(Washington, DC) – El costo de la supervisión de la libertad condicional gestionada por empresas privadas perjudica desproporcionadamente a los pobres, a menudo criminalizando la incapacidad de una persona para pagar sus tarifas de libertad condicional y costos judiciales, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 142 páginas,‘Set up to Fail’: The Impact of Offender-Funded Private Probation on the Poor” (“‘Programado para fracasar’: el impacto en los pobres de la libertad condicional privada financiada por los delincuentes”), documenta las prácticas de las empresas privadas de libertad condicional en Florida, Kentucky, Missouri y Tennessee. Estos estados permiten que las empresas privadas supervisen la libertad condicional por delitos menores, incluidas las faltas menores y los delitos penales de tráfico. Las personas pagan sus tarifas de libertad condicional directamente a la compañía. Pero muchos tribunales no reconocen que cuando una persona vive en la pobreza, las cuotas les obligan a sacrificar necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda o el transporte, para poder pagar a la empresa de libertad condicional. Cuando una persona no es capaz de cubrir los pagos, puede enfrentar un arresto, una prolongación de su libertad condicional o incluso el ingreso en prisión.

Figures represent potential outcomes. Actual legal financial obligations will vary based on a number of factors, including the range of probation conditions that carry costs, frequency of drug testing, costs associated with any probation violations, and the level of judge’s discretion in setting fines and fees.

© 2018 Human Rights Watch

“La falta de responsabilidad en los sistemas de libertad condicional privados financiados por los delincuentes abre muchas oportunidades al abuso”, dijo Komala Ramachandra, investigadora principal de temas de negocios y derechos humanos de Human Rights Watch. “Mientras las cuotas de libertad condicional y los costos judiciales pueden representar apenas un impacto pequeño para una persona que pueda permitirse esos costos, para otros con pocos recursos pueden significar la ruina”. 

El informe está basado en más de 150 entrevistas a personas que han pasado por el sistema de libertad condicional privada y sus familias, jueces, abogados, agentes del orden público y representantes de compañías privadas de libertad condicional. La investigación también se basa en los registros judiciales y documentos obtenidos a través de solicitudes de registros abiertos.

Video: For-Profit Probation Companies Exploit Poorest Americans

The cost of private probation supervision disproportionately harms the poor, often criminalizing a person’s inability to pay their probation fees and court costs.

 
Las personas entrevistadas para el informe dijeron que se sentían amenazadas por las posibles consecuencias si no realizaban pagos regulares por la supervisión de su libertad condicional. Otros enfrentaron consecuencias similares cuando no fueron capaces de pagar las condiciones de libertad condicional ordenadas por la corte, como pruebas de drogas, verificaciones de documentos, cursos y tratamientos.

“Es aterrador y agotador siempre tener que preocuparme por si tengo suficiente dinero, si habrá más cargos, si podré pagar mi factura de gas este mes”, dijo una persona en libertad condicional en Cape Girardeau, Missouri. “¿Y qué pasa si no tengo el dinero para pagarles? ¿Cuánto tiempo prolongarán esto? ¿Podrían meterme en la cárcel? Todo comienza a girar en espiral hasta un punto en que pierdes el control”. 

Figures represent potential outcomes. Actual legal financial obligations will vary based on a number of factors, including the range of probation conditions that carry costs, frequency of drug testing, costs associated with any probation violations, and the level of judge’s discretion in setting fines and fees.

© 2018 Human Rights Watch

Cuando una persona no puede pagar sus cuotas, a menudo es citada por una violación de la libertad condicional, lo que lleva a audiencias judiciales y órdenes de arresto. Los tribunales no deberían castigar a una persona en libertad condicional por impago de multas, tarifas u otras cuotas si realmente no tiene la capacidad de pagar. Pero muchos tribunales no llevan a cabo ningún tipo de análisis serio de la situación financiera del afectado. En su lugar, si una persona no puede pagar, los jueces extienden los períodos de libertad condicional o agregan condiciones a la libertad condicional, medidas que no hacen más que incrementar la deuda total de la justicia penal del delincuente menor. En algunos casos, las personas que no podían pagar su supervisión de libertad condicional o los requisitos asociados fueron enviadas a la cárcel.

Human Rights Watch recomendó medidas específicas para abordar los abusos en el sistema de libertad condicional supervisado por empresas privadas. Estas medidas incluyen la imposición de multas y tarifas proporcionales que tengan en cuenta la capacidad de pago de una persona, asegurando que no existan conflictos de interés entre los tribunales y las empresas, y requerir una mejor capacitación para los agentes de libertad condicional privados. Human Rights Watch también recomendó que los gobiernos estatales adopten medidas legislativas y sistemas de supervisión más completos para poner fin a los abusos asociados con la industria de la libertad condicional privada. 

Figures represent potential outcomes. Actual legal financial obligations will vary based on a number of factors, including the range of probation conditions that carry costs, frequency of drug testing, costs associated with any probation violations, and the level of judge’s discretion in setting fines and fees.

© 2018 Human Rights Watch

Si bien la libertad condicional es administrada principalmente por los gobiernos estatales, el gobierno federal tiene un papel en asegurar que estos sistemas cumplan con la ley nacional. El Departamento de Justicia había tomado medidas que comenzaron a abordar las onerosas tarifas y multas en el sistema de justicia penal durante el gobierno de Obama. Estas incluían una investigación sobre el impacto de las tarifas y multas excesivas en la vigilancia policial en Ferguson, Missouri, y una “carta de estimados colegas” con directrices constitucionales para los jueces sobre la imposición de tarifas y multas a los pobres.

Bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia ha restringido incluso estas iniciativas limitadas, retirando la carta de “Estimados colegas” y desviando recursos de la Oficina de Acceso a la Justicia de EE.UU., dedicada a garantizar el acceso a servicios legales para todos los ciudadanos. El Departamento de Justicia debería restablecer e intensificar los esfuerzos relacionados con las tarifas y las multas de la justicia penal. Esto debería incluir una investigación a fondo de las tasas y multas exorbitantes y el encarcelamiento de personas incapaces de pagar, así como demandas y decretos de consentimiento para garantizar el cumplimiento de las salvaguardas constitucionales para los pobres.

“El sistema de justicia no debería castigar a las personas por ser pobres”, señaló Ramachandra. “En cambio, el sistema de libertad condicional debería utilizarse para la rehabilitación y apoyar a las personas a regresar a sus familias, trabajos y vidas”.