(Washington, DC) – El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha nominado al director ejecutivo de Exxon Mobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado, un paso importante para abordar consideraciones clave sobre derechos humanos, indicó hoy Human Rights Watch. En diversos medios se ha señalado que Trump podría postular al exembajador ante la ONU John Bolton como subsecretario.

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha nominado al director ejecutivo de Exxon Mobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado

Reuters
Como director ejecutivo de Exxon Mobil, Tillerson dirigió operaciones lucrativas en asociación con gobiernos abusivos y corruptos de naciones petroleras como Guinea Ecuatorial y Angola. Durante la gestión de Tillerson, la empresa tuvo una postura hostil hacia a las leyes estadounidenses que exigen una mayor transparencia financiera en esos países y estándares más rigurosos de derechos humanos para las empresas. Cabe mencionar que esas leyes contaron con el aval del Departamento de Estado. Bolton ha tenido una postura de hostilidad con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.

“En reiteradas oportunidades, el presidente electo Trump ha propuesto políticas que violarían derechos fundamentales básicos”, indicó Sarah Margon, directora para Washington de Human Rights Watch. “Tillerson debería aclarar de qué modo, en caso de ser postulado y confirmado en el cargo, piensa reivindicar las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Estados Unidos, en particular comprometiéndose a adoptar una agenda de política exterior que promueva el respeto de los derechos en el extranjero, con mayor transparencia y medidas contra la corrupción”.

“Mientras ejerció como embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas tras ser designado durante el receso legislativo por el gobierno de George W. Bush, John Bolton pareció dedicar más tiempo y energía a criticar a las personas e instituciones que protegen los derechos humanos que a quienes cometieron los abusos”, apuntó Margon. “La clara hostilidad de Bolton hacia el derecho internacional de los derechos humanos amerita que explique cómo, en caso de ser postulado y confirmado en el cargo, piensa evitar que se repitan las desastrosas políticas de derechos humanos de los años de Bush”.

El Senado, que debe confirmar a los candidatos, debería celebrar audiencias de postulación para interpelar a Tillerson y a Bolton con respecto a consideraciones cruciales de derechos humanos, como la tortura, los Convenios de Ginebra y la política sobre refugiados, destacó Human Rights Watch. Los Senadores también deberían plantear preguntas a los aspirantes sobre los dichos de Trump, quien previamente declaró que colaboraría con líderes de gobiernos abusivos, como el presidente Bashar al-Assad de Siria y el presidente Vladimir Putin de Rusia, y deberían interrogarlos además sobre qué medidas van a tomar para asegurar que EE. UU. siga denunciando la actuación de esos gobiernos en materia de derechos humanos.

“Los senadores deberían cuestionar insistentemente a Tillerson y Bolton acerca de cómo usarán sus cargos, si finalmente son nombrados, para garantizar que el gobierno estadounidense cumpla con el derecho internacional”, destacó Margon. “El público estadounidense tiene derecho a saber si el gobierno de Trump piensa practicar torturas o violar de otro modo los Convenios de Ginebra”.

Tillerson y Bolton deberían además responder acerca de las propuestas de Trump sobre política de refugiados, incluidos sus planes de prohibir la reubicación de refugiados desde países como Siria, así como de deportar o “encarcelar” a dos millones o “incluso tres millones” de ciudadanos extranjeros que hayan tenido contacto con el sistema de justicia penal estadounidense. En la práctica, estos planes empeorarían la ya gravísima crisis mundial de refugiados y migrantes, y supondrían violaciones masivas de los derechos de debido proceso y otros abusos, que incluyen la separación de menores de sus padres.

El equipo de Trump anunció el 23 de noviembre que la gobernadora Nikki Haley sería nominada como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas.

Como gobernadora de Carolina del Sur, Haley indicó en una carta enviada al Secretario de Estado John Kerry poco después de los atentados en París que se oponía al reasentamiento de refugiados sirios en su estado, por la posibilidad de que las autoridades estadounidenses no tuvieran capacidad para evaluar a estas personas adecuadamente. Sin embargo, posteriormente criticó a Trump por proponer que se prohíba a personas musulmanas viajar a EE. UU., y calificó a esta propuesta de  inconstitucional. Algunos refugiados sirios han sido reasentados en Carolina del Sur.

El Senado debería exigir a Haley que explique la política sobre Siria del gobierno de Trump, y en particular su opinión sobre cómo asegurar que el gobierno de Assad y los grupos armados en Siria rindan cuentas por los numerosos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos allí desde 2012. De ser confirmada, Haley encabezará las acciones para obtener resoluciones sobre Siria en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.

