Argentina

Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el “terrorismo de estado” que imperó entre 1976 y 1983 en el país, si bien hubo demoras procesales.

En 2009, se sancionó una amplia ley de regulación de medios de comunicación audiovisual, pero en 2010 la empresa de medios más grande de Argentina (Grupo Clarín) obtuvo en la justicia una medida cautelar que suspendió la implementación de las disposiciones de la norma que limitan la propiedad de medios de radio y televisión. En noviembre de 2012, el director del órgano de regulación responsable de la aplicación de la ley indicó que una importante empresa de medios perdería algunas de sus licencias en diciembre, cuando se produciría el vencimiento de la medida cautelar. En diciembre la  Cámara en lo Civil y Comercial Federal volvió a prorrogar la implementación de los artículos relevantes de la Ley de Medios.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia reivindicó el derecho de las personas en prisión preventiva a que se garanticen condiciones adecuadas de detención, el derecho de la prensa crítica a no ser objeto de discriminación en la asignación de la publicidad oficial debido a su opinión editorial y, en 2012, el derecho al aborto lícito.

Entre algunos de los problemas graves de derechos humanos que persisten en 2012 pueden mencionarse las condiciones carcelarias deficientes, la tortura y las restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos.

Juicios por los abusos del pasado

En 2003, se reabrieron varias causas importantes de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983), luego de que el Congreso anulara la ley de “Punto Final” de 1986, que había interrumpido todos los juicios de esta naturaleza, y la ley de “Obediencia Debida” de 1987, que otorgó inmunidad a todos los integrantes de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando.En 2005, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, que había sido pronunciada en 2001 por la justicia en una causa iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 2005, la justicia federal ha declarado la nulidad de los indultos concedidos por el ex Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a ex oficiales que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

Hasta agosto de 2012, la cantidad de personas acusadas por delitos de lesa humanidad había aumentado a 1.926, respecto de las 922 registradas en 2007, según datos del CELS. Para entonces, eran 799 las personas que habían sido acusadas por estos delitos, y 262 ya habían recibido una condena.

Los juicios sufrieron dilaciones en la instancia de apelación, que normalmente demora más de dos años en revisar las sentencias de primera instancia. Hasta agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme las sentencias dictadas en tan sólo ocho de los casos que se reactivaron después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En julio de 2012, la justicia federal condenó a Jorge Videla, quien ocupó la presidencia de facto entre 1976 y 1981, a 50 años de prisión por haber ejecutado un plan para sustraer y entregar en adopción a familias militares los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros de tortura, donde permanecieron hasta ser asesinadas. Se estima que serían más de 400 los menores afectados. Otros oficiales, incluido el jefe de la última junta militar Reynaldo Bignone (1982-1983), también recibieron penas de prisión. La Corte concluyó que la sustracción de bebés constituía una “práctica sistemática y generalizada”. Videla había sido condenado en 1985 por delitos de lesa humanidad y cumplía ya una pena de prisión perpetua.

La “mega causa” contra agentes del Estado responsables de delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) continuó durante 2012. En octubre de 2011, la justicia federal condenó a prisión perpetua a 12 responsables por la detención ilegal, tortura y asesinato de personas detenidas en ese centro. En noviembre de 2012 comenzó un segundo juicio contra 67 agentes del Estado por delitos similares. Siete de ellos fueron juzgados por su presunta participación en los denominados “vuelos de la muerte”, durante los cuales personas que se encontraban detenidas en la ESMA eran sedadas y lanzadas desde aviones al Atlántico.

Argentina

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Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el “terrorismo de estado” que imperó entre 1976 y 1983 en el país, si bien hubo demoras procesales.

Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el “terrorismo de estado” que imperó entre 1976 y 1983 en el país, si bien hubo demoras procesales.

En 2009, se sancionó una amplia ley de regulación de medios de comunicación audiovisual, pero en 2010 la empresa de medios más grande de Argentina (Grupo Clarín) obtuvo en la justicia una medida cautelar que suspendió la implementación de las disposiciones de la norma que limitan la propiedad de medios de radio y televisión. En noviembre de 2012, el director del órgano de regulación responsable de la aplicación de la ley indicó que una importante empresa de medios perdería algunas de sus licencias en diciembre, cuando se produciría el vencimiento de la medida cautelar. En diciembre la  Cámara en lo Civil y Comercial Federal volvió a prorrogar la implementación de los artículos relevantes de la Ley de Medios.

