La detención y posible juicio en España del ex dictador chileno General Augusto Pinochet han reavivado las esperanzas de justicia de miles de víctimas de sus 17 brutales años de gobierno. La acción del tribunal español y la decisión del Reino Unido de iniciar los procedimientos de extradición reflejan una nueva determinación internacional - instigada por las atrocidades semejantes ocurridas en Bosnia y Ruanda y facilitada por el fin de la Guerra Fría - de poner fin a la impunidad por crímenes de lesa humanidad. El caso abrió nuevas posibilidades para el ejercicio de la jurisdicción universal, dado que el tribunal español buscaba juzgar crímenes presuntamente cometidos por un ex jefe de Estado en su propio país y contra sus propios ciudadanos. Los fallos que establecieron la legitimidad de la detención y extradición de Pinochet fueron una lección espectacular sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando se escribió este informe, los rumores crecientes del mal estado de salud de Pinochet estaban alimentando la conjetura de que las autoridades británicas pudieran ordenar su puesta en libertad por motivos humanitarios. Sea o no retornado finalmente a Chile Pinochet, las repercusiones internacionales de este caso han sido y seguirán siendo enormes.

Desde la fundación de su división de las Américas en 1981, Human Rights Watch ha estado profundamente preocupada por la situación de los derechos humanos en Chile, y ha venido examinando el desarrollo de los acontecimientos desde la salida del poder de Pinochet en 1990. Human Rights Watch intervino en defensa de la jurisdicción del tribunal español en las audiencias de apelación de Pinochet ante la Cámara de los Lores, donde señaló que las condiciones políticas y legales en Chile hacían imposible que Pinochet fuera juzgado en su propio país. Como se demuestra en este informe, un año después de la detención de Pinochet, no se han tomado medidas significativas para hacer posible el juicio de Pinochet en Chile. El ex dictador sigue gozando de inmunidad parlamentaria y de una ley de amnistía que ha sido invocada repetidamente durante los últimos años para impedir procesamientos por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el caso Pinochet ha tenido consecuencias importantes y claramente imprevistas en Chile. El caso ha contribuido a fomentar un debate más abierto sobre el legado del gobierno militar, ha estimulado la acción judicial y ha creado una mayor conciencia de las obligaciones internacionales de Chile en el ámbito de los derechos humanos. Aunque siguen en pie los obstáculos institucionales, políticos y legales al establecimiento de responsabilidad penal por los abusos del pasado, parece que Chile se ha embarcado por fin en un esfuerzo por enfrentarse a su pasado, cuyo resultado ya no es fácil de predecir.

Las predicciones formuladas por aquellos opuestos al procesamiento de Pinochet en el sentido que "reabrir viejas heridas" desestabilizaría la supuestamente frágil democracia chilena han demostrado ser una gran exageración. Salvo los momentos de tensión política inicial y ruidosas protestas callejeras cuando se pronunciaron decisiones en contra de Pinochet, sólo se han producido casos aislados de violencia. Las fuerzas armadas, ahora bajo el mando de una nueva generación, han evitado las posturas amenazantes de los años de Pinochet y han empleado generalmente mecanismos constitucionales para influir sobre las decisiones del gobierno. Las profundas divisiones políticas durante el gobierno de Pinochet tampoco han impedido comunicación entre los partidos políticos en busca de puntos de acuerdo sobre el tema de los derechos humanos. Por primera vez, las fuerzas armadas están participando en un debate abierto, patrocinado por el gobierno, con abogados de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Sin embargo todavía parece muy lejano un cambio fundamental de actitud del ejército sobre asuntos sustantivos. La gran barrera - un reconocimiento verdadero e incondicional por parte de los altos cargos militares de que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet formaron parte de una política criminal del gobierno - todavía tiene que superarse.

El acontecimiento más alentador se ha producido en los tribunales, donde en el transcurso del año se ha inculpado a dos generales, entre ellos un ex miembro de la junta militar, y al menos 30 oficiales y ex oficiales del ejército y la fuerza aérea por crímenes graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos, tortura y secuestro. La Corte Suprema ha autorizado los procesamientos a pesar de una ley de amnistía vigente desde 1978, debido a una nueva doctrina que permite en teoría la condena de los responsables de desapariciones. Sin embargo, no mejora las posibilidades de justicia para otros crímenes, tales comoejecuciones extrajudiciales y tortura. Se han producido avances notables en la investigación de dos horribles crímenes de derechos humanos cometidos en los ochenta y no cubiertos por la ley de amnistía.

