Los juicios en curso son los acontecimientos más recientes de la oleada de represión iniciada el 18 de marzo. Desde entonces, unas 80 personas han sido arrestadas y detenidas, entre ellas destacados disidentes, activistas pro derechos humanos, periodistas independientes y directores de bibliotecas independientes.

"El hecho de que esta campaña de represión coincida con la guerra de Irak no es una casualidad", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es realmente vergonzoso que el gobierno cubano esté aprovechando la oportunidad de que la atención mundial está centrada en otro lugar para intentar reprimir la disidencia interna".

Estos enjuiciamientos y detenciones en masa representan la campaña de represión más dura que se ha emprendido en Cuba en la última década. Se producen justo en el momento en que el país se enfrenta a una probable condena de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por el abuso contra estos derechos.

Se informó de que los juicios se iniciaron a las 8:30 a.m. del jueves y se formularon cargos de colaboración contra diplomáticos estadounidenses para debilitar al gobierno cubano. Entre los muchos acusados juzgados el 3 de abril se encuentran Marcelo López Bañobre, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Marcelo Cano Rodríguez, también miembro de la CCDHRN, y los economistas independientes Marta Beatriz Roque y Oscar Espinoza Chepe.

Según se ha informado, los fiscales han pedido la cadena perpetua para algunos de los acusados y sentencias sumamente duras para otros.

Los acusados están siendo juzgados de acuerdo con la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88), que entró en vigor en marzo de 1999, y la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, en vigor desde diciembre de 1996. El gobierno cubano justifica ambas leyes como respuesta a la Ley Helms-Burton, la ley estadounidense que endureció el embargo económico sobre Cuba.

Los tribunales cubanos no respetan las garantías procesales básicas de los acusados y carecen de independencia e imparcialidad. Los juicios contra disidentes se celebran a veces a puerta cerrada, violando el derecho a un proceso público.

"Estas personas están siendo juzgadas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y asociación", dijo Vivanco. "El gobierno cubano está dando un deplorable espectáculo".