En los últimos meses, tanto Washington Office on Latin America (WOLA) como Human Rights Watch han emprendido misiones de averiguación a Venezuela para investigar los acontecimientos que rodearon el golpe fallido de abril de 2002 y evaluar la situación actual de los derechos humanos y la crisis política continuada. Compartimos graves preocupaciones por la estabilidad política de Venezuela y tememos que siguen habiendo altas probabilidades de que estalle la violencia a gran escala. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los riesgos continuados que amenazan hoy en día a los derechos humanos, la democracia y el régimen constitucional en Venezuela. Apelamos a la comunidad internacional, y al Gobierno de Estados Unidos en particular, para que apoye las iniciativas emprendidas en Venezuela para promover una resolución negociada y pacífica del actual impasse político dentro del marco constitucional venezolano y el Estado de derecho, lo que incluye un cumplimiento estricto de los principios de derechos humanos.

La situación posterior al golpe fallido continúa polarizada y la tensión está a niveles sumamente elevados.

La situación posterior al golpe fallido continúa polarizada y la tensión está a niveles sumamente elevados. Los sectores de línea dura tanto de la oposición como del Gobierno han demostrado muy poca voluntad de compromiso o negociación. Ambos recurren a la retórica inflamatoria y la confrontación, creando condiciones que podrían producir más violencia. Algunos sectores de la oposición siguen tratando de desbancar al Presidente Chávez antes de que termine su mandato, con bastante desprecio a la legalidad o la constitucionalidad para lograr dicho objetivo. El gobierno de Chávez, por su parte, no ha adoptado suficientes medidas para apaciguar el conflicto actual e imponer el Estado de derecho, y continúa promoviendo la participación política dentro del Gobierno de miembros en activo de las fuerzas armadas venezolanas.

La situación de la prensa también es preocupante. En lugar de informar con imparcialidad y exactitud, la mayoría de los medios de comunicación intentan provocar el descontento y la irritación populares en apoyo a la línea dura de la oposición. El Presidente Chávez, a su vez, emplea un fuerte lenguaje intimidatorio para atacar verbalmente a los medios de comunicación. Dada la polarización de la situación, sus simpatizantes pueden interpretar sus declaraciones como una incitación a la violencia. El resultado es una situación precaria para los periodistas, quienes suelen ser atacados y hostigados.

A pesar de los rumores constantes sobre otro golpe, no está claro que existan las condiciones para una nueva acción militar en un futuro cercano. Los analistas creen que las fuerzas armadas se resisten a correr el riesgo de repetir el golpe frustrado del pasado abril, que están profundamente divididas como institución, y que no existe un apoyo popular suficiente para una acción militar. Sin embargo, esta situación podría cambiar perfectamente si escalara la violencia callejera y se viera cada vez más amenazado el orden público. Con cada manifestación o protesta, aumentan las posibilidades de una confrontación violenta. Es especialmente preocupante la posibilidad de que estalle la violencia el 10 de octubre, fecha en que tendrá lugar una protesta convocada por la oposición política a la que se enfrentaran probablemente manifestantes pro gubernamentales.

Ambos recurren a la retórica inflamatoria y la confrontación, creando condiciones que podrían producir más violencia.

Aunque las estrategias de confrontación dominan el debate político actual en Venezuela, hay sectores tanto dentro de la oposición como del Gobierno que buscan una vía alternativa. Están intentando promover el diálogo en todo el espectro político y fomentar soluciones políticas dentro del marco de la constitución nacional, tales como un referéndum a mitad del mandato presidencial. Tienen el respaldo del grueso de la población que se opone a la violencia o a nuevas acciones militares. Hasta la fecha, sin embargo, estos sectores cuentan con muy poco espacio político dentro del cual operar y tienen muy poca repercusión dentro del debate nacional. Apoyar a estos sectores moderados de la sociedad y del Gobierno, y ayudarles a crear el espacio político para promover alternativas democráticas es un reto clave para la comunidad internacional.

La comunidad internacional ha hecho dos avances importantes en la creación de condiciones para la paz en Venezuela. Primero, en contraste con su justificación inicial del golpe fallido de abril, el Gobierno de Estados Unidos emitió una declaración el 18 de septiembre afirmando inequívocamente su oposición a la alteración del régimen constitucional en Venezuela. Segundo, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter están trabajando juntos para promover el diálogo en Venezuela. Respaldamos plenamente esta iniciativa y pedimos a los actores relevantes en Venezuela que también la apoyen. También instamos a la oposición y al gobierno venezolanos a que acepten el nombramiento de un "facilitador" de la OEA lo antes posible para promover el diálogo y la solución democrática de la actual crisis política.

Finalmente, queremos subrayar el trabajo crucial que están llevando a cabo organizaciones de derechos humanos venezolanas tales como PROVEA, la Red de Apoyo, COFAVIC y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos. Están desempeñando un papel importante y difícil en defensa de los derechos humanos dentro de una situación polarizada y complicada, y promoviendo el diálogo a nivel local. La comunidad de derechos humanos venezolana merece el total apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la comunidad internacional en general.