En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia reivindicó el derecho de las personas en prisión preventiva a que se garanticen condiciones adecuadas de detención, el derecho de la prensa crítica a no ser objeto de discriminación en la asignación de la publicidad oficial debido a su opinión editorial y, en 2012, el derecho al aborto lícito.

Entre algunos de los problemas graves de derechos humanos que persisten en 2012 pueden mencionarse las condiciones carcelarias deficientes, la tortura y las restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos.

Juicios por los abusos del pasado

En 2003, se reabrieron varias causas importantes de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983), luego de que el Congreso anulara la ley de “Punto Final” de 1986, que había interrumpido todos los juicios de esta naturaleza, y la ley de “Obediencia Debida” de 1987, que otorgó inmunidad a todos los integrantes de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando.En 2005, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, que había sido pronunciada en 2001 por la justicia en una causa iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 2005, la justicia federal ha declarado la nulidad de los indultos concedidos por el ex Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a ex oficiales que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

Hasta agosto de 2012, la cantidad de personas acusadas por delitos de lesa humanidad había aumentado a 1.926, respecto de las 922 registradas en 2007, según datos del CELS. Para entonces, eran 799 las personas que habían sido acusadas por estos delitos, y 262 ya habían recibido una condena.

Los juicios sufrieron dilaciones en la instancia de apelación, que normalmente demora más de dos años en revisar las sentencias de primera instancia. Hasta agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme las sentencias dictadas en tan sólo ocho de los casos que se reactivaron después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

En julio de 2012, la justicia federal condenó a Jorge Videla, quien ocupó la presidencia de facto entre 1976 y 1981, a 50 años de prisión por haber ejecutado un plan para sustraer y entregar en adopción a familias militares los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros de tortura, donde permanecieron hasta ser asesinadas. Se estima que serían más de 400 los menores afectados. Otros oficiales, incluido el jefe de la última junta militar Reynaldo Bignone (1982-1983), también recibieron penas de prisión. La Corte concluyó que la sustracción de bebés constituía una “práctica sistemática y generalizada”. Videla había sido condenado en 1985 por delitos de lesa humanidad y cumplía ya una pena de prisión perpetua.

La “mega causa” contra agentes del Estado responsables de delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) continuó durante 2012. En octubre de 2011, la justicia federal condenó a prisión perpetua a 12 responsables por la detención ilegal, tortura y asesinato de personas detenidas en ese centro. En noviembre de 2012 comenzó un segundo juicio contra 67 agentes del Estado por delitos similares. Siete de ellos fueron juzgados por su presunta participación en los denominados “vuelos de la muerte”, durante los cuales personas que se encontraban detenidas en la ESMA eran sedadas y lanzadas desde aviones al Atlántico.

Una cuestión preocupante es la seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos. Luego de que Jorge Julio López, un hombre que había sido víctima de tortura, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006 —el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias de un juicio en el cual era testigo— el gobierno implementó una serie de medidas para proteger a testigos. El destino o paradero de López aún no se ha esclarecido.

Libertad de expresión

En 2009, el Congreso aprobó una ley de reglamentación de medios de radio y televisión que busca fomentar la diversidad de opinión y limita la posibilidad de que las empresas posean porcentajes significativos del espectro de frecuencias de transmisión. La nueva ley contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de “faltas” podrían dar lugar a sanciones, como la revocación de licencias de difusión. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el organismo de regulación responsable de aplicar y hacer cumplir la ley, dictó durante 2011 y 2012 diversas resoluciones contra Cablevisión, la compañía de televisión por cable del Grupo Clarín —que además de conformar la corporación mediática más grande de Argentina es un consabido crítico del gobierno— por no reorganizar su grilla de canales de acuerdo con las reglamentaciones de la AFSCA.

En octubre de 2010, la Corte Suprema confirmó una medida cautelar a favor de Clarín y suspendió la aplicación de un artículo de la ley que obligaría a esta compañía a vender en el lapso de un año aquellos medios que no se adecuan a los nuevos límites legales. En mayo de 2012, la Corte dictaminó que la suspensión finalmente caducaría el 7 de diciembre de 2012, si bien la justicia de primera instancia aún estaba analizando la constitucionalidad de la ley. Martín Sabbatella, el presidente de la AFSCA, señaló en noviembre que solamente un grupo no había aceptado presentar propuestas de reestructuración de sus empresas antes del plazo del 7 de diciembre —en clara referencia a Clarín— y que la AFSCA pondría en marcha procedimientos para reasignar las licencias excedentes si el grupo no lo hacía.

