(Washington, D.C.) – El Presidente de Estados Unidos Barack Obama debería exigirle al Presidente Enrique Peña Nieto que México investigue y juzgue los atroces abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, señaló hoy Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente Obama.
Obama recibirá a Peña Nieto en la Casa Blanca el 6 de enero de 2015. Desde 2007, Estados Unidos ha aportado a México fondos por más de US$ 2.000 millones a través de la Iniciativa Mérida, un proyecto conjunto entre ambos países para combatir la delincuencia organizada.
“México está atravesando la crisis de derechos humanos más grave en años, en la cual miembros de las fuerzas de seguridad participan en abusos terribles que rara vez son sancionados”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno de Peña Nieto hasta el momento no ha enfrentado esta crisis con seriedad, y el Presidente Obama no ha estado dispuesto a llamar la atención al gobierno mexicano para que lo haga”.
Dos atrocidades ocurridas recientemente —el asesinato de 22 personas por soldados en junio en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Estado de Guerrero, en septiembre— han captado la atención de los medios internacionales y han generado masivas protestas en México.
Los dos casos reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia del fracaso del gobierno mexicano para abordar el problema, indicó Human Rights Watch. Desde que el entonces Presidente Felipe Calderón inició una “guerra contra el narcotráfico” en 2007, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado involucrados en serias violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Human Rights Watch ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo del país, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han reportado que la tortura es una práctica “generalizada” en el país y que hubo “numerosas” ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad.
El gobierno de Peña Nieto se ha comprometido a adoptar medidas para investigar y juzgar los abusos, pero no ha concretado en la práctica sus propias iniciativas.
Se supone que el 15 por ciento de la asistencia estadounidense brindada en el marco de la Iniciativa Mérida está supeditada a que México cumpla una serie de requisitos básicos de derechos humanos, entre los cuales se incluyen asegurar que se investiguen y juzguen las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Obama ha certificado en reiteradas oportunidades que se están cumpliendo los requisitos de Mérida, a pesar de que existen claras evidencias de lo contrario, señaló Human Rights Watch. Cuando se le consultó sobre los fondos de Mérida que están supeditados a estos requisitos de derechos humanos, Obama manifestó en diciembre de 2014 que “lo mejor que podemos hacer es ser un buen socio y construir sobre la base de los avances que se han conseguido”.
El gobierno de Estados Unidos no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos hasta que México demuestre avances significativos en el juzgamiento de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, indicó Human Rights Watch.
“Si el Presidente Obama aspira realmente a ser un buen socio, debe estar dispuesto a decir lo que el gobierno mexicano necesita escuchar”, observó Wilkinson.