La crisis Pinochet volvió a concentrar la atención sobre las disposiciones no democráticas de la Constitución de Chile, en especial acerca de la necesidad de abolir los puestos por designación en el Senado, la cámara alta del Congreso chileno. En mayo, el Presidente Eduardo Frei anunció una propuesta para permitir que el Poder Ejecutivo convocara un referéndum sobre el cambio constitucional. La salvaguarda de la independencia judicial y la prioridad del cambio constitucional deben ser ahora objetivos clave del gobierno.

La detención de un dictador

El 16 de octubre de 1998, agentes de la Policía Metropolitana de Londres, actuando a petición del magistrado español Baltasar Garzón, detuvieron al ex dictador chileno General Augusto Pinochet, cuando se estaba recuperando de una operación de espalda en una clínica privada londinense. Pinochet, que ahora tiene 83 años y el cargo de senador vitalicio, lideró al ejército chileno en un golpe militar violento contra el Presidente electo Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, se proclamó a sí mismo Presidente y se mantuvo en el poder hasta 1990. Encabezó un régimen militar que desmanteló las antiguas instituciones democráticas de Chile, privatizó su economía y trató de erradicar los partidos y organizaciones opositores en un reino del terror que resultó en la pérdida de 3.000 vidas, la tortura de muchas decenas de miles de personas y el exilio forzado de más de un cuarto de millón de chilenos. Cuando se escribió este informe, Pinochet seguía bajo arresto domiciliario en Inglaterra, sometido a procedimientos de extradición que podrían llevarle, en cuestión de meses, ante un tribunal de Madrid acusado de tortura y conspiración para cometer tortura.

La Cámara de los Lores, el más alto tribunal británico, concluyó en dos decisiones sucesivas que la detención de Pinochet era legítima y que no gozaba de inmunidad como ex jefe de Estado frente a la extradición por estos crímenes. La propia Cámara de los Lores anuló su primer fallo con una decisión sin precedentes en la que se aceptaba que el tribunal podría haber comprometido su apariencia de imparcialidad debido a la asociación de uno de los jueces lores con Amnistía Internacional, organización que intervino en la audiencia. En su segunda decisión, la Cámara de los Lores basó su dictamen en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Chile, España y el Reino Unido habían ratificado e incorporado a sus legislaciones nacionales a finales de los ochenta.

Estas decisiones históricas evidenciaban un creciente consenso en la comunidad internacional de que los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales, limitando así la inmunidad de ex jefes de Estado e incluso las prerrogativas de la soberanía nacional. Se sumaron a una lista impresionante de precedentes históricos que se iniciaron con los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, que establecieron el principio de que no debe existir inmunidad para los responsables de atrocidades, independientemente de quiénes sean y dónde se cometieron los crímenes. Este principio fue consagrado en la Resolución 95[1] de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1946), en los estatutos para el establecimiento de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda y en el tratado de la nueva Corte Penal Internacional (CPI) adoptado en julio de 1998 en Roma. Sin embargo, muy pocos Estados han demostrado el valor de poner en práctica estos principios. El dramatismo de los acontecimientos de Londres se vio aumentado por la inusual notoriedad que rodeaba a Pinochet, la brutalidad de su régimen y su invulnerabilidad, hasta ahora, a la acción de la justicia.