En marzo de 2011, la Corte Suprema confirmó por unanimidad el pronunciamiento de la justicia administrativa a favor de publicaciones Perfil, que había presentado un amparo ante la negativa del gobierno del Presidente Néstor Kirchner a asignar publicidad oficial a las revistas Noticias y Fortuna y al periódico Perfil, debido a que estos medios mantenían una postura crítica. El actual gobierno de la Presidenta Cristina Fernández no ha cumplido la sentencia de la Corte que ordena incluir a Perfil en el reparto publicitario respetando un “equilibrio razonable” con otros medios de similares características y con independencia de su postura editorial. En agosto de 2012, un tribunal de apelación administrativo ordenó al gobierno cumplir la sentencia de la Corte Suprema en el término de 15 días. Tras un recurso interpuesto exitosamente por el gobierno contra esta resolución, corresponde ahora a la Corte Suprema pronunciarse sobre esta cuestión en forma definitiva.

Argentina no cuenta con una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos del Estado. Un proyecto de ley sobre este tema que recibió aprobación en el Senado en septiembre de 2010 se encuentra actualmente paralizado en la Cámara de Diputados.

Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación, las condiciones edilicias inadecuadas y la violencia entre internos continúan siendo materia de profunda preocupación. En la provincia de Buenos Aires, algunos internos aún permanecen en celdas policiales que no han sido diseñadas ni están equipadas para alojar a detenidos durante períodos prolongados, si bien la cantidad se redujo considerablemente a partir de 2010, cuando las autoridades de la provincia comenzaron a reubicar a los detenidos luego de que varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos expresaran su preocupación. Según datos del CELS, durante 2011 se cerraron celdas de detención en 138 estaciones de policía en la provincia de Buenos Aires y los detenidos fueron transferidos al sistema penitenciario bonaerense, donde ya se registraban graves condiciones de hacinamiento. El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria señaló que 127 presos de la provincia de Buenos Aires habían fallecido a causa de agresiones de otros internos, suicidios y accidentes durante 2011, el año más reciente sobre el cual se tienen datos.

La tortura y el maltrato por parte de guardias penitenciarios siguen representando problemas comunes. En su informe anual de 2011, el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos relevó 584 casos de violencia física perpetrada por guardias. Este grupo es una organización de vigilancia conformada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo oficial creado por la legislatura.

Ley antiterrorista

En diciembre de 2011, el Congreso aprobó una serie de reformas al Código Penal argentino que duplicaron las penas previstas para delitos cometidos con la finalidad de “aterrorizar a la población” u obligar a las autoridades a realizar actos o abstenerse de hacerlo. La imprecisión de este lenguaje —y su aplicación a cualquier delito del Código Penal—plantea la posibilidad de que la ley pueda usarse en forma indebida contra quienes realicen actos que no sean terroristas, como la violencia durante manifestaciones públicas. 

Justiciatransnacional

Hasta la fecha de este informe, no había condenados por la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, en la cual perdieron la vida 85 personas, y más de 300 resultaron heridas.Desde su inicio, las investigaciones y los procesos penales se han visto obstaculizados como resultado de corrupción judicial y encubrimientos políticos. Irán, país al cual se atribuyen los atentados, ha rechazado los pedidos de extradición del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros seis funcionarios de ese país formulados por Argentina. En septiembre de 2012, en una declaración conjunta emitida tras un encuentro en las Naciones Unidas, los ministros de relaciones exteriores de Argentina e Irán señalaron que continuarían explorando un “mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina e Irán” hasta que se llegue a una solución “mutuamente acordada”.

Derechos reproductivos

Salvo pocas excepciones, en Argentina el aborto es ilegal y las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y el aborto después de una violación (uno de los casos en los cuales está permitido). Como resultado de estos obstáculos, a menudo mujeres y jóvenes deben afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud.

Mediante una decisión emblemática, en marzo de 2012 la Corte Suprema determinó que no era necesario contar con autorización judicial previa para someterse a un aborto luego de una violación. La Corte exhortó a los gobiernos provinciales a adoptar protocolos para asegurar el acceso a abortos legales. Hasta septiembre, 10 de las 23 provincias de Argentina habían adoptado medidas en este sentido, y 5 habían anunciado que tenían previsto hacerlo.

