(Nairobi) – En el valle bajo del Omo en Etiopía, el gobierno estaría desplazando a comunidades indígenas dedicadas a la ganadería sin consultar ni indemnizar debidamente a estas personas, para abrir paso a nuevas plantaciones azucareras administradas por el Estado, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. El informe contiene mapas del gobierno que hasta el momento nunca habían sido publicados, donde se muestran los ambiciosos proyectos para el valle del Omo, que incluyen canales de irrigación, plantas de procesamiento de azúcar y 100,000 hectáreas destinadas a otras explotaciones agrícolas comerciales.
El informe de 73 páginas, “‘What Will Happen if Hunger Comes?’: Abuses against the Indigenous Peoples of Ethiopia’s Lower Omo Valley” (“‘¿Qué sucederá cuando haya hambre?’: Abusos contra poblaciones indígenas en el valle bajo del Olmo en Etiopía”), documenta evidencias de que las fuerzas de seguridad gubernamentales están obligando a las comunidades a abandonar las tierras que ocuparon tradicionalmente mediante violencia e intimidación, lo cual pone en riesgo todos los aspectos de su estilo de vida, y sin recibir a cambio una indemnización ni la posibilidad de elegir un medio de subsistencia alternativo. Los residentes del valle bajo del Olmo que se opusieron o mostraron resistencia a los planes de desarrollo han sido objeto de arrestos y detenciones arbitrarias, golpizas y otro tipo de actos de violencia por parte de funcionarios gubernamentales.
“Los ambiciosos planes de Etiopía para el valle del Omo parecen no tener en cuenta los derechos de las personas que viven allí”, expresó Ben Rawlence, investigador sénior para África de Human Rights Watch. “No hay atajos para alcanzar el desarrollo; las personas que desde siempre handependido de esas tierras para su subsistencia necesitan que se respeten sus derechos de propiedad, incluido el derecho a ser consultadas y recibir una indemnización”.
El valle bajo del Omo, una de las zonas más remotas y culturalmente diversas del planeta, alberga a cerca de 200,000 personas de ocho comunidades únicas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, que viven allí desde tiempos inmemoriales. El estilo de vida y su identidad están íntimamente relacionados con la tierra y el acceso al río Omo. El valle del Omo se encuentra en la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (Southern Peoples, Nations, and Nationalities Region, SNNPR) de Etiopía, cerca de la frontera con Kenia, y fue designado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980.
Los profundos cambios previstos para el valle del Omo se relacionan con la construcción de la represa de mayor altura de África, el polémico proyecto hidroeléctrico Gibe III, en el curso del río Omo. Río abajo, las plantaciones azucareras utilizarán canales de irrigación. Si bien se han efectuado evaluaciones independientes del proyecto de la represa Gibe, hasta el momento el gobierno etíope no ha difundido evaluaciones sobre el impacto ambiental o social de las plantaciones de azúcar ni otros desarrollos comerciales o agrícolas en el valle del Omo.
Human Rights Watch entrevistó a más de 35 residentes durante junio de 2011, además de 10 donantes oficiales y al menos otros 30 testigos desde entonces. En la época en que Human Rights Watch efectuó la visita, las aldeas eran visitadas periódicamente por unidades militares con el fin de intimidar a los residentes y reprimir cualquier disenso vinculado con el proyecto azucarero. En muchas ocasiones, los soldados robaban o mataban el ganado.
“¿Qué se supone que voy a comer?”, dijo a Human Rights Watch un hombre de la etnia mursi. “Dijeron que me llevara todo el ganado y lo vendiera, y que solamente conservara uno atado en mi casa. ¿Qué voy a hacer con uno sólo? Yo soy un mursi. Cuando hay hambre degüello una vaca y bebo la sangre. Si vendemos todos los animales a cambio de dinero, ¿qué vamos a comer?”
Según las pruebas reunidas por Human Rights Watch desde su visita, el año pasado funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad regionales confiscaron tierras a comunidades indígenas que vivían y desarrollaban la agricultura en áreas que se prevé destinar a la producción de azúcar. Las denuncias sobre desplazamientos forzados y limpieza de tierras agrícolas cada vez son más frecuentes.
El acceso al río Omo es indispensable para la seguridad alimentaria y el estilo de vida de las comunidades ganaderas que viven en el valle. Varios representantes de comunidades dijeron que funcionarios del Estado les anunciaron, sin ninguna posibilidad de debate, que debían reducir la cantidad de cabezas de ganado y reubicarse en un nuevo territorio, y que perderían acceso al río Omo.