La investigación española de los crímenes de Pinochet se inició con una querella criminal presentada a título privado en julio de 1996 por la Asociación de Fiscales Progresistas por el asesinato o desaparición en Chile de siete ciudadanos españoles. A partir de esta primera acusación limitada, los cargos se ampliaron a un auto de procesamiento masivo por el genocidio, el asesinato y la tortura de miles de ciudadanos chilenos, tanto dentro como fuera de las fronteras de Chile, cometidos durante todo el período del gobierno de Pinochet. Sujeto a las exigencias de la ley de extradición británica para los casos de hábeas corpus ante la Cámara de los Lores, el caso se restringió únicamente al crimen de tortura. Es más, los jueces lores limitaron al último año del gobierno de Pinochet el plazo durante el cual eran admisibles los casos de tortura, después de diciembre de 1988, cuando las disposiciones de la Convención de N.U. Contra la Tortura estaban en vigor en los tres países. Sin embargo, elhecho de que los jueces lores aceptaran la "conspiración para torturar" como delito sujeto a extradición significa que los procedimientos se concentraran probablemente, no sólo en los casos posteriores a 1988, sino también en el presunto papel de Pinochet como instigador, autor supervisor y defensor de una política de tortura a opositores durante todo el régimen militar.

Tras la detención, Suiza, Bélgica y Francia se sumaron a la petición española de extradición de Pinochet por crímenes cometidos contra sus ciudadanos, y Alemania y Suecia abrieron investigaciones. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia reactivó su investigación acerca del grado de participación de Pinochet en el asesinato con carro bomba, ocurrido en 1976 en Washington, del ex ministro Allende Orlando Letelier del Solar y de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, cuyos responsables - agentes de la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y exiliados cubanos contratados en Estados Unidos - han sido juzgados y condenados en los EE.UU.. y Chile. El gobierno chileno ha dicho que, si Estados Unidos solicite la extradición de Pinochet por este crimen, no cuestionará la jurisdicción del tribunal estadounidense como en el caso del tribunal español, dado que el crimen fue cometido en la capital de Estados Unidos.

Disputa sobre territorialidad

Los acontecimientos de Londres plantearon un desafío grave e inesperado a la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centro-izquierda encabezada actualmente por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que ha ocupado el poder desde la salida de Pinochet en marzo de 1990. Tras la condena y encarcelamiento en 1995 del ex jefe de la DINA, el General Manuel Contreras y la posterior ruptura de las negociaciones políticas sobre el tema de los juicios de derechos humanos, la presencia de los asuntos de derechos humanos fue mínima en la agenda del gobierno de Frei.

El gobierno, constreñido por la presión combinada del ejército y la derecha política, ha rechazado constantemente la acción judicial contra Pinochet. Su inmunidad era una de las reglas implícitas de la transición que los dirigentes de la Concertación negociaron con las fuerzas armadas después que Pinochet perdió un plebiscito crucial en 1988. Diez años más tarde, al dejar su puesto de jefe de las fuerzas armadas en marzo de 1998, Pinochet asumió el puesto de senador vitalicio, reservado para los presidentes que han ocupado el cargo durante seis años. Esto le otorgó inmunidad parlamentaria frente al proceso penal. En el artículo 58 de la Constitución se requiere que la Corte Suprema autorice el procesamiento de un miembro del Congreso antes de iniciar los procedimientos judiciales, salvo para los crímenes detectados en el acto. Durante años, ha sido inconcebible que un tribunal aún dominado por jueces nombrados por Pinochet pudiera votar a favor de su procesamiento por crímenes de derechos humanos. Aunque la mayoría de estos jueces ha sido sustituida por magistrados designados democráticamente, ninguno de ellos ha solicitado todavía que se retire la inmunidad de Pinochet, y las posibilidades de un juicio no son mayores que antes. Ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo han demostrado la voluntad política de exigir responsabilidades a Pinochet o sus familiares.

El gobierno chileno se ha ganado el respeto en los foros internacionales por sus credenciales democráticas y sus políticas en defensa de los derechos humanos a nivel internacional. El 11 de septiembre de 1998, el día del 25º aniversario del golpe militar y apenas un mes antes de la detención de Pinochet en Londres, Chile firmó el Tratado de Roma para el establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI). Las autoridades chilenas han declarado que la propia experiencia nacional contribuyó al entusiasmo con que su gobierno se adhirió al proyecto de la CPI. Con esta firma, Chile se comprometió a apoyar los esfuerzos para el establecimiento del mecanismo internacional diseñado para juzgar a jefes de Estado y funcionarios gubernamentales por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, cuando dichos juicios no puedan celebrarse en el ámbito nacional. El Congreso chileno está debatiendo un proyecto de ley para la ratificación del Tratado.