También en septiembre, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley para implementar la sentencia en esta jurisdicción. No obstante, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, vetó la ley al señalar que excedía lo exigido por la Corte. Los protocolos adoptados por el Ministerio de Salud de la ciudad para implementar la sentencia —que establece requisitos que podrían obstaculizar el acceso al aborto legal— continuaron vigentes. En octubre, luego de que varias organizaciones contra el aborto obtuvieran un amparo judicial que habría impedido practicar un aborto a una víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, la Corte Suprema intervino para permitir que se efectuara el aborto.

Orientación sexuale identidad de género

En mayo de 2012, entró en vigor una ley que reconoce el derecho de las personas mayores de 18 años a elegir su identidad de género y someterse a cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales sin necesidad de autorización administrativa o legal.

Actores internacionalesclave

En su informe de noviembre de 2011 sobre la visita a Argentina, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya manifestó su preocupación ante la gran cantidad de desalojos de comunidades indígenas debido a la “grave inseguridad jurídica de tierras indígenas”. El relator especial también observó que quienes se resistían a los desalojos o se manifestaban en contra podían ser objeto de “un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía” y procesos penales.

Durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en junio de 2012, el ministro de relaciones exteriores de Argentina cuestionó públicamente el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sugirió que no debía mostrarse crítica de las “democracias” que existen actualmente en la región del mismo modo en que había criticado a las “dictaduras” del pasado.

  • Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el “terrorismo de estado” que imperó entre 1976 y 1983 en el país, si bien hubo demoras procesales.

    Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el “terrorismo de estado” que imperó entre 1976 y 1983 en el país, si bien hubo demoras procesales.

    En 2009, se sancionó una amplia ley de regulación de medios de comunicación audiovisual, pero en 2010 la empresa de medios más grande de Argentina (Grupo Clarín) obtuvo en la justicia una medida cautelar que suspendió la implementación de las disposiciones de la norma que limitan la propiedad de medios de radio y televisión. En noviembre de 2012, el director del órgano de regulación responsable de la aplicación de la ley indicó que una importante empresa de medios perdería algunas de sus licencias en diciembre, cuando se produciría el vencimiento de la medida cautelar. En diciembre la  Cámara en lo Civil y Comercial Federal volvió a prorrogar la implementación de los artículos relevantes de la Ley de Medios.

    En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia reivindicó el derecho de las personas en prisión preventiva a que se garanticen condiciones adecuadas de detención, el derecho de la prensa crítica a no ser objeto de discriminación en la asignación de la publicidad oficial debido a su opinión editorial y, en 2012, el derecho al aborto lícito.

    Entre algunos de los problemas graves de derechos humanos que persisten en 2012 pueden mencionarse las condiciones carcelarias deficientes, la tortura y las restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos.

    Juicios por los abusos del pasado

    En 2003, se reabrieron varias causas importantes de violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983), luego de que el Congreso anulara la ley de “Punto Final” de 1986, que había interrumpido todos los juicios de esta naturaleza, y la ley de “Obediencia Debida” de 1987, que otorgó inmunidad a todos los integrantes de las fuerzas armadas, excepto a aquellos con cargos de mando.En 2005, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, que había sido pronunciada en 2001 por la justicia en una causa iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 2005, la justicia federal ha declarado la nulidad de los indultos concedidos por el ex Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a ex oficiales que habían sido condenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

    Hasta agosto de 2012, la cantidad de personas acusadas por delitos de lesa humanidad había aumentado a 1.926, respecto de las 922 registradas en 2007, según datos del CELS. Para entonces, eran 799 las personas que habían sido acusadas por estos delitos, y 262 ya habían recibido una condena.

    Los juicios sufrieron dilaciones en la instancia de apelación, que normalmente demora más de dos años en revisar las sentencias de primera instancia. Hasta agosto de 2012, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme las sentencias dictadas en tan sólo ocho de los casos que se reactivaron después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

    En julio de 2012, la justicia federal condenó a Jorge Videla, quien ocupó la presidencia de facto entre 1976 y 1981, a 50 años de prisión por haber ejecutado un plan para sustraer y entregar en adopción a familias militares los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros de tortura, donde permanecieron hasta ser asesinadas. Se estima que serían más de 400 los menores afectados. Otros oficiales, incluido el jefe de la última junta militar Reynaldo Bignone (1982-1983), también recibieron penas de prisión. La Corte concluyó que la sustracción de bebés constituía una “práctica sistemática y generalizada”. Videla había sido condenado en 1985 por delitos de lesa humanidad y cumplía ya una pena de prisión perpetua.