En junio de 2012, ya se habían cavado canales de irrigación, los terrenos habían sido despejados y en la orilla oriental del río ya había comenzado el cultivo de azúcar. Los mapas del gobierno que fueron fotografiados por Human Rights Watch indican que el área donde ya existen plantaciones de azúcar es una fracción de lo que se denomina “Bloque Azucarero Uno”. Posteriormente, está previsto tomar otros dos “bloques” de tierra adicionales para el cultivo del azúcar. Las evaluaciones efectuadas en Etiopía sobre el impacto de la represa Gibe no contemplan las consecuencias del cultivo de caña de azúcar y de la irrigación para el curso del río Omo, ni tampoco el impacto que tendrá corriente abajo en el lago Turkana. La gigantesca red de canales de irrigación que se muestran en los mapas sugiere que las evaluaciones efectuadas hasta el momento son insuficientes.
La implementación total del plan podría afectar al menos a 200,000 personas en el valle del Omo y a otros 300,000 keniatas que viven al otro lado de la frontera, a orillas del lago Turkana, que recibe hasta el 90 por ciento de su agua del río Omo. Human Rights Watch manifestó que Kenia debería exigir nuevas evaluaciones ambientales y sociales para analizar el impacto total de la represa Gibe III y el plan de agricultura comercial de regadío.
Estos planes –que amenazan los derechos económicos, sociales y culturales de la población indígena del valle del Omo– están siendo ejecutados en contravención a lo dispuesto por numerosos estándares nacionales e internacionales sobre derechos humanos, que exigen el reconocimiento de los derechos de propiedad, establecen la obligación de efectuar consultas genuinas, obtener el consentimiento de las partes afectadas y conceder una indemnización por la pérdida de las tierras, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria, y disponen que el desplazamiento, especialmente de poblaciones indígenas que son expulsadas de los territorios que ocuparon históricamente, debe considerarse en todos los casos como un último recurso.
Los derechos de los pueblos indígenas están contemplados en las propias leyes y la constitución de Etiopía, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en tratados y mecanismos regionales de derechos humanos, como la Carta Africana sobre los Derechos Humanos, según ha sido interpretada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Conforme a estas normas y acuerdos, los pueblos indígenas poseen derechos de propiedad sobre las tierras que han ocupado históricamente y estos deben ser reconocidos por el Estado, de modo que solamente podrán ser desplazados si previamente prestan su consentimiento en forma libre e informada. Aun cuando se otorgue dicho consentimiento, deben además recibir una indemnización que contemple la pérdida de tierras, bienes o medios de subsistencia en su totalidad.
De hecho, según comprobó Human Rights Watch, Etiopía no ha reconocido ningún derecho sobre las tierras de las comunidades indígenas de la zona, incluida seguridad de la tenencia. Tampoco ha adoptado medidas para consultar adecuadamente a los indígenas del valle del Omo, ni mucho menos ha intentado obtener su consentimiento, en particular teniendo en cuenta la escasa educación formal de la mayoría de la población.
En respuesta a cuestionamientos de Human Rights Watch, el gobierno etíope ha señalado que las plantaciones beneficiarán a las poblaciones indígenas mediante oportunidades de empleo. Es posible que esto efectivamente beneficie a las comunidades afectadas. No obstante, la posibilidad de generar algunos puestos de trabajo no anula la necesidad urgente de que el gobierno suspenda el proyecto de plantación hasta tanto se efectúen evaluaciones rigurosas, se reconozcan los derechos de las comunidades indígenas sobre su territorio y se obtenga su consentimiento, y se demuestre que cualquier desplazamiento o adquisición de tierras es estrictamente necesario, proporcionado y se efectúa a cambio de una indemnización, indicó Human Rights Watch.
Numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales han expresado preocupación por las posibles consecuencias sociales y ambientales del proyecto hidroeléctrico Gibe III y han criticado al gobierno etíope por la falta de transparencia y de una evaluación independiente. El gobierno etíope retiró su solicitud de financiamiento ante el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo para el proyecto de la represa de Gibe, sin embargo, no ha dado a conocer las razones de ello. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha recomendado suspender el proyecto hasta tanto se efectúe una evaluación independiente sobre los efectos para el lago Turkana.
