Colombia únicamente podrá conseguir una paz duradera si garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, señaló hoy Human Rights Watch de cara a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El inicio de las negociaciones tendrá lugar en Oslo el 17 de octubre de 2012.
El conflicto armado interno que existe en Colombia desde hace medio siglo ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Miles de personas han sido víctimas de asesinato, desaparición forzada, secuestro y actos de violencia sexual, y más de 4 millones de colombianos han sido desplazados internamente.
“Considero positivas las negociaciones de paz. ¿Quién podría oponerse a iniciativas que buscan poner fin a un conflicto que ha producido tantas atrocidades y que ha cobrado tantas vidas colombianas?”, indicó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, cualquier acuerdo que pretenda ser exitoso deberá asegurar justicia por los graves abusos cometidos”.
Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en Colombia durante las dos últimas décadas muestran que la impunidad generalizada en casos de atrocidades ha sido un factor clave que ha permitido que continúen las violaciones de derechos humanos. Un acuerdo de paz que renuncie a la justicia podría exacerbar esta impunidad de una manera irreversible y estimular nuevos abusos, advirtió Human Rights Watch. También implicaría ignorar los derechos de miles de víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
“Hace mucho tiempo que el pueblo colombiano anhela la paz, pero esta no tendrá carácter duradero ni tampoco será justa si el acuerdo al cual lleguen las partes está basado en conceder inmunidad por actos aberrantes”, indicó Jan Egeland, Director para Europa de Human Rights Watch.
En julio, Colombia promulgó una enmienda constitucional, el Marco Jurídico para la Paz, con el fin de reglamentar la administración de justicia en el contexto de un acuerdo de paz con las FARC. La enmienda abre la puerta a la inmunidad generalizada por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares, y contraviene en forma manifiesta las obligaciones asumidas por Colombia conforme al derecho internacional, expresó Human Rights Watch.
La enmienda constitucional autoriza al Congreso a limitar el juzgamiento de atrocidades a quienes se consideren como sus “máximos responsables”, y conceder inmunidad legal a todos los demás guerrilleros, paramilitares y militares que a pesar de haber participado en la planificación, ejecución y el encubrimiento de esos mismos delitos no se consideran los “máximos responsables”. También habilita al Congreso a eximir de la investigación penal casos de crímenes de guerra —cuando no hayan sido perpetrados en forma sistemática— y graves violaciones de derechos humanos que no formen parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Colombia tiene el derecho de asignar prioridad al enjuiciamiento de los máximos culpables de los delitos más graves. Pero negar a las víctimas de atrocidades la posibilidad de justicia es una solución inadmisible para el derecho internacional, señaló Human Rights Watch.
La enmienda constitucional también habilita al Congreso a suspender penas de prisión en forma total o aplicar sanciones no judiciales a todos los guerrilleros, paramilitares y militares que hayan sido condenados en relación con atrocidades, incluidos aquellos que se consideran “máximos responsables” de los más graves delitos cometidos en Colombia. Por consiguiente, el Congreso podría garantizar que altos comandantes de las FARC, condenados por crímenes aberrantes, no cumplan ni un sólo día en la cárcel.
Actualmente, la Corte Penal Internacional (CPI) supervisa la situación en Colombia y deberá iniciar una investigación si determina que el gobierno no está dispuesto a investigar y juzgar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, o no puede realmente hacerlo. Exonerar a los “máximos responsables” de sus penas implicaría, en la práctica, sustraer a estas personas de su responsabilidad penal e indicaría que Colombia no tiene una voluntad genuina de que sean juzgados, aseveró Human Rights Watch.
“Es aceptable que Colombia ofrezca reducir las penas a miembros de grupos armados irregulares para persuadirlos de que entreguen las armas”, manifestó Vivanco. “No obstante, un acuerdo de paz no debe servir de pretexto para permitir la impunidad absoluta para todas las partes, incluidas las fuerzas militares. Proponer que los máximos responsables de los más graves delitos cometidos en Colombia se eximan de la prisión podría dar lugar a una investigación de la Corte Penal Internacional”.
Está previsto que los gobiernos de Noruega y Cuba sean los “garantes” de las negociaciones.
“Noruega y la comunidad internacional no deberían avalar un acuerdo donde se ignoren los derechos fundamentales de las víctimas conforme al derecho internacional”, expresó Egeland.
