Una crisis política potenciada por problemas económicos de larga data y niveles altísimos de polarización ha creado un entorno difícil para lograr progresos en derechos humanos en Argentina. Las autoridades han utilizado una retórica hostil contra el poder judicial y la prensa independiente y promovido medidas que amenazan la independencia judicial. El Congreso lleva años sin nombrar al defensor del pueblo y al procurador general. Argentina continúa avanzando en la protección de los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), el acceso de las mujeres al aborto y el procesamiento de abusos cometidos durante la última dictadura del país (1976-1983). Las malas condiciones de las prisiones y la violencia endémica contra las mujeres siguen siendo motivos de grave preocupación.

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