehendidas fuera de la región fronteriza tienen derecho a ser presentadas ante un juez inmigratorio, a diferencia de quienes son deportados desde la frontera.
Como las personas detenidas en el interior del país tienen mayores probabilidades de estar viviendo en Estados Unidos, estas cifras son coincidentes con el aumento de 40% en los arrestos ocurridos en el interior del país durante 2017, según cifras que se publicaron con anterioridad. Estas estadísticas muestran que hubo un cambio drástico incluso respecto de la situación en diciembre de 2016 —el último mes del gobierno de Obama—, cuando el 75% de los acusados en procesos de deportación que se presentaron eran personas llegadas recientemente a EE. UU. Solamente el 6% habían vivido en EE. UU. dos años o más. Los cálculos de TRAC muestran un drástico aumento en el promedio de permanencia de las personas que son llevadas ante un tribunal de deportación desde que se implementaron los decretos ejecutivos sobre inmigración del presidente Trump, a comienzos de 2017.
Deportar a más inmigrantes que han vivido años en Estados Unidos implica separar a más personas de sus cónyuges e hijos con ciudadanía estadounidense, así como de sus hogares y de sus empleos. Dado que la legislación estadounidense ignora en forma sistemática estos nexos, es habitual que las deportaciones, conforme lo hemos documentado, avasallen el derecho a la no sufrir interferencias en el hogar y la familia.
A fin de cumplir sus obligaciones de derechos humanos, Estados Unidos debería reformar sus leyes para asegurar que los vínculos de las personas deportadas, incluidos sus vínculos familiares, sean tomados en cuenta al considerar el interés del gobierno en que se deporte a esa persona.
En la actualidad, prácticamente no hay vías en el derecho estadounidense que permitan que incluso los inmigrantes no autorizados con lazos afianzados en el país eviten ser deportados y obtengan estatus legal. Los inmigrantes legales con lazos afianzados en el país que han cometido delitos de gravedad menor hace varias décadas pueden ser objeto de medidas de detención y deportación automáticas que los separen de sus vidas y familias. Las personas que se enfrentan a ser deportadas a menudo no pueden plantear eficazmente argumentos contra su deportación, pues no están en condiciones de pagar el costo de abogados o acceder a asesoramiento legal confiable, un problema que se agravará con el gobierno de Trump como resultado de los recortes a los programas de asistencia legal en centros de detención.
Concentrarse cada vez más en ciudadanos extranjeros que residen desde hace mucho tiempo en el país —tanto autorizados como sin autorización— pone de manifiesto no sólo el proceder insensible del gobierno, sino además la naturaleza fallida y abusiva del derecho inmigratorio estadounidense.
