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(Hargeisa, Somalilandia) - El desprecio del Gobierno de Somalilandia por la ley y el proceso democrático pone en peligro la naciente democracia del territorio, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno del presidente Dahir Riyale Kahin ha cometido violaciones de los derechos humanos y generado una peligrosa crisis electoral.

El informe de 56 páginas, "'Rehenes de la paz": Amenazas a los derechos humanos y a la democracia en Somalilandia ", dice que el Gobierno de Somalilandia ha ayudado a crear cierto grado de estabilidad y gobernabilidad democrática, incluso cuando Somalia ha permanecido sumida en los conflictos armados. Pero las ganancias de Somalilandia son frágiles y están siendo amenazadas. El Gobierno del presidente Riyale ha pisoteado regularmente las leyes de Somalilandia y ha aplazado dos veces las elecciones, que fueron originalmente programadas para abril de 2008, a través de un proceso de dudosa legalidad. Una demora de las elecciones, ahora previstas para septiembre de 2009, podría resultar desastrosa para la democracia en Somalilandia.

"Somalilandia ha pasado 18 años tratando de construir estabilidad y democracia, pero todos sus logros están en peligro si el Gobierno sigue socavando el Estado de derecho", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "La crisis electoral ha puesto al descubierto la necesidad de crear instituciones gubernamentales funcionales que respeten los derechos humanos."

El informe de Human Rights Watch se basa principalmente en una visita de dos semanas a Somalilandia en marzo de 2009, en la cual investigadores entrevistaron a funcionarios gubernamentales, dirigentes de la oposición, activistas de la sociedad civil, analistas locales, y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Somalilandia declaró su independencia de Somalia en 1991, tras la desaparición del último gobierno funcional de Somalia. Ningún país ha reconocido la afirmación de Estado por parte de Somalilandia. Human Rights Watch no toma posición sobre si Somalilandia debería ser internacionalmente reconocida como un país independiente. Sin embargo, los actores internacionales deberían participar más a fondo con Somalilandia, presionar a su gobierno para respetar los derechos humanos y las nuevas normas democráticas del territorio, y prestar asistencia enfocada a reforzar las principales instituciones gubernamentales, los medios de comunicación, y la sociedad civil.

En los últimos años el Gobierno de Riyale ha tratado con desdén a la legislatura controlada por la oposición, negándose a respetar su papel en el proceso legislativo o en la supervisión de los gastos poco claros del Gobierno. Se ha hecho muy poco por desarrollar la capacidad del formalmente independiente poder judicial, los tribunales inferiores son a menudo incapaces de aplicar la ley, mientras que el Tribunal Supremo ha actuado como si estuviera totalmente ligado al Presidente.

Las acciones gubernamentales en violación del derecho nacional e internacional han infringido directamente los derechos de los somalilandeses, dijo Human Rights Watch. El Gobierno de Riyale ha eludido los tribunales y pisoteado los derechos de los acusados apoyándose en "comités de seguridad" que están totalmente bajo el control del poder ejecutivo y que no tienen base jurídica en virtud de la legislación de Somalilandia. Los comités de seguridad sentencian y encarcelan a somalilandeses, incluyendo a personas acusadas de delitos comunes y jóvenes menores de edad, sin ninguna pretensión de debido proceso. Se sentencia regularmente a acusados en masa con base en escasa o ninguna evidencia después de audiencias truncadas en que a los acusados no se permitió el derecho a hablar. En marzo, cuando Human Rights Watch visitó la cárcel de Mandhera, afuera de Hargeisa, más de la mitad de los presos habían sido condenados por comités de seguridad, no por tribunales.

El Gobierno también ha participado en otras prácticas represivas que son comunes en la región, pero relativamente raras en Somalilandia. Un antiguo chofer de la familia del Presidente fue encarcelado después acusar públicamente a la primera familia de corrupción, y puesto en libertad sólo después de que salieron a la luz fotos del hombre yaciendo encadenado a una cama de hospital, gravemente enfermo. Los dirigentes de una asociación política disidente llamada Qaran, que impugnó el monopolio legal de la política electoral de los tres partidos existentes, fueron condenados a penas de prisión y se les prohibió la actividad política, aunque fueron puestos en libertad antes de servir sus mandatos completos. Asimismo, el grupo independiente líder de derechos humanos de Somalilandia fue desmantelado durante una lucha de liderazgo en la que intervinieron manera flagrante funcionarios del Gobierno.

Los patrones de acoso de bajo nivel dirigido a periodistas, activistas de la oposición, y a otros son lo más común. En numerosas ocasiones funcionarios del Gobierno han detenido, generalmente por períodos breves, a personas que han criticado públicamente al Gobierno o provisto a la prensa de material informativo considerado desfavorable.

La precaria situación de Somalilandia en la región ha disuadido a los somalinlandeses de protestar en voz alta cuando sus derechos son pisoteados por temor a dañar la estabilidad de su territorio ganada con esfuerzo y su búsqueda de reconocimiento internacional. Mucha gente dijo Human Rights Watch que son efectivamente "rehenes por la paz" - no pueden hacer frente de manera eficaz a los problemas más profundos de Somalilandia por temor a alterar el frágil equilibrio que ha mantenido al territorio separado del camino de Somalia y otros países de la región.

Los reiterados retrasos de la elección presidencial de Somalilandia amenazan los cimientos de su incipiente sistema democrático. En dos ocasiones, el no electo Consejo de Sabios de Somalilandia ha concedido al presidente Riyale largas extensiones de su mandato. La elección está programada para el 29 de septiembre, pero existe una considerable incertidumbre acerca de si se llevará a cabo y bajo qué circunstancias.

"Somalilandia se encuentra en una peligrosa encrucijada", dijo Gagnon. "Las acciones siguientes del presidente Riyale determinarán si dieciocho años de progreso hacia la gobernabilidad democrática y el respeto general de los derechos humanos serán consolidados o puestos en riesgo”.

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