En una carta de veinte páginas a Manuel Marulanda, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Human Rights Watch describió la responsabilidad de las FARC-EP por abusos graves, que incluyen asesinatos y secuestros de civiles, tomas de rehenes, uso de niños soldados, celebración de pseudo-juicios, tratamiento cruel e inhumano de combatientes capturados y desplazamiento forzado de civiles. Human Rights Watch citó también el empleo continuo por parte de las FARC-EP de armas prohibidas, tales como cilindros de gas y los ataques a trabajadores e instalaciones médicas violando flagrantemente el derecho internacional humanitario.

En particular, las FARC-EP han cometido secuestros y ejecuciones extrajudiciales en la zona de despeje cedida para su control para mantener conversaciones con el gobierno. El gobierno colombiano cedió un área del tamaño de Suiza a las FARC-EP en noviembre de 1998 para avanzar las conversaciones de paz.

"Las FARC-EP tienen un horrible historial de abusos," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "El Comandante Marulanda, como jefe máximo de las FARC-EP, es responsable de tomar las medidas necesarias para adoptar y aplicar los estándares legales internacionales. Por esta razón nos dirigimos a él directamente."

Las FARC-EP, organización establecida en 1964, es el grupo rebelde de Colombia más antiguo y numeroso. Auque los cálculos difieren, se considera que las FARC-EP cuentan con más de 15.000 miembros activos por toda Colombia. Marulanda es uno de los fundadores originales y encabeza ahora la Secretaría General, el órgano de gobierno del grupo integrado por siete miembros.

Human Rights Watch realizó una misión a la Zona en mayo y junio de 2000. Allí se reunió con varios comandantes de alto rango de las FARC-EP que rebatieron la aplicabilidad de los principios del derecho internacional humanitario a la conducta del grupo. En su carta a Marulanda, Human Rights Watch explicó que las normas internacionales relevantes no están sujetas a negociación, sino que tienen que ser respetadas por cada una de las partes en el conflicto armado en Colombia.

Human Rights Watch investigó directamente y confirmó que se estaba sometiendo a habitantes de la Zona a toda una serie de abusos, entre ellos los secuestros a los que seguían presuntas ejecuciones extrajudiciales. En 2000, los grupos de derechos humanos informaron que las FARC-EP había asesinado a 496 civiles en todo el país, muchos de ellos acusados de simpatizar con paramilitares o agentes del estado. Las organizaciones de derechos humanos también recibieron información sobre abusos cometidos por las FARC-EP fuera de la Zona.

Se estima que unas 90.000 personas residen en la Zona. El gobierno colombiano no les consultó antes de ceder el control del territorio a los rebeldes; ni se establecieron mecanismos especiales para proteger sus derechos tras la retirada de la policía, las fuerzas militares y las autoridades judiciales.

En febrero de 2001, el Presidente Andrés Pastrana extendió el control de la Zona por parte de las FARC-EP por otros ocho meses. Dada la vulnerabilidad de la población civil de la Zona, Human Rights Watch considera imperativa la adopción de medidas efectivas para asegurar la protección de los derechos de todos los residentes en dicha Zona, mientras siga existiendo.

Human Rights Watch aplaudió la reciente liberación de miembros de las fuerzas armadas y la policía capturados por las FARC-EP, pero señaló que muchos habían informado de su detención en condiciones abusivas.