 La nueva lucha de Los Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (Nueva York, 26 de junio de 2002) — El Gobierno de los Estados Unidos ha ampliado su campaña en contra de la Corte Penal Internacional a las fuerzas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, señaló Human Rights Watch en un informe emitido hoy.
La Administración de Bush sigue presionando en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que los efectivos de las fuerzas de mantenimiento de paz queden al margen de la autoridad de la Corte. La Corte Penal Internacional entrará en funcionamiento el próximo 1 de Julio, tras haber sido ratificada por 69 países hasta la fecha. "Los Estados Unidos están intentando modificar el Tratado por la puerta de atrás," según Kenneth Roth, Director Ejecutivo de Human Rights Watch. "Están usando al Consejo de Seguridad para atacar a una institución que docenas de países consideran ya un hecho." Roth animó a Francia, al Reino Unido, y a otros miembros del Consejo de Seguridad a "defender la integridad" del nuevo tribunal. Y señaló los infructuosos intentos previos de Estados Unidos de mantener a los efectivos de paz en Timor Oriental fuera del marco jurisdiccional de la Corte. El informe de Human Rights Watch analiza varias de las propuestas de los Estados Unidos al Consejo de Seguridad para excluir a los efectivos de paz de la ONU de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, así como el acuerdo sobre el ISAF impulsado por el Reino Unido acerca de las tropas internacionales en Afganistán. Dicho acuerdo fue citado por los delegados norteamericanos para justificar los esfuerzos de Washington por conseguir tal exención. En la reunión del Consejo de Seguridad el pasado martes, 18 de junio, los delegados norteamericanos presentaron sendas propuestas que pretenden la exención de responsabilidad de los efectivos de paz: el primer texto aplicable únicamente a las tropas desplegadas en Bosnia, y el segundo, a toda operación de Naciones Unidas, ya sea autorizada o mandada. "Los Estados Unidos no consiguieron las garantías a toda prueba que pretendían con su aislamiento cuando se negoció el Tratado, y ahora Washington trata de conseguir su objetivo por otros medios," advirtió Roth. "Esto pone en peligro la misma idea de elaboración de tratados internacionales. ¿Para que negociar un documento si los Estados Unidos lo pueden alterar tras las puertas cerradas del Consejo de Seguridad?" La Corte Penal Internacional será la primera con carácter permanente autorizada para juzgar a aquellos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en caso de que los tribunales nacionales lleven a cabo enjuiciamientos viciados o no investiguen en absoluto. Desde el 1 de Julio, los acusados por tales delitos podrán ser presentados delante de este tribunal con sede en la Haya. El Presidente Clinton firmó el tratado el 31 de diciembre del 2000. El 6 de mayo del 2002, la Administración de Bush anunció su intención de retirar su firma. Pierre Prosper, embajador especial para crímenes de guerra, señaló que el Presidente George Bush no había declarado la guerra a la Corte Penal Internacional. En palabras de Roth, "lo que está sucediendo en estos momentos en el seno de Naciones Unidas es un ataque a gran escala contra la Corte."  LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ES UNA REALIDAD (11 de abril de 2002)
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