 Tribunal militar continua encubrimiento de atrocidad por parte del Ejército (Nueva York, 13 de febrero de 2001) — Human Rights Watch dijo hoy que la sentencia de un tribunal militar colombiano en el caso de una masacre formaba parte de un encubrimiento continuado de la complicidad del Ejército en crímenes de derechos humanos. Ayer, el tribunal condenó al General Jaime Uscátegui a 40 meses de carcel por su vínculo con la masacre de Mapiripán de 1997.
"Esto supone poco más que un mes de condena por cada colombiano asesinado en Mapiripán", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es una sentencia demasiado leve como para evitar acciones de este tipo en el futuro y no se corresponde prácticamente con la gravedad de los crímenes juzgados". Como demuestra este caso, oficiales de alto rango que organizan y colaboran en atrocidades continúan protegidos por tribunales militares. "Aunque el Presidente Pastrana ha dicho que garantizará que dichos tribunales no se encargan más de casos de derechos humanos -- dijo Vivanco -- este fallo es una prueba de que continúan protegiendo a los oficiales frente a la justicia." Se considera que grupos paramilitares, que operan con la tolerancia o el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas, son responsables de casi el 80 por ciento de todas las violaciones a los derechos humanos documentadas el año pasado en Colombia. En julio de 1997, paramilitares en colaboración con el Ejército de Colombia mataron a más de 30 residentes de Mapiripán, Meta. El Juez Leonardo Iván Cortés trató de alertar a las autoridades, entre ellas las Fuerzas Armadas, con mensajes urgentes en los que describía la escena macabra que duró cinco días y cinco noches. "Cada noche matan a grupos de cinco o seis personas indefensas, que son cruelmente y monstruosamente masacrados después de torturados -- decía el juez -- los gritos de las personas humildes se pueden oír suplicando piedad y pidiendo ayuda". El Juez Cortés se vio obligado después a salir de Colombia junto con su familia debido a las amenazas contra su vida. Docenas de personas huyeron del pueblo y se unieron a la población masiva de desplazados internos en Colombia. Las investigaciones subsiguientes de los fiscales civiles revelan que tropas a las órdenes del General Uscátegui recibieron a los paramilitares que llegaron al aeropuerto de San José del Guaviare, les ayudaron a cargar sus camiones y se aseguraron de que las tropas locales que podían haber combatido a los paramilitares estuvieran destacadas en otro lugar. El General Uscátegui ignoró los avisos sobre la masacre y un subordinado declaró que el general le había ordenado que falsificara documentos para encubrir su complicidad en los hechos. A pesar de estas pruebas, el tribunal militar sólo halló culpable al general de "prevaricato por omisión", o de no haber actuado cuando fue informado de la masacre. El mismo tribunal absolvió a Uscátegui de los cargos mucho más graves de crímenes de lesa humanidad, terrorismo, falsedad y concierto para delinquir. También fue condenado ayer el Coronel Hernán Orozco, el oficial que primero alertó al General Uscátegui de los informes sobre una masacre. Orozco cooperó posteriormente con las autoridades civiles y su testimonio ayudó a que la Fiscalía General de la Nación formulara cargos contra Uscátegui por ayudar e instigar grupos paramilitares. Sin embargo, se concedió la jurisdicción del caso a los tribunales militares, que llevan tiempo siendo la piedra angular de la impunidad en Colombia. Orozco pidió después que su caso se remitiera a un tribunal civil para su juicio, alegando que no recibiría un juicio justo. El fallo de ayer incluía una condena de 38 meses para Orozco. Su delito se definió como "no insistir en el envío de tropas", algo absurdo teniendo en cuenta que había notificado inmediatamente a Uscátegui de los informes que llegaban de Mapiripán. Human Rights Watch ha apelado reiteradamente al gobierno colombiana para que aplique sus leyes que establecen que las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad sean investigadas y juzgadas por cortes civiles, no por tribunales militares.  INFORME ANUAL 2001 — DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
SEGUNDA CERTIFICACION (12 de enero de 2001)
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