El sistema de impartición de justicia mexicano deja actualmente en manos de las autoridades militares la tarea de investigar y procesar los abusos cometidos por el Ejército.

"Cuando se trata de abusos a los derechos humanos, el gobierno mexicano no puede encargar al Ejército que se vigile a si mismo," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es una formula que garantiza que nadie rinda cuentas."

El Ejército mexicano ha desempeñado un papel cada vez más activo en la vigilancia de las zonas rurales en los últimos años, especialmente en las regiones con grandes poblaciones indígenas. El pasado enero, el Presidente Vicente Fox declaró su intención de librar una "guerra sin cuartel" contra el narcotráfico, lo que despertó la preocupación de que las prácticas policiales agresivas de las fuerzas armadas pudieran no tener suficientemente en cuenta la salvaguardia de los derechos humanos.

En el informe titulado "Injusticia militar: La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército," se ofrece un examen detallado de cinco casos en los que civiles del estado de Guerrero denunciaron graves violaciones cometidas por soldados. A pesar de las pruebas creíbles que sustentaban sus alegaciones, las autoridades militares sólo presentaron cargos en uno de los casos -- después de que los residentes rodearan una base militar y se negaran a retirarse hasta que el gobierno prometiera una investigación exhaustiva.

En el informe se afirma que una de las principales deficiencias del sistema de justicia militar es su falta de transparencia, que impide que los civiles observen el progreso de las investigaciones. Otra deficiencia es la falta de responsabilidad ante las autoridades civiles.

Aunque el actual Procurador General de Justicia Militar insiste en que su oficina está comprometida con la investigación de los abusos, su capacidad para hacerlo se ve considerablemente socavada por un temor generalizado al Ejército, que hace que víctimas y testigos civiles se inhiban de suministrar información a las autoridades militares. Los civiles que han presionado para que se emprendan investigaciones de presuntos abusos han padecido represalias.

Digna Ochoa, una abogada de derechos humanos que trabajó en varios de los casos documentados en este informe, recibió amenazas reiteradas de muerte después de llamar la atención sobre presuntos abusos del Ejército. Ochoa fue hallada muerta por disparos en su oficina del Distrito Federal el 19 de octubre. En una nota que dejaron a su lado se advertía a otros defensores de los derechos humanos que les pasaría lo mismo si continuaban con su trabajo.

El problema de la impunidad del Ejército fue reconocido la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le presentó al Presidente Fox un estudio en el que se documentaba la participación militar en actos generalizados de tortura y desapariciones forzadas en las décadas de los setenta y los ochenta. El Presidente Fox anunció la creación de una fiscalía especial para la investigación de los casos documentados por la CNDH.

"El procesamiento de estos abusos del pasado es un avance importante hacia el cese de la impunidad militar, pero no es suficiente," dijo Vivanco. "El gobierno tiene que abordar también las deficiencias del sistema de impartición de justicia que permitieron que estos abusos no se investigaran ni sancionaran durante tantos años."