(Nueva York) - Arabia Saudita ha detenido indefinidamente a más de 9,000 personas en virtud de su programa de lucha contra el terrorismo desde 2003, ofreciendo a muchos "reeducación" religiosa en lugar de la revisión judicial para lograr su libertad, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Solo en octubre de 2008 Arabia Saudita inició procedimientos para algunos detenidos, anunciando en julio de 2009 que había condenado a más de 300 personas por delitos de terrorismo, en juicios que según el informe fueron secretos e injustos.

El informe de 27 páginas, "Derechos humanos y la respuesta de Arabia Saudita en la lucha contra el terrorismo: Consejería religiosa, detención indefinida y juicios injustos," documenta la respuesta de Arabia Saudita a las amenazas y actos de terrorismo desde 2003, incluyendo las detenciones indefinidas de miles de personas, algunas de las ellas disidentes políticos pacíficos. La agencia de inteligencia nacional, la Mabahith, que cuenta con su propias prisiones, ha impedido una efectiva supervisión judicial. Arabia Saudita debería garantizar el derecho a la revisión judicial de toda persona detenida y el derecho a un juicio justo para toda persona acusada de un delito, afirma el informe.

"La respuesta de Arabia Saudita al terrorismo desde hace años ha sido encerrar a miles de sospechosos y tirar la llave", dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio para Human Rights Watch. "Las autoridades creen que el asesoramiento religioso puede sustituir a los enjuiciamientos, y ahora pretenden que las condenas después de juicios secretos pueden legitimar las detenciones continuas".

Estados Unidos y Reino Unido cooperan estrechamente con funcionarios sauditas de la lucha contra el terrorismo, elogiando públicamente su programa de reeducación religiosa, pero no han criticado ni la detención indefinida de miles de personas ni los juicios injustos de 330 sospechosos en julio. Varios miles de detenidos continúan en las cárceles de todo el país en virtud de los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo.

En lugar de permitir a los detenidos impugnar su detención ante un juez, el Ministerio del Interior ofreció consejería religiosa a los detenidos de la Mabahith, incluyendo a los transferidos del centro de detención estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba. La aprobación de los consejeros es uno de los requisitos para su libertad. Dicho programa involuntario es inapropiado para los detenidos que no han sido condenados por ningún delito y que deberíam ser considerados inocentes, dijo Human Rights Watch.

Arabia Saudita establece un límite legal de seis meses en detención antes del juicio, y algunas familias han denunciado la detención de sus familiares ante la Junta de Reclamaciones, el tribunal administrativo de Arabia Saudita. Sin embargo, el Ministerio del Interior, que es responsable de la Mabahith, ha hecho caso omiso de los fallos del tribunal que ordenan la liberación de los detenidos que han sido privados de su libertad por más tiempo del permitido legalmente, según el informe.

E abril, por ejemplo, el tribunal ordenó a la Mabahith la liberación de Majid al-Husaini, detenido sin cargos desde agosto de 2002, cuando tenía 17 años. Al-Hsaini sigue bajo detención. En otro ejemplo, cuando la Junta de Reclamaciones aceptó en junio una reclamación contra de la Mabahith por parte de Walid Abu al-Khair, un abogado que representaba a algunos de 10 reformistas detenidos sin cargos desde su arresto en febrero de 2007, la Mabahith emitió una serie de advertencias amenazando con detener al propio Abu al-Khair.

"La Mabahith actúa como si estuviera por encima de la ley", dijo Whitson. "Las reformas judiciales del rey Abdullah deben medirse contra el cumplimiento del aparato de seguridad de los principios básicos del Estado de derecho".

En octubre de 2008, las autoridades remitieron a 991 militantes sospechosos a un recién creado Tribunal Penal Especial para su enjuiciamiento, prometiendo un juicio justo supervisado por expertos en derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno rompió su promesa y anunció en julio que 329 sospechosos habían sido condenados por cargos relacionados con el terrorismo después de juicios secretos y sin representación legal. En octubre de 2008 la solicitud de Human Rights Watch para asistir a los juicios fue rechazada, y las dos organizaciones de derechos locales tampoco pudieron supervisar públicamente los procedimientos.

El informe de Human Rights Watch documenta la presión gubernamental sobre los abogados para que no representen a presuntos militantes, e incluye información provista por familiares de los detenidos, quienes dijeron que no se les informó con antelación las fechas del juicio, que sus familiares encarcelados no contaron con acceso a un abogado y estaban siendo juzgados en procedimientos sumarios basados confesiones que la Mabahith facilitó a la corte.

Human Rights Watch pide a Arabia Saudita la liberación o el enjuiciamiento de todos los demás detenidos de la Mabahith, independientemente de su participación en la consejería religiosa. Todos los detenidos que serán juzgados deben ser formalmente acusados de delitos reconocidos, sus juicios deben ser abiertos y se les debe garantizar todos sus derechos a un juicio justo. Los gobiernos extranjeros como Estados Unidos y el Reino Unido que han elogiado las acciones de Arabia Saudita en la lucha contra el terrorismo tienen un deber especial de supervisar los enjuiciamientos y de hablar cuando se violen los derechos de los acusados.

"La justicia tiene que ser justa y debe ser percibida como justa", dijo Whitson. "Los juicios sumarios y a puerta cerrada de Arabia Saudita no cumplen con ninguna de estas características- son una farsa de justicia".