Un importante porcentaje del presupuesto del gobierno etíope depende de la ayuda internacional. Los proyectos vinculados con la plantación azucarera están siendo implementados por funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad de los gobiernos regionales y de distrito, quienes advierten a los residentes locales que deben trasladarse, sin iniciar antes un proceso de consulta ni reconocer sus derechos. Un programa que recibe fondos de múltiples donantes, denominado Protección de Servicios Básicos (Protection of Basic Services, PBS), destina cientos de millones de dólares a iniciativas de salud, educación y en otros sectores, y financia los salarios de funcionarios de gobiernos de distrito en toda Etiopía, incluida la región SNNPR. Los principales donantes que aportan al programa PBS son el Banco Mundial, el Reino Unido, la Unión Europea, los Países Bajos y Alemania.
Human Rights Watch instó al gobierno etíope a suspender la construcción de Gibe III y las plantaciones de azúcar hasta que estos proyectos puedan llevarse a cabo de una forma acorde con la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Antes de impulsar el desarrollo industrial en el sur del Omo, el gobierno etíope debería reconocer los derechos de las comunidades indígenas del valle del Omo sobre las tierras que ocuparon históricamente e iniciar un diálogo genuino con ellas para debatir el uso futuro de sus tierras y determinar la indemnización en función de esto. Por su parte, los donantes deberían asegurar que sus fondos no se utilicen para financiar el desplazamiento forzado o la expropiación ilegítima de tierras indígenas, expresó Human Rights Watch.
“Si bien la intención de Etiopía de acelerar el desarrollo económico es una iniciativa elogiable, los sucesos acontecidos recientemente en el valle del Omo están teniendo consecuencias inadmisibles para los derechos y medios de subsistencia de las comunidades indígenas”, indicó Rawlence. “El gobierno debería suspender el proceso hasta asegurar que cumpla con ciertos estándares básicos, y los donantes deberían verificar que la ayuda que proporcionan no sirva para facilitar abusos”
Selección de testimonios del informe “What Will Happen if Hunger Comes”
“Las personas no comparten la visión del gobierno sobre el tema del azúcar, pero temen que se aplique la fuerza para reubicar a las poblaciones y entonces prefieren no hablar demasiado. Existe [entre nosotros] un profundo temor ante el gobierno. Si manifiestas que algo te preocupa, terminas en la cárcel”.
– Hombre de la etnia bodi, junio de 2011.
“Tendremos un problema durante la estación seca. Ahora hay agua, pero cuando no haya, si no regresamos al Omo el gobierno deberá traernos agua. Si no lo hacen, [nosotros] moriremos junto con nuestro ganado. Iremos igualmente al Omo, pues si no lo hacemos moriremos, y pueden matarnos allí si lo desean”.
– Habitante de una aldea mursi, junio de 2011.
“¿Qué se supone que voy a comer? “Dijeron que me llevara todo el ganado y lo vendiera, y que solamente conservara uno atado en mi casa. ¿Qué voy a hacer con uno sólo? Yo soy un mursi. Cuando hay hambre degüello una vaca y bebo la sangre. Si vendemos todos los animales a cambio de dinero, ¿qué vamos a comer? Cuando nos casamos, lo hacemos llevando nuestro ganado. ¿Con qué vamos a casarnos? ¿Qué vamos a comer? Cuando haya hambruna, ¿con qué vamos a alimentar a nuestros niños? Si conservamos solamente las gallinas, ¿vamos a poder tomar caldo u ordeñarlas...? ‘Esta es mi tierra’, dicen los pobladores del macizo etíope. ‘Deberás correr hacia la selva como los babuinos’”.
– Descripción de la importancia del ganado ofrecida por un hombre de la tribu mursi, diciembre de 2011.
“Ellos [los funcionarios del gobierno] limpiaron los jardines [de los kwegu y los bodi]. Limpiaron todo y desenterraron el sorgo. El sorgo estaba casi a punto de ser cosechado; lo sacaron con un arado y lo desecharon. También pasaron el arado por los campos de los kwegu y ahora algunos de ellos no tienen nada. Si les quitan el sorgo, ¿qué van a comer? ¿Qué van a darle a sus niños?”
– Relato ofrecido por un hombre sobre lo sucedido en las tierras de labranza de los bodi y los kwegu que fueron despejadas en diciembre de 2011.
“Habrá muchos problemas en la zona si todo el ganado se entrega al gobierno. ¿Qué van a comer estas personas, ahora que la sequía golpea a la región del Cuerno de África? Ahora que se ha construido la represa, que ya no hay agua en el río, las tierras han sido quitadas a sus ocupantes y el ganado se entregó al gobierno, ¿qué sucederá a los pobres en épocas de hambruna? Las personas que quieren deshacerse de las comunidades que se dedican al pastoreo comen tres veces al día. ¿Qué sucederá cuando haya hambre?”
– Hombre de la tribu mursi, mayo de 2011.
