El 22 de julio, Human Rights Watch recibió una respuesta de dos páginas a su carta del 10 de julio dirigida a Manuel Marulanda, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La respuesta de las FARC-EP no hace referencia alguna al record de este grupo. La respuesta, que incluye una serie de declaraciones falsas, se limita en cambio a impugnar los motivos de Human Rights Watch para criticar los abusos de las FARC-EP.

"El Comandante Marulanda no ha respondido ni a una sola de las preocupaciones que planteamos," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "En lugar de tomarse en serio nuestras críticas, ha emitido una arenga que desvía la atención de los problemas reales. Una vez más, invito a los dirigentes de las FARC-EP a que remedien el daño que sus fuerzas producen en Colombia garantizando que estas fuerzas respetan el derecho internacional humanitario."

En su carta de 20 páginas, Human Rights Watch describió la responsabilidad de las FARC-EP por abusos graves, que incluyen asesinatos y secuestros de civiles, tomas de rehenes, uso de niños soldados, celebración de pseudo-juicios, tratamiento cruel e inhumano de combatientes capturados, desplazamiento forzado de civiles y el empleo continuo de armas prohibidas, tales como bombas de cilindros de gas.

En la carta de Human Rights Watch se señalaba también que las FARC-EP han cometido secuestros y ejecuciones extrajudiciales en la zona de despeje cedida para su control para mantener conversaciones con el gobierno. Human Rights Watch no pidió, sin embargo, la abrogación de la Zona, como se afirma erróneamente en la respuesta de las FARC-EP. El gobierno colombiano cedió un área del tamaño de Suiza a las FARC-EP en noviembre de 1998 para avanzar las conversaciones de paz.

Human Rights Watch realizó una misión a la Zona en mayo y junio de 2000. Allí se reunió con varios comandantes de alto rango de las FARC-EP que rebatieron la aplicabilidad de los principios del derecho internacional humanitario a la conducta del grupo. En su carta a Marulanda, Human Rights Watch explicó que las normas internacionales relevantes no están sujetas a negociación, sino que tienen que ser respetadas por cada una de las partes en el conflicto armado en Colombia.

Human Rights Watch ha publicado informes sobre las condiciones de derechos humanos en Colombia desde 1982 y ha criticado los abusos cometidos por todas las partes en conflicto. Para mantener su independencia, Human Rights Watch no acepta aportaciones financieras de ningún gobierno ni de ningún organismo financiado por un gobierno.

Contrariamente a las declaraciones de las FARC-EP, Human Rights Watch ha criticado activamente los abusos del gobierno de Estados Unidos, tanto internamente como internacionalmente. Además de publicar numerosos informes sobre brutalidad policial, condiciones penitenciarias, derechos de los inmigrantes y la pena de muerte en Estados Unidos; Human Rights Watch también informó sobre los abusos cometidos por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo y sobre las violaciones del derecho de la guerra por parte de la OTAN durante el conflicto de Yugoslavia.