    La “mega causa” contra agentes del Estado responsables de delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) continuó durante 2012. En octubre de 2011, la justicia federal condenó a prisión perpetua a 12 responsables por la detención ilegal, tortura y asesinato de personas detenidas en ese centro. En noviembre de 2012 comenzó un segundo juicio contra 67 agentes del Estado por delitos similares. Siete de ellos fueron juzgados por su presunta participación en los denominados “vuelos de la muerte”, durante los cuales personas que se encontraban detenidas en la ESMA eran sedadas y lanzadas desde aviones al Atlántico.

    Una cuestión preocupante es la seguridad de los testigos en los juicios de derechos humanos. Luego de que Jorge Julio López, un hombre que había sido víctima de tortura, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006 —el día anterior a la fecha en que debía asistir a una de las últimas audiencias de un juicio en el cual era testigo— el gobierno implementó una serie de medidas para proteger a testigos. El destino o paradero de López aún no se ha esclarecido.

    Libertad de expresión

    En 2009, el Congreso aprobó una ley de reglamentación de medios de radio y televisión que busca fomentar la diversidad de opinión y limita la posibilidad de que las empresas posean porcentajes significativos del espectro de frecuencias de transmisión. La nueva ley contiene definiciones imprecisas sobre qué tipo de “faltas” podrían dar lugar a sanciones, como la revocación de licencias de difusión. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el organismo de regulación responsable de aplicar y hacer cumplir la ley, dictó durante 2011 y 2012 diversas resoluciones contra Cablevisión, la compañía de televisión por cable del Grupo Clarín —que además de conformar la corporación mediática más grande de Argentina es un consabido crítico del gobierno— por no reorganizar su grilla de canales de acuerdo con las reglamentaciones de la AFSCA.

    En octubre de 2010, la Corte Suprema confirmó una medida cautelar a favor de Clarín y suspendió la aplicación de un artículo de la ley que obligaría a esta compañía a vender en el lapso de un año aquellos medios que no se adecuan a los nuevos límites legales. En mayo de 2012, la Corte dictaminó que la suspensión finalmente caducaría el 7 de diciembre de 2012, si bien la justicia de primera instancia aún estaba analizando la constitucionalidad de la ley. Martín Sabbatella, el presidente de la AFSCA, señaló en noviembre que solamente un grupo no había aceptado presentar propuestas de reestructuración de sus empresas antes del plazo del 7 de diciembre —en clara referencia a Clarín— y que la AFSCA pondría en marcha procedimientos para reasignar las licencias excedentes si el grupo no lo hacía.

    En marzo de 2011, la Corte Suprema confirmó por unanimidad el pronunciamiento de la justicia administrativa a favor de publicaciones Perfil, que había presentado un amparo ante la negativa del gobierno del Presidente Néstor Kirchner a asignar publicidad oficial a las revistas Noticias y Fortuna y al periódico Perfil, debido a que estos medios mantenían una postura crítica. El actual gobierno de la Presidenta Cristina Fernández no ha cumplido la sentencia de la Corte que ordena incluir a Perfil en el reparto publicitario respetando un “equilibrio razonable” con otros medios de similares características y con independencia de su postura editorial. En agosto de 2012, un tribunal de apelación administrativo ordenó al gobierno cumplir la sentencia de la Corte Suprema en el término de 15 días. Tras un recurso interpuesto exitosamente por el gobierno contra esta resolución, corresponde ahora a la Corte Suprema pronunciarse sobre esta cuestión en forma definitiva.

    Argentina no cuenta con una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos del Estado. Un proyecto de ley sobre este tema que recibió aprobación en el Senado en septiembre de 2010 se encuentra actualmente paralizado en la Cámara de Diputados.

