El informe de 61 páginas, "Inyectando Razón: Los Derechos Humanos y la Prevención del VIH entre los Usuarios de Drogas Inyectables," documenta la manera en que la policía intercepta, arresta y acosa a las personas que participan en los programas de intercambio de jeringas establecidos por algunos gobiernos locales de California. Aún en aquellos lugares donde los programas de intercambio de jeringas son legales, la policía sigue teniendo autorización para arrestar a las personas que participan en los mismos, basándose en una ley anticuada que prohíbe la posesión de "artículos para el consumo de drogas."

"Restringir los programas que facilitan el acceso a jeringas esterilizadas implica una sentencia de muerte de hecho para los consumidores de drogas inyectables," señaló Jonathan Cohen, investigador de Human Rights Watch y autor del informe "Un alto precio a pagar por la enfermedad de la adicción."

Alrededor de un 25 por ciento de los nuevos casos de SIDA declarados en los Estados Unidos son causados por el uso de jeringas infectadas. Asimismo, el hecho de compartir jeringas también entraña un alto factor de riesgo para el contagio de enfermedades tales como la hepatitis B y C. El estado de California posee un octavo de los nuevos casos de SIDA reportados en los Estados Unidos.

Muchos condados del estado de California aún prohíben los programas de intercambio de jeringas. En estos condados, Human Rights Watch documentó casos de consumidores de drogas que comparten sus jeringas con otras personas, reutilizando jeringas contaminadas o comprando jeringas usadas en la calle. Algunas personas optan por buscar jeringas usadas en los contenedores de basura, uniendo partes de jeringas viejas o compartiendo jeringas con otras personas de manera reiterada hasta que dejan de funcionar. Otras personas se arriesgan a ser arrestadas y pasar tiempo en prisión al contactar servicios de intercambio de jeringas clandestinos.

"Para los consumidores de drogas el intercambio de jeringas es parte sustancial del cuidado de su salud y el gobierno está impidiendo que accedan a este tipo de servicios," afirmó Cohen. "Nadie debería ser puesto en la situación de tener que optar entre convertirse en VIH positivo e ir a la cárcel."

El informe publicado por Human Rights Watch presenta evidencia clara sobre los beneficios asociados a los programas que promueven el uso de jeringas esterilizadas, incluyendo un estudio sobre el intercambio de jeringas publicado en el año 2000 por el Director General de Sanidad Pública de los Estados Unidos, David Satcher. Las distintas agencias gubernamentales que han estudiado el tema del intercambio de jeringas, incluyendo los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, han concluido que los programas de jeringas esterilizadas ayudan a reducir de manera drástica los niveles de contagio del VIH y de la hepatitis C, sin incrementar, sin embargo, el consumo de drogas. Los participantes en los programas de jeringas limpias también reciben información sobre salud sexual y son referidos a centros especializados para el tratamiento de las adicciones.

Desde 1998 el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido el uso de fondos federales para financiar programas de intercambio de jeringas. Las personas que se encuentran a favor de tal prohibición sostienen que estos programas transmiten un mensaje equivocado sobre el consumo de drogas.

"Los gobiernos pueden transmitir un mensaje claro contra las drogas sin necesidad de sacrificar la vida de los consumidores de estas sustancias," dijo Cohen. "El único mensaje que se envía al restringir los programas de jeringas limpias es que no vale la pena hacer ningún tipo de esfuerzo para salvar la vida de miles de consumidores de drogas inyectables."

Human Rights Watch exhortó al gobierno de California y de otros estados norteamericanos a enmendar sus leyes sobre drogas de manera tal de permitir la posesión de jeringas con el propósito de prevenir enfermedades infectocontagiosas.

El informe de Human Rights Watch recomienda la legalización de los programas de intercambio de jeringas y la venta libre (sin receta médica) de jeringas en las farmacias. También exhorta a los departamentos de policía a acabar con las detenciones y el acoso a las personas que participan en los programas de jeringas limpias, una práctica que ha sido prohibida recientemente por los tribunales de Connecticut, Massachussets y Nueva York.