Además de cuestiones relativas a su relación con numerosos líderes autocráticos para cerrar acuerdos petroleros que tuvieron poca transparencia o no contribuyeron a medidas contra la corrupción, se presentan a continuación algunos de los temas específicos de política exterior sobre los cuales se debería interrogar a Tillerson. El Senado debería además evaluar rigurosamente los antecedentes de Bolton y Haley.

Colaboración con Assad y Putin

El interés manifestado por el presidente electo Trump de colaborar militarmente en Siria con Assad y Putin resulta preocupante, en vista de los delitos cometidos en forma masiva por el gobierno sirio contra su población civil, la posible complicidad de Rusia en estos crímenes y varias instancias recientes de crímenes de guerra que, según se evidenció en nuestras investigaciones, habrían sido perpetrados por fuerzas rusas.

En los últimos cuatro años de conflicto, el gobierno sirio ha usado reiteradamente una definición demasiado amplia de terrorismo, que le ha permitido justificar ataques contra cualquier grupo de oposición o activista que se oponga a Asad o sea percibido como detractor. El gobierno Ruso ha avalado esta postura y ha aportado a Siria equipo militar y apoyo técnico, financiero y humano para asistir a Asad en sus descarnadas campañas.

Desde que empezó la guerra, se han producido violaciones de derechos sistemáticas y generalizadas, que han profundizado la inestabilidad y el apoyo al terrorismo. En este contexto, es probable que asociarse militarmente con Rusia acentúe la inestabilidad y los abusos contra civiles, y desacredite a Estados Unidos en toda la región, lo cual haría aún más improbable la posibilidad de una solución por la vía diplomática. Colaborar con Rusia y Siria en operativos militares también podría convertir al gobierno estadounidense en cómplice de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y expondría al personal estadounidense a responsabilidad legal.

Relación más estrecha con Egipto

El encuentro mantenido por Trump y el presidente Abdulfatah al Sisi de Egipto en septiembre en Nueva York suscitó serios cuestionamientos vinculados con derechos humanos. Después del encuentro, Trump emitió una declaración, donde se refirió a su “firme apoyo a la guerra contra el terrorismo en Egipto” y a “cómo, durante el gobierno de Trump, Estados Unidos sería un amigo leal, y no un simple aliado, con el cual Egipto podría contar en los días y años venideros”. Resultó sumamente alarmante la falta de cualquier mención a las numerosas violaciones de derechos humanos en Egipto y la ausencia de gobierno democrático en el país.

En los últimos tres años, las autoridades de Egipto han prohibido protestas, arrestado a numerosas personas LGBT, perseguido penalmente a minorías religiosas, detenido arbitrariamente a decenas de miles de personas y llevado a miles de civiles a juicios militares, además de emprender una campaña draconiana contra organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Un vínculo más estrecho con Egipto no debería implicar que el gobierno estadounidense deje de pronunciarse en defensa de críticos o activistas vulnerables.

“Si Estados Unidos tiene previsto tender una relación sólida con al-Sisi, Tillerson debería usar ese vínculo para cuestionar la represión por el gobierno egipcio”, dijo Margon. “Una asidua asistencia estadounidense en materia militar y de seguridad a Egipto sitúa a EE. UU. en la posición fuerte que necesita”.

Derechos de la mujer en otros países

Durante años, tanto en gobiernos demócratas como republicanos, EE. UU. ha tenido un firme liderazgo en temas como matrimonio infantil, violencia de género y trata de personas.

Los senadores deberían preguntar a Tillerson si tomará medidas para asegurar que el Departamento de Estado mantenga las estructuras y el financiamiento necesarios para abordar cuestiones globales relacionadas con la mujer. El próximo Secretario de Estado debería continuar ese legado, y elegir a una destacada defensora de los derechos de la mujer para liderar la Oficina de Temas Globales de la Mujer del Departamento de Estado, y asegurar que cuente con recursos financieros y atribuciones suficientes.

Proteger el programa sobre refugiados

EE. UU. ha sido el líder mundial en reasentamiento de refugiados durante décadas. Se debería interrogar meticulosamente a Tillerson sobre la propuesta de Trump de cerrar o limitar el programa de reasentamiento.

“Una reducción abrupta de la cantidad de refugiados que son admitidos en Estados Unidos podría desvirtuar la totalidad del sistema global de protección de refugiados”, manifestó Margon. “La falta de liderazgo estadounidense también disuadiría a otros países de aceptar a más refugiados, en una época en que el mundo enfrenta la mayor cantidad de personas desplazadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.