Sin embargo, el gobierno ha marcado una frontera artificial entre la justicia internacional impartida por un tribunal reconocido internacionalmente como la CPI y la justicia administrada por un tribunal nacional en ejercicio de la competencia extraterritorial. Mantiene esta objeción a pesar de que la jurisdicción extraterritorial está contemplada en el derecho internacional, y de manera expresa en la Convención de N.U. Contra la Tortura,ratificada por el gobierno de Pinochet en 1988. Desde el comienzo, Frei y sus ministros declararon públicamente su oposición a los procedimientos españoles y se negaron a cooperar con la investigación de Garzón. Tras haber exigido inicialmente que el Reino Unido respetara la inmunidad diplomática de Pinochet como "enviado especial" del Estado chileno, el Presidente Frei sostuvo que la detención y posible juicio en España del ex dictador constituían una intromisión ilegítima en la competencia de los tribunales chilenos. Las fuerzas armadas chilenas ejercieron presión en una serie de reuniones urgentes del Consejo de Seguridad Nacional, en las que los cuatro comandantes en jefe presionaron al gobierno para que tomara medidas más extremas.

Aunque Frei se resistió a los llamamientos del ejército y la derecha de cortar las relaciones diplomáticas con el Reino Unido y España, su gobierno organizó una intensa campaña diplomática para la puesta en libertad de Pinochet y tomó represalias simbólicas contra ambos países. El gobierno intervino en defensa de la jurisdicción chilena en la audiencia de marzo de 1999 ante la Cámara de los Lores. Movió sus influencias para lograr el apoyo a su posición entre sus socios del bloque comercial de Mercosur, en el Vaticano y en las Naciones Unidas. Instó a Gran Bretaña a que pusiera en libertad al ex dictador por razones humanitarias, debido a su edad y su presunta mala salud. Presionó al gobierno del Presidente español José María Aznar para que aceptara un arbitraje de la disputa entre los dos países, e invocó para ello un mecanismo contemplado en la Convención de N.U. Contra la Tortura. En septiembre de 1999, Chile llamó a su embajador en protesta cuando el Ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes, rechazó la solicitud de Chile, alegando correctamente que su gobierno no podía intervenir en una materia que estaba sujeta a una decisión judicial. A pesar de las enconadas quejas de los simpatizantes de Pinochet que afirmaban que el gobierno podía haber hecho más para conseguir su retorno, la persistencia del gobierno ha sido sorprendente, especialmente teniendo en cuenta que estas iniciativas diplomáticas fueron encabezadas por dos ministros de relaciones exteriores sucesivos, ambos socialistas y opositores a Pinochet.

En respuesta a los críticos internos que cuestionaron esta oleada de actividad diplomática en favor del ex dictador, los funcionarios del gobierno de Frei afirmaron que el gobierno de Chile no estaba protegiendo a la persona de Pinochet sino defendiendo un principio de derecho internacional, el de la igualdad entre Estados y la autonomía de sus sistemas jurídicos. Sin embargo, la verdadera elección que se presentaba no era entre dos jurisdicciones en conflicto sino entre un juicio en Europa o ningún juicio. Human Rights Watch argumentó en un detallado alegato jurídico ante la Cámara de los Lores que, a pesar de las garantías gubernamentales, un juicio de Pinochet en Chile era prácticamente imposible en las actuales condiciones políticas y legales. En abril de 1999, al anunciar su decisión de proceder con la audiencia de extradición, el Secretario del Interior Jack Straw aclaró que los tribunales chilenos no habían presentado una demanda oficial de jurisdicción ni pedido a Gran Bretaña la extradición de Pinochet.

Chile Irreconciliado

Chile sigue estando profundamente dividido por su pasado violento, personificado de muchas maneras en la figura del mismo Pinochet. Cuando los manifestantes rivales se echaron a las calles tras la detención de Pinochet y la primera decisión de la Cámara de los Lores, muchos observadores consideraron que la acción británica ponía en peligro la transición y hasta la estabilidad democrática chilena al reabrir viejas heridas que el tiempo había empezado a sanar. De hecho, los acontecimientos reactivaron enconadas divisiones que siguen estando profundamente grabadas bajo la apariencia de tranquilidad del país.

A pesar de su atroz historial de derechos humanos, el régimen de Pinochet mantuvo hasta el final el apoyo de cerca de 40 por ciento del electorado (como se vio en el plebiscito y en las elecciones de 1989 que pusieron fin al régimen, ambas consideradas imparciales en general) y la gratitud y lealtad duraderas de la mayoría de la derecha política y la comunidad empresarial. Estos sectores creían que sólo una intervención militar pudo rescatar al país del comunismo, el caos y la guerra civil. En su opinión, el tan vilipendiado Pinochet había llevado a cabo una cura beneficiosa del sistema político chileno y revolucionado su economía, llevando a un país atrasado al mundo moderno. Los políticos y empresarios que se beneficiaron de la apertura política y del proceso de privatizaciones en los últimos años de gobierno de Pinochet defendieron su régimen incondicionalmente yalegaron que las violaciones a los derechos humanos fueron hechos aislados cometidos por ambos bandos y era mejor olvidarlas por el interés de las generaciones futuras. Los sectores más recalcitrantes han llegado al extremo de reivindicar y justificar los abusos.

Esta opinión sobre Pinochet difiere radicalmente de la mayoría de la nueva generación política de Europa, que está experimentado un nuevo clima de posguerra fría en el que el valor de los derechos humanos está siendo aceptado cada vez más en el debate político. Durante la dictadura, sólo una minoría acosada en Chile era consciente de las atrocidades cometidas por los agentes del gobierno durante los setenta y los ochenta. La negativa de la mayoría de la oposición conservadora chilena a aceptar los hechos tan bien conocidos en el exterior, especialmente en los países que habían recibido a miles de refugiados del régimen de Pinochet, fue sólo levemente mitigada con la publicación en 1991 del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como la Comisión Rettig). En este informe de 2.000 páginas de la comisión y en el informe de seguimiento publicado en 1996 por su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se establecía un registro oficial de 3.197 víctimas que habían perdido sus vidas como fruto de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, entre ellas 106 que fueron asesinadas por grupos armados de oposición. Los dos organismos no contaban con un mandato para investigar o cuantificar los casos de tortura u otros abusos, a parte de los asesinatos. Aunque la Comisión Rettig estuvo políticamente equilibrada y alcanzó sus conclusiones por consenso, todas las ramas de las fuerzas armadas, y en especial el ejército, rechazaron vehementemente su análisis del alcance, las causas y la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos. Sus aliados en el Congreso, muchos de los cuales habían participado en el gobierno de Pinochet, siguieron considerando al derrocado gobierno del Presidente Salvador Allende responsable del golpe y de sus trágicas consecuencias. Consideraron los derechos humanos como un emblema de sus adversarios políticos tradicionales, los partidos de centro izquierda que ahora conforman la coalición en el gobierno. Muchos pensaron que los intentos de hacer justicia eran simplemente un instrumento para la venganza política. La debilidad de la Concertación en el Senado, dominado por los simpatizantes del régimen militar gracias a la presencia de senadores no electos, hizo imposible la implementación de muchas de las recomendaciones más importantes para la protección de los derechos humanos presentadas por la Comisión Rettig.

Como resultado de la detención de Pinochet, ahora se ha vuelto evidente por primera vez en Chile que esta postura recalcitrante no sintoniza en absoluto con la opinión mundial. Este año ha presenciado el primer debate relativamente abierto en los medios de comunicación, desde los primeros años del gobierno de Aylwin (1990-1994), sobre el legado de derechos humanos del gobierno militar. Tras años de negligencia, el derecho de los familiares a conocer el paradero de las 1.158 personas "desaparecidas" por agentes de Pinochet, sin ninguna información ni explicación, se considera ahora ampliamente el asunto moral más importante al que se enfrenta el país. Por primera vez se ha extendido entre todos los políticos la idea de que los responsables deben una explicación a las víctimas y el éxito de la transición política chilena depende de que se ofrezcan respuestas. Algunos políticos de la derecha conservadora están dispuestos ahora a considerar que las violaciones a los derechos humanos fueron el resultado de órdenes gubernamentales, una posibilidad difícil de imaginar hace un año.