    Condiciones en centros de detención

    La sobrepoblación, las condiciones edilicias inadecuadas y la violencia entre internos continúan siendo materia de profunda preocupación. En la provincia de Buenos Aires, algunos internos aún permanecen en celdas policiales que no han sido diseñadas ni están equipadas para alojar a detenidos durante períodos prolongados, si bien la cantidad se redujo considerablemente a partir de 2010, cuando las autoridades de la provincia comenzaron a reubicar a los detenidos luego de que varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos expresaran su preocupación. Según datos del CELS, durante 2011 se cerraron celdas de detención en 138 estaciones de policía en la provincia de Buenos Aires y los detenidos fueron transferidos al sistema penitenciario bonaerense, donde ya se registraban graves condiciones de hacinamiento. El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria señaló que 127 presos de la provincia de Buenos Aires habían fallecido a causa de agresiones de otros internos, suicidios y accidentes durante 2011, el año más reciente sobre el cual se tienen datos.

    La tortura y el maltrato por parte de guardias penitenciarios siguen representando problemas comunes. En su informe anual de 2011, el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos relevó 584 casos de violencia física perpetrada por guardias. Este grupo es una organización de vigilancia conformada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo oficial creado por la legislatura.

    Ley antiterrorista

    En diciembre de 2011, el Congreso aprobó una serie de reformas al Código Penal argentino que duplicaron las penas previstas para delitos cometidos con la finalidad de “aterrorizar a la población” u obligar a las autoridades a realizar actos o abstenerse de hacerlo. La imprecisión de este lenguaje —y su aplicación a cualquier delito del Código Penal—plantea la posibilidad de que la ley pueda usarse en forma indebida contra quienes realicen actos que no sean terroristas, como la violencia durante manifestaciones públicas. 

    Justiciatransnacional

    Hasta la fecha de este informe, no había condenados por la explosión de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, en la cual perdieron la vida 85 personas, y más de 300 resultaron heridas.Desde su inicio, las investigaciones y los procesos penales se han visto obstaculizados como resultado de corrupción judicial y encubrimientos políticos. Irán, país al cual se atribuyen los atentados, ha rechazado los pedidos de extradición del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros seis funcionarios de ese país formulados por Argentina. En septiembre de 2012, en una declaración conjunta emitida tras un encuentro en las Naciones Unidas, los ministros de relaciones exteriores de Argentina e Irán señalaron que continuarían explorando un “mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina e Irán” hasta que se llegue a una solución “mutuamente acordada”.

    Derechos reproductivos

    Salvo pocas excepciones, en Argentina el aborto es ilegal y las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y el aborto después de una violación (uno de los casos en los cuales está permitido). Como resultado de estos obstáculos, a menudo mujeres y jóvenes deben afrontar embarazos no deseados o con riesgo para su salud.

    Mediante una decisión emblemática, en marzo de 2012 la Corte Suprema determinó que no era necesario contar con autorización judicial previa para someterse a un aborto luego de una violación. La Corte exhortó a los gobiernos provinciales a adoptar protocolos para asegurar el acceso a abortos legales. Hasta septiembre, 10 de las 23 provincias de Argentina habían adoptado medidas en este sentido, y 5 habían anunciado que tenían previsto hacerlo.

    También en septiembre, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley para implementar la sentencia en esta jurisdicción. No obstante, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, vetó la ley al señalar que excedía lo exigido por la Corte. Los protocolos adoptados por el Ministerio de Salud de la ciudad para implementar la sentencia —que establece requisitos que podrían obstaculizar el acceso al aborto legal— continuaron vigentes. En octubre, luego de que varias organizaciones contra el aborto obtuvieran un amparo judicial que habría impedido practicar un aborto a una víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, la Corte Suprema intervino para permitir que se efectuara el aborto.

    Orientación sexuale identidad de género

    En mayo de 2012, entró en vigor una ley que reconoce el derecho de las personas mayores de 18 años a elegir su identidad de género y someterse a cirugías de cambio de sexo y tratamientos hormonales sin necesidad de autorización administrativa o legal.

    Actores internacionalesclave

    En su informe de noviembre de 2011 sobre la visita a Argentina, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya manifestó su preocupación ante la gran cantidad de desalojos de comunidades indígenas debido a la “grave inseguridad jurídica de tierras indígenas”. El relator especial también observó que quienes se resistían a los desalojos o se manifestaban en contra podían ser objeto de “un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía” y procesos penales.

    Durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en junio de 2012, el ministro de relaciones exteriores de Argentina cuestionó públicamente el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sugirió que no debía mostrarse crítica de las “democracias” que existen actualmente en la región del mismo modo en que había criticado a las “dictaduras” del pasado.