Mientras Chile se acerca a las elecciones presidenciales de diciembre de 1999, el clima político no confirma las apocalípticas predicciones de los contrarios a la detención de Pinochet que anunciaron el advenimiento del caos, la inestabilidad y la violencia, desbaratando así el avance de Chile hacia la democracia plena. Con el inicio de la campaña electoral, los políticos de ambos bandos de las claramente divididas izquierda y derecha de Chile quieren evitar la sombra de Pinochet y el asunto de los derechos humanos. Este interés mutuo en ocupar el terreno del centro se observó en las primeras rondas de conversaciones privadas celebradas por partidos de todo el espectro político para explorar soluciones a las demandas de justicia, medidas que se esperaban serían adoptadas antes de que el candidato vencedor asuma su cargo en marzo del 2000. Es más, aunque las divisiones ideológicas históricas siguen teniendo gran importancia en la vida política chilena, la mayoría de la opinión política se muestra indiferente a ellas. Las encuestas de opinión en momentos trascendentales de la crisis Pinochet mostraron que más de dos tercios de los encuestados no pensaba que la crisisafectaba sus vidas personales ni que la democracia estaba en peligro. Una clara mayoría quería que Pinochet se enfrentara a la justicia y querían que esto ocurriera en Chile.

Existen indicios dentro de las fuerzas armadas que sugieren diferencias de opinión entre los generales sobre que acción debe tomarse. Las fuerzas armadas chilenas, en especial el ejército, constituyen una especie de casta y son instituciones altamente disciplinadas, y la disidencia interna suele ser rara vez perceptible desde el exterior. Algunos observadores consideran que la detención de Pinochet ha hecho más difícil que los actuales jefes militares sigan defendiendo incondicionalmente las acciones de su gobierno. Bajo el mando de Pinochet hasta marzo de 1998, el ejército negó rotundamente cualquier responsabilidad de todo lo que no fueran abusos aislados y empleó sus facultades para bloquear eficazmente las investigaciones judiciales de derechos humanos. Los actuales líderes militares chilenos, encabezados por el Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Izurieta, proceden de otra generación y su compromiso con la credibilidad de sus instituciones como cuerpos apolíticos y profesionales les hace más sensibles a la opinión internacional. Frente a esta tendencia se ha de tener en cuenta la huella indeleble dejada por Pinochet en el ejército chileno, y la constante influencia en el ejército de los generales, la mayoría de ellos retirados, que encabezaron la represión.

Entre los que han hecho declaraciones en favor de una explicación al país de los hechos que rodearon el golpe y las consiguientes violaciones a los derechos humanos se encuentra el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Arancibia. Es uno de los oficiales militares que se han reunido con dirigentes de partidos políticos y abogados de derechos humanos en los últimos meses con el fin de explorar propuestas para obtener información sobre los desaparecidos. La fuerza aérea ha adoptado la medida sin precedentes de abstenerse de impugnar la jurisdicción en un juicio de derechos humanos en el que están implicados varios de sus ex oficiales. Sin embargo, la posición declarada de las fuerzas armadas no ha cambiado en lo esencial. El General Izurieta continua negando la responsabilidad institucional del ejército por las violaciones a los derechos humanos y ha declarado reiteradamente que el ejército no posee información sobre el paradero de los desaparecidos. Cuando se escribía este informe, el Almirante Arancibia había negado en primera instancia que la armada hubiera cometido tortura, y al día siguiente se desdijo afirmando que se habían producido abusos pero fueron cometidos sin consentimiento oficial por oficiales sometidos a circunstancias extremas.

El tiempo dilucidará si el compromiso de reconciliación profesado por el ejército se traducirá en un reconocimiento honesto de su responsabilidad, o se convertirá simplemente en una nueva evasiva, como lamentablemente sugieren estas declaraciones. El simple hecho de que se plantee esta pregunta, a pesar de lo muy incierto de su respuesta, es una consecuencia positiva de la atención internacional puesta en el caso